Un total de 292.458 pensionistas canarios, algo menos del 70% del total, tienen que pagar de nuevo una parte de los medicamentos recetados por el Servicio Canario de Salud (SCS). A partir de las 00:00 horas del pasado miércoles, 1 de enero, todos aquellos con una renta anual igual o inferior a 18.000 euros deben abonar al mes un máximo de 8,23 euros por este concepto. Un día antes, el 31 de diciembre de 2019, concluyó la subvención con la que el Gobierno de Canarias que presidía Fernando Clavijo -a partir del Decreto 78/19 de 6 de mayo- compensaba a estas personas, casi todas mayores, por su desembolso farmacéutico. En la práctica, esto equivalía a la gratuidad de las medicinas para quienes se encontraran en ese tramo de ingresos.
La razón esgrimida por el Ejecutivo actual del PSOE, NC, ASG y Podemos para no renovar esta ayuda es que ya hay un compromiso para que el Estado elimine en su totalidad el copago farmacéutico. La medida, no obstante, deberá esperar aún a que se constituya el Gobierno nacional. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, aclaró ayer que la eliminación del pago para una parte de los usuarios de la sanidad pública del coste de los medicamentos está "garantizada" en el pacto de Gobierno estatal firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya que "es uno de los puntos suscritos en el acuerdo PSOE- Undas Podemos que derivará en la conformación de un nuevo Gobierno del Estado en próximas fechas". Ello, claro, si finalmente prospera la investidura del líder socialista como presidente el próximo martes.
En el primero de los 14 puntos de ese pacto PSOE-Podemos, referido a la Sanidad, ambas formaciones prometen "la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012".
Cruz subraya que la ayuda canaria se había tomado "de manera atropellada"en la anterior legislatura, cuando gobernaba Coalición Canaria, "y con fallos importantes que había que corregir". Por ejemplo, sostiene que el Decreto aprobado en mayo implicaba "una subvención correspondiente sólo a 2019, sin disponer de una financiación específica y sin arbitrar los créditos presupuestarios necesarios para su sostenibilidad futura", lo que desde su punto de vista hacía imposible su prórroga.
No obstante, la consejera asegura que el actual Gobierno"valorará en el futuro tomar las medidas necesarias para garantizar la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas de las Islas en caso que el Estado demore en el tiempo la aplicación de la misma". La medida tendría que tener reflejo en la ley de Presupuestos Generales de 2020 que, aún si la semana que viene ya hay Gobierno, no llegaría al Congreso hasta, como muy pronto, finales de febrero.
El copago farmacéutico es una medida de ámbito estatal que no se puede derogar sino desde el mismo ámbito administrativo en el cual se dictó. En 2012, lo aprobó el Gobierno del Partido Popular y tiene que ser otro Ejecutivo nacional el que lo elimine.
Manuel Ángel Galván González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, aclara que en el caso de Canarias "no es que se acabara el copago, sino que se subvencionaba al pensionista para que no tuviera que abonar ni un euro. Pero se sabía que acabaría el pasado 31 de diciembre de 2019", sino se renovaba. El presidente de los farmacéuticos tinerfeños apunta que conocen "que a nivel nacional se trabaja en aplicar la iniciativa que Canarias lanzó en mayo del año pasado, pero ahora mismo esta es la situación".
Con todo, tal y como destaca el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana Ayala, la retirada de la ayuda ha sido recibida con "sorpresa e incredulidad" por los pensionistas. "Incluso en algunos casos se han marchado a casa sin las medicinas por no llevar el suficiente dinero para pagarlas". Lo que existe sobre todo, apuntó Santana, es "desconocimiento". "Recibimos fundamentalmente preguntas que intentamos contestar en la medida de lo posible, y de nuestro conocimiento, claro está", matizó.
El mismo día 31, en la mayoría de las farmacias se recibió una circular del Servicio Canario de Salud que indicaba, entre otras cuestiones, que no se iba a renovar la mencionada subvención a aquellos pensionistas que ganan al año 18.000 euros o menos. En este caso pagarán ese máximo de 8,23 euros. Si el tramo de ingresos va de 18.000 a 100.000 euros, con muchos menos pensionistas en esta situación económica, el copago llegaría hasta los 18 euros como cifra tope.
La decisión de no renovar la subvención la tomó el Consejo de Gobierno en una sesión nocturna el día 19 después de que sus miembros asistieran al largo debate parlamentario para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Parlamento para 2020. El acuerdo no fue comunicado y no fue hasta el 31 cuando las farmacias supieron a la marcha atrás.
"Mire, yo estoy a favor del copago. No es tanto dinero y uno se lleva muchos medicamentos en el mes. Peor es pagar todo como ocurre en los Estados Unidos u otros países". Lo afirma Beatriz Sánchez, una mujer de mediana edad que acudió el viernes por la mañana a una farmacia de su barrio, Ofra, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo con una receta en la que aparecía un amplio listado de medicinas para su hijo discapacitado.
Esa relación de medicamentos no es menor en el caso de María Díaz. Ella va a buscar lo que necesita su madre, pensionista de más de 80 años. "Ocho euros al mes no es mucho, claro, pero también depende de para quién y según qué cobre. Todo es relativo", manifestó Díaz, para añadir. "Multiplicado por muchos miles supone un dinero importante y yo, de partida, estoy en contra. Pienso que esta gente ha trabajado y deberían tener las medicinas gratuitas".
