El empresario Miguel Ángel Ramírez ha afirmado este miércoles a Efe que procederá al derribo de las obras que realizó en su finca de La Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria, porque así se lo ha ordenado un auto del Tribunal Supremo tras solicitar una revisión de la sentencia que le condenó.
Rodríguez ha indicado a Efe que, por ello, procederá al derribo de una pajarera, una pérgola y una valla, que son las construcciones que él considera afectadas por la sentencia.
Sin embargo, al mismo tiempo tramitará la petición de una nueva licencia para volver a edificarlas, porque ha recordado que existe un procedimiento contencioso administrativo abierto que reconoce que cuando solicitó esas obras el paisaje afectado no estaba protegido.
El empresario ha precisado que aún no se le ha comunicado el plazo que dispone para proceder al derribo de esas obras.
En 2011, la Audiencia de Las Palmas condenó a tres años de cárcel a Miguel Ángel Ramírez por esas obras, al considerar que había cometido un delito urbanístico a realizarlas, y le ordenó derribarlas.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros concedió al empresario granacanario un indulto parcial que reducía a dos años su condena -lo que le evita ingresar en prisión-, pero condicionado a que cumpla con la orden de derribo que figura en la sentencia de la Audiencia Provincial.
El Tribunal Supremo le deniega la revisión de esa sentencia porque entiende que las obras que Ramírez alega que deben beneficiarse del dictamen de la Sala de lo Contencioso Administrativo (una pérgola y un pajarera) no son las mismas que determinaron su condena en el procedimiento penal.
Las obras que motivaron su condena, dice el auto del Supremo, fueron un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 225 metros cuadrados, una nueva vía de 224 metros de longitud y dos de anchura, reforzamiento de muros y nuevas vallas.
Esas obras, recuerda el Alto Tribunal citando a la Audiencia de Las Palmas, se promovieron "con total desprecio a la calificación legal del terreno", implicaron la utilización de excavadoras, hormigoneras y 40 operarios dentro de un paraje protegido y supusieron "una auténtica alteración del terreno", informa EFE.
