El diputado del Común interviene tras las quejas de familias del centro de personas con discapacidad de Telde

El diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, se ha interesado por las quejas presentadas por tres familias de personas usuarias del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) de San José de Las Longueras de Telde, a las que ha citado para una reunión celebrada este viernes. Yanes les anunció en ese encuentro que desde su institución se va iniciar la elaboración de un informe extraordinario sobre la discapacidad en toda su amplitud, “desde la accesibilidad de los espacios públicos, los centros de personas discapacitadas, las ayudas, los reconocimientos de grados de discapacidad”, informó, además de invitar a los familiares a entregar la documentación de la que dispongan y hacer sus aportaciones.

Yanes llegó dispuesto a escuchar las demandas de los familiares, a los que informó de su forma de proceder. “Nosotros ante los graves incumplimientos que se nos trasladan nunca hacemos una valoración previa. Lo que hacemos es ver la documentación, preguntamos a la administración competente y nos apoyamos en cuatro posibilidades. Primera, no hay vulneración alguna y se archiva, que no parece el caso. Segunda, aunque no haya vulneración, podemos enviar sugerencias a la administración, en este caso, al Cabildo de Gran Canaria, tercera, hay vulneración de derechos y enviamos una recomendación que debe ser cumplida o justificar por qué no se cumple, y cuarta, que no descarto, enviarlo a Fiscalía”.

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Rafael Yanes subrayó que “cuando un servicio público sensible, como es un centro de personas discapacitadas, está gestionado por una empresa privada siempre preguntamos por el servicio de inspección. Eso se debe a que esa es la única herramienta eficaz que tiene la administración pública para garantizar una adecuada prestación de servicios, en este caso para garantizar los derechos de las personas usuarias”.

Mejora de los servicios

Por su parte, Nereida Hernández Rodríguez, quien actuó como portavoz de las familias afectadas del centro de San José de Las Longueras de Telde, explicó que fue la propia Diputación del Común quien se interesó por sus demandas. “Lo que buscamos es que estas reclamaciones que hacemos tengan fin en el centro”, y añadió que “ya hemos conseguido que sigan dando agua mineral embotellada a nuestros hijos e hijas, aunque siguen insistiendo que el agua corriente de los grifos es potable y se apoyan en sus analíticas, y luego la mejora de la calidad de los servicios”.

Nereida Hernández, quien tiene en el centro una hija con una discapacidad de un 99 por ciento y está en el CADI de Las Longueras desde 2011, relató su experiencia personal en el centro. 

 Explica que esta campaña comenzó cuando se enteraron que les iban a quitar el agua embotellada a los niños para darles agua del grifo. “Con todas las incidencias desde 2011 hasta ahora nos dicen que le van a quitar eso fue la gota que colmó el vaso”. 

La intervención del diputado del Común ha sido rápida, pues ha convocado la reunión solo unos días después de que los hechos acaecidos en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) de Telde y El Tablero salieran a la luz. 

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, también informó que han comenzado a recabar información y datos para realizar una investigación sobre las quejas de los familiares sobre diferentes aspectos del centro, y en la que destacaba que también tendría que conocer cuál es la versión del centro.

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Sobre estas reclamaciones, también el gerente del Instituto Insular de Atención Socio Sanitaria (IASS), Ricardo Redondas, tras conocer las demandas instó a la empresa Grupo 5, adjudicataria del servicio, a cumplir estrictamente el contrato suscrito y que tiene validez hasta el próximo mes de octubre de 2024. Según las palabras de Redondas, los hechos puestos en conocimiento por estas familias tienen que ver “con el funcionamiento y el día a día que lleva la empresa, que es responsable de la comida, la lavandería y de que las cosas estén en perfecto estado de orden e higiene”. 

La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, quien ofrece plena colaboración a la Fiscalía, manifestó que no constan denuncias oficiales ni tampoco han sido comunicadas al Cabildo por las vías oficiales, ni a través de alguna queja ni en petición de alguna reunión con los responsables del centro. Mena sí afirmó que tiene constancia del presunto incidente entre dos personas usuarias acaecido en el centro del Tablero, “y que está recogido en todos los informes realizados por el personal, como debe ser el cauce habitual”.

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