"El procesado Fernando Torres Baena, valiéndose de la ascendencia espiritual y emotiva que su condición de maestro en el mundo de las artes marciales supone con relación a los que en cada etapa de su vida han sido sus alumnos, ha venido desarrollando, desde el inicio de su carrera deportiva y docente, un conglomerado de técnicas psicológicas de manipulación tendentes a obtener la sumisión a todos los niveles de aquellos menores hacia los que ha sentido algún tipo de inclinación o apetencia sexual". Así comienza el fiscal Pedro Gimeno Moreno, que pide 303 años de cárcel para Torres Baena, el escrito de conclusiones provisionales del denominado caso kárate, una secta que presuntamente abusó de decenas de menores durante años al amparo de la práctica de artes marciales en un gimnasio de su propiedad, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gimeno califica al líder de la secta de "depredador sexual" y le acusa de un total de 50 delitos diferentes: 36 de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y otro más por tenencia ilícita de armas, ya que en el chalé de Agüimes donde supuestamente cometía buena parte de los abusos apareció una pistola para la que no tenía licencia de armas.
El fiscal solicita además una condena de 154 años de cárcel para María José González Peña, compañera sentimental de Torres Baena y monitora del gimnasio, así como 146 años más para Ivonne González Herrera, también monitora de kárate, y para el igualmente instructor Juan Luis Benítez Cárdenes pide 18 años de cárcel. Torres Baena y las dos mujeres se encuentran en prisión desde febrero de 2010, momento en que salta el caso tras la denuncia de una de las víctimas, mientras que el cuarto acusado está en libertad bajo fianza a la espera del juicio.
El fiscal explica en su informe que los cuatro imputados formaban una "auténtica red de captación -cual tela de araña- de menores dedicados al mundo del kárate", que eran derivados desde los centros deportivos en los que los acusados María José González Peña, Ivonne González Herrera y Juan Luis Benítez Cárdenes impartían clases, hacia el Gimnasio Torres Baena, propiedad del principal imputado y "héroe o Dios deportivo y espiritual de todo el colectivo". La red presuntamente abusó de los menores durante décadas en la sede del propio gimnasio, en la calle Juan Carló de la capital grancanaria, y en un chalé propiedad también de Torres Baena en Playa de Vargas (Agüimes), donde se realizaban "concentraciones deportivas" con los menores los fines de semana.
El relato escalofriante del ministerio público señala que "mediante técnicas de manipulación psicológica el procesado ha logrado que los alumnos se doblegaran a sus requerimientos en materia sexual, haciendo que se plegaran a sus deseos lúbricos, en los que cabía no sólo cualquier tipo de práctica sexual, sino que era indiferente su posición tanto como sujeto activo o pasivo y sin importarle el género masculino o femenino de la víctima propiciatoria, ni mucho menos la edad de ésta".
Torres Baena, según el fiscal, manejaba a la perfección técnicas de manipulación mental hacia los menores. "Solía incidir en la edad, por cuanto sus víctimas propiciatorias eran más fácilmente maleables a cortas edades y mucho más fácil de vencer cualquier tipo de resistencia emocional por su parte, al plantear sus deseos sexuales como métodos de educación y mejora deportiva, en una suerte de transmutación de los valores morales que en materia de afectividad y sexualidad son comunes en la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos".
Funcionamiento
El fiscal cree que los abusos a menores se iniciaron en la década de los ochenta, por lo que muchos de los delitos que pudo cometer Torres Baena entonces ya han prescrito. "En sus primeras etapas como depredador sexual", explica la Fiscalía, se valió de la que entonces era su esposa -no imputada en la causa- bien como señuelo o cebo sexual, si bien es cierto que tras su separación en la década de los 90 cambió de táctica, valiéndose de los otros tres acusados, con los que había tenido ya innumerables y diversos contactos sexuales, para a través de los mismos establecer una auténtica red de captación de menores". María José González Peña se convirtió entonces en su compañera sentimental, aunque dentro del organigrama de la red, siempre según el fiscal, mantenía sexo también con menores, al igual que los otros dos imputados.
Los cuatro procesados planteaban el establecimiento de relaciones sexuales como "un método de evolución personal y deportiva y se postulaban como una especie de "familia alternativa en la que el visionado de imágenes pornográficas, el consumo de bebidas alcohólicas y/o derivados cannábicos eran tolerados". Cuando los menores se negaban a las prácticas sexuales, Torres Baena "no dudaba en fomentar sentimientos de culpabilidad o fracaso en los menores".
En total, 38 menores fueron víctimas; en otros casos los delitos prescribieron.
