El cruce de acusaciones entre el Estado y el Ejecutivo regional por la manera de abordar el repunte de la llegada de inmigrantes a las costas isleñas no cesa. Mientras que la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez no acompañados en albergues de Lanzarote como el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, criticó la falta de previsión de Madrid respecto a la situación de desborde que vive Lanzarote y la negativa del Gobierno central para atender sus demandas en esta materia.

En lo que va de año, han arribado a las costas canarias 39 embarcaciones con 943 inmigrantes a bordo, 806 más que en el mismo periodo de 2017. Durante la celebración del acto institucional de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Máñez subrayó que en el Archipiélago se está produciendo un "repunte" en la llegada de pateras, pero que "gracias al trabajo coordinado en los países de origen y a los medios desplegados, Canarias no está en riesgo de volver a vivir una crisis de cayucos" como la de 2006, año en el que 31.678 inmigrantes llegaron a las costas de las Islas en 596 embarcaciones.

Lanzarote acoge a 152 de los 308 menores de edad que han llegado a Canarias en pateras, una situación que ha conducido al Cabildo de esta isla a declarar el estado de emergencia humanitaria por el desbordamiento de las instalaciones para alojarlos. La delegada consideró que "en Andalucía, que hay 5.000 menores, pues también habría una declaración de emergencia humanitaria", si bien matizó que no quita importancia a la situación que se vive en Lanzarote y que respeta las decisiones de las administraciones.

Clavijo lamentó, por su parte, la negativa de Defensa de ceder el acuartelamiento de Arrecife de Lanzarote para alojar de forma temporal a los inmigrantes menores de edad que acoge la isla de los volcanes y realizar allí las pruebas óseas para determinar si tienen menos de 18 años. La reubicación de estos menores en La Santa, en Tinajo, o en Yaiza está generando rechazo en estas zonas, por lo que el Ejecutivo regional y los cabildos -que tienen su tutela y su guardia y custodia, respectivamente- han pedido calma. Máñez sostuvo que "no es justo centrar el debate en si se ha autorizado o no un cuartel". "La solución que se ha buscado tendría que ser siempre la primera alternativa. ¿Dónde van a estar mejor? ¿En un cuartel o en un albergue? Los menores, en base a la legislación, tienen que estar en régimen abierto. No se trata de encerrarlos", recalcó.

El jefe del Ejecutivo regional, en declaraciones a Canarias Radio, indicó que "Canarias está dispuesta a asumir su cuota de solidaridad, pero compartida con el Estado en una distribución en el territorio". Asimismo, criticó que aún exista "un punto ciego" en el norte de Lanzarote pese a estar el Estado al corriente de esta situación, por lo que manifestó que solo cuando las pateras "tocan la costa", se tiene conocimiento de la llegada de los inmigrantes.

El fin de semana pasado la escalda de tensión entre Canarias y el Estado se disparó. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se desplazó hasta Lanzarote para acudir al homenaje que se brindó a José Saramago con motivo del vigésimo aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura al escritor luso. Clavijo solicitó formalmente un encuentro con él para tratar el aumento de la llegada de inmigrantes ilegales a las Islas, pero se encontró con la negativa de Sánchez a esa reunión. "No es la respuesta que yo daría como Gobierno a ninguna institución ni es la que merecemos los canarios", esgrimió.

Máñez insistió que la situación de la inmigración irregular "tiene que abordarse desde la cooperación y la lealtad institucional, no desde la crispación". Por ese motivo afeó a Clavijo que ponga en duda la efectividad del SIVE porque no se haya instalado en el norte de Lanzarote un radar de detección de pateras pese a que éste se adquirió hace tres años. Según Máñez, éste no se ha podido armar por problemas con los herederos del terreno en el que se quiere colocar. "Pero una cosa es que haya un medio que no se haya podido habilitar y otra cosa muy distinta es poner en cuestión todo el sistema", reiteró.

Respecto a la posible llegada de más pateras, la delegada señaló que estos meses son los más favorables para que éstas se aproximen a las Islas. Por eso recalcó que es muy importante el trabajo que se lleva en los países de origen de estos migrantes para combatir las mafias que trafican con personas.

El exdelegado del Gobierno en Canarias, José Segura, recibió ayer la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Precisamente él estaba al frente de la Delegación cuando llegaron a las Islas más de 30.000 inmigrantes en 2006. Segura afirmó que las Islas están ahora "en otro momento radicalmente distinto", pues hace doce años no existía la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (Frontex), prácticamente no había sistemas informáticos de detección de embarcaciones en el mar y Canarias tenía muy pocas patrulleras de servicio marítimo de la Guardia Civil y helicópteros.

A partir de esta situación, recordó, se incrementaron los efectivos, se firmaron los acuerdos de colaboración con los estados emisores y se creó el Frontex "gracias a Canarias". "Ahora se detecta con mejor facilidad la arribada", por lo que apuntó que no se puede comparar la situación actual con la pasada.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Ricardo Arranz, también aseguró que Canarias está lejos de vivir una situación similar a la de los cayucos. "No estamos en esos números", expuso. Y aunque insistió en que, de momento, el escenario actual "no es preocupante, tampoco es para dar palmas".

Arranz vivió ayer un día muy especial en el patio de la Comandancia de la Guardia Civil. El próximo 24 de abril pasará a situación de reserva, por lo que recordó con emoción los 36 años de servicio en la Guardia Civil, de los que 30 ha estado destinado en Canarias. Arranz destacó la labor del Cuerpo durante las crisis migratoria de 2006, pero también el trabajo desarrollado para desarticular grupos yihadistas o para detener a miembros de la banda internacional de ladrones Pink Panthers. "La pena ha sido Yeremi Vargas, que de momento no ha podido ser", destacó.