Rafael Fernández : «Hay que legislar la vivienda vacacional desde la óptica turística y urbanística»

El INE cifra en 42.651 las viviendas vacacionales en Canarias, un 4,10% del total del parque inmobiliario de las islas. ¿Cómo ve estos datos?

Y en cada una de ellas hay entre cuatro y seis personas, así que nos ponemos por encima de los 200.000 turistas. Necesitamos afrontar esta cuestión desde todos los puntos de vista: primero, la comunidad de propietarios debe tener algo que decir sobre su funcionamiento interno; a continuación el municipio es el que debe determinar las zonas donde la vivienda vacacional es posible o no y cómo en esas zonas se pueden practicar unos usos u otros. En esto parece que hay unificación de criterios en el sentido de que en las primeras plantas haya una entrada a la vivienda vacacional independiente del resto del edificio para buscar un equilibrio. Y luego están las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la responsabilidad. Pero no pueden legislar solo desde un punto de vista turístico, sino desde una óptica turística y urbanística, es decir, no puedes aprobar un Plan General sin tener en cuenta las directrices de ordenación turística. La Comunidad Autónoma aprueba los planes urbanísticos, pero debe tener el ojo puesto en la ordenación turística; deben ir de la mano.  

A su juicio, ¿qué problemas plantea este modelo?

Las viviendas vacacionales nacen porque existe una democratización del turismo y la gente puede viajar más barato. Pero, ¿por qué se producen? Porque acude mucha gente a un destino. Y cuando eso sucede el destino pierde su idiosincrasia, esto es, la belleza por la que atrae el lugar, los servicios que presta, la comodidad con que se está, la posibilidad de salir a cenar o escuchar un buen concierto. Todo esto se diluye cuando el destino está aglomerado. Eso es un problema y en consecuencia hay que ordenarlo de alguna forma porque si no ordenamos desde el punto de vista urbanístico y turístico una determinada zona, esa área dejará de ser, por ejemplo, las playas de Maspalomas para convertirse en un parque temático al que va todo el mundo. Y eso es perder la identidad y la esencia. Esa es la contradicción. 

¿Y cómo se arregla todo esto?

Este país necesita tranquilizarse y afrontar los grandes problemas que tiene, y este es uno de ellos. Es importante decir que con las viviendas turísticas se parte mucho la renta y la riqueza llega a algunos sectores a los que antes no llegaba, así que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista social y económico es una especie de economía circular donde el reparto se produce de una forma evidente. Pero obviamente hace falta una colaboración entre todas las administraciones públicas para regular todo esto. 

Canarias va a por una norma autonómica el próximo año. ¿Cómo lo ve? ¿Haría alguna aportación?

Me parece muy razonable que el Gobierno impulse una ley que regule la vivienda vacacional. No obstante, yo no voy a decirle a un político lo que tiene o no tiene que hacer. Lo único que digo es que evidentemente esto debe estar regulado porque es una cuestión fundamental en Canarias que no puede estar permanentemente en conflicto. Hay que pacificarlo. Pero la situación es positiva porque todo el mundo se ha dado cuenta de lo que la vivienda vacacional supone y los riesgos que esto implica. 

La falta de vivienda residencial se podría resolver destinando a casas los suelos dotacionales

Pacificarlo. ¿Cabe una moratoria?

Es una de las técnicas posibles, como ya se hizo en relación con las plazas hoteleras. Pero ahora resulta que las plazas no hoteleras adelantan por la derecha a aquella moratoria.

¿Cree que afecta de alguna forma el auge de la vivienda vacacional a la imagen de un destino turístico?

Una vivienda vacacional conlleva algún tipo de compromiso. Tú puedes tener una casa turística, pero debes tener en cuenta el entorno en el que está situada y cumplir con los deberes fiscales. Si la vivienda vacacional se convierte en un mecanismo de dinero no declarado ante la Hacienda pública, mal vamos. Es una actividad económica que debe someterse al fisco y a los aspectos ambientales, de sostenibilidad y seguridad. Ahora bien, entenderlo como una especie de cosa paralela no exactamente regulada, que no está permitida, pero tampoco prohibida, eso es precisamente lo que no es razonable. 

¿Cómo hacemos un equilibro con el derecho a la vivienda?

Es responsabilidad del Estado establecer unas normas básicas. El derecho a la casa residencial no es un derecho que se vea afectado por este tipo de viviendas. Hay que resolver esa situación, sí, pero de una forma paralela y sin considerar que la vivienda vacacional es un enemigo del derecho a la residencial. Y hay soluciones; lejos de querer hacer propaganda de nadie, la última modificación que se ha realizado de la Ley del Suelo de Madrid ha incluido la posibilidad de que en los suelos dotacionales, ese 10% que se cede a la Administración cuando se desarrolla una promoción urbanística, se puedan construir viviendas de protección oficial. Eso supondrá un tercio del suelo residencial. Eso parece una salida para resolver el problema y es perfectamente compatible con la vivienda vacacional. 

¿Sería aplicable a Canarias?

No doy lecciones de política a nadie.

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