El Ayuntamiento de Telde abonó 1,87 millones de euros a un particular por la expropiación de unos terrenos en San Francisco que no eran íntegramente de su propiedad. El dato lo dio a conocer ayer en el pleno el concejal de Patrimonio Histórico y Municipal, Ildefonso Jiménez, quien alertó de que el consistorio se percató de esta irregularidad cuando intentó escriturar a su nombre las seis fincas anexas que supuestamente había adquirido en la trasera del centro de especialidades médicas de San Juan, donde el Plan General contempla desde 2002 un parque urbano.

El caso en sí nace en 2006, cuando se inicia un litigio entre un vecino, Fernando Naranjo, y el consistorio. Al no haberse desarrollado el sistema general contemplado en la normativa urbanística y no producirse acuerdo alguno entre ambas partes, el particular consigue que la Junta Provincial de Precios tase en 1,426 millones de euros el valor de los 5.307 metros cuadrados afectados por la operación. Posteriormente, una sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas obliga al pago de esta cantidad y de otros 453.475 euros en concepto de intereses legales y de demora, abonos que se producen en septiembre de 2009 y enero de 2010.

El problema surge cuando el consistorio requiere al particular para que se persone con la escritura, el DNI y otros documentos en sus dependencias con vistas a cambiar la titularidad de los solares. "Se le llamó por distintas vías y de forma reiterada, hasta cinco veces, y nunca apareció entre septiembre y diciembre últimos", apuntó Jiménez en el pleno, "por lo que terminamos dirigiéndonos al Registro de la Propiedad para pedir una nota simple y fue ahí donde detectamos que este señor sólo posee una de las seis fincas y un tercio de otras dos, mientras que las otras tres son de terceros".

El actual grupo de gobierno (NC, PSOE y CCN) no quiso hacer leña del árbol caído ni culpar al pacto anterior, pero todo apunta a que la irregularidad podría haber tenido su origen en una presunta falta de control del consistorio durante el proceso llevado a cabo entre 2006 y 2007 en las distintas instancias. El consistorio aspira ahora a recuperar el dinero para repartirlo entre los propietarios correctos.