El Gobierno canario se arroga plenas competencias en materia urbanística y territorial para reordenar las zonas turísticas de las Islas, incluso por encima de las facultades propias de los cabildos y ayuntamientos. Los planes de modernización del Ejecutivo se convierten en instrumentos que la Ley de Renovación y Modernización Turística pone a la misma altura que los planes generales de los municipios y el resto del planeamiento. Esta situación ha provocado malestar en las corporaciones insulares, ya que se invaden las competencias recogidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
La nueva ley turística establece que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad diseñados por la empresa pública Gesplan por encargo del Ejecutivo complementan y, incluso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria.
Asimismo, cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan o no se encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 los planes de modernización podrán incluir determinaciones que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.
De esta forma, la Comunidad Autónoma asume la responsabilidad de la rehabilitación de las zonas turísticas de las Islas casi en exclusiva, ya que pocos ayuntamientos turísticos tiene su planeamiento adaptado a las Directrices. Un ejemplo elocuente es el de los dos ayuntamientos turísticos de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que no sólo no cuentan con planeamiento sino que es el Gobierno el que está elaborando los planes generales de los dos municipios. La Ley de las Administraciones Públicas de Canarias prevé que los cabildos se pueden subrogar las competencias municipales sobre el planeamiento urbanístico.
El Ejecutivo asume también la ordenación de las zonas turísticas y residenciales por encima del criterio que pueda establecer cualquier otro planeamiento. De esta forma, el planeamiento urbanístico o los planes de modernización dividirán en recintos de intervención el suelo turístico donde coexistan usos turísticos y residenciales, bien por residencialización de establecimientos turísticos, bien porque el planeamiento anterior permitía indistintamente ambos usos, con objeto de encauzar su especialización en áreas de uso turístico exclusivo, de uso residencial exclusivo, o de compatibilidad.
Para consolidar el dominio de la Comunidad Autónoma sobre los planes urbanísticos de las zonas turísticas, la nueva ley modifica el artículo 31 de Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias de 2000. De esta forma, a partir de la aprobación de la nueva norma la ordenación urbanística en el ámbito municipal se desarrollará a través de los planes generales de ordenación, los planes de modernización (se añade a la ley) y los planes parciales y especiales.
Críticas
Aunque con algunos matices en sus intervenciones, los presidentes de los cabildos insulares denunciaron el pasado mes en el Parlamento el "intervencionismo" del Gobierno canario en el proyecto de ley. En la Comisión de Cabildos los más contundentes en sus argumentos fueron José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y su homólogo tinerfeño, Ricardo Melchior. Ambos dirigentes coincidieron en que el proyecto de ley da "excesivos" poderes al Gobierno regional y pidieron "valentía" para hacer una norma sencilla. Las corporaciones insulares exigen una mayor participación de las corporaciones locales en el marco de una conciliación entre los planeamientos insulares y los planes de modernización.
A la denuncia de las corporaciones insulares se sumaron también, en parecidos términos, los grupos parlamentarios socialista y mixto, respectivamente. El PSOE pide "más relevancia" de los cabildos, al tiempo que denuncia que los ayuntamientos quedan "absolutamente desdibujados", mientras que Nueva Canarias expresa sus dudas sobre la estructura competencial de la norma.
Una vez que la ley ha sido tomada en consideración por la Cámara y se ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP, los distintos grupos han anunciado numerosas enmiendas parciales al presupuesto. Los cabildos insulares presentarán sugerencias a los grupos para intentar que el texto no mantenga el dominio casi absoluto del Gobierno sobre la planificación urbanística y territorial de las principales zonas turísticas del Archipiélago.
