El desequilibrio entre prestaciones y servicios en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, al darse prestaciones económicas en lugar de servicios, puede generar un "círculo vicioso" y ser una "amenaza" para el sistema, ha agregado el presidente de dicha asociación, José Manuel Ramírez, antes de presentar un dictamen sobre esa norma.
Este indicador es uno de los diez que se han analizado en el II Dictamen del Observatorio de la Dependencia y el que menos cumplen las CCAA, que sin embargo han elaborado el decreto para desarrollar la ley, a excepción de Baleares, Cataluña, Murcia y Navarra, mientras que Extremadura lo acaba de presentar.
En el caso de Murcia, después de dos años no ha hecho ni un solo decreto para garantizar la prestación, ha denunciado Ramírez, profesor de la Universidad de Málaga.
Las comunidades autónomas que sacan nota en este dictamen son las que en el desarrollo de la ley se han implicado y se están coordinando con los servicios sociales de base y han introducido en la cooperación institucional a las entidades locales, como Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco.
En cambio, otras como Baleares, Madrid o la Comunidad Valenciana tienen muy bajos porcentajes de solicitudes, de dictámenes y de prestaciones, por lo que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales las ha calificado con suspenso en el desarrollo de la ley, al igual que a Canarias y Extremadura.
Las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sacado un aprobado en este dictamen, que ha tenido en cuenta para su elaboración diez indicadores objetivos y ratios y porcentajes de documentos de las administraciones central y autonómicas, de sindicatos y de la propia asociación.
El presidente de la asociación ha denunciado "las aberraciones" y "efectos perversos" que está provocando en general el desarrollo de la ley, que en algunos territorios es muy desigual y no favorece que muchas personas puedan beneficiarse de ese derecho subjetivo.
Ya se ha acabado la excepcionalidad de su desarrollo y ahora habría que exigir a la Administración central más financiación, a las CCAA el desarrollo de los procedimientos y a los ayuntamientos que dediquen las inversiones del Plan Estatal de Financiación Local para poner en marcha los equipamientos necesarios para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, ha dicho.
Esta ley supone, según Ramírez, el avance en política social más importante en el Estado español desde que se aprobó la Ley de Pensiones no Contributivas, aunque su aplicación tiene más dificultades en el medio rural, donde viven más personas en situación de dependencia y posiblemente "sean más caros los servicios".
