El Partido Popular propuso ayer 22 medidas contra la crisis del coronavirus al Gobierno de Ángel Víctor Torres, que surgen de "la máxima responsabilidad y lealtad al Ejecutivo canario con la intención de contribuir en positivo a superar una etapa decisiva para las islas, una etapa que desde el punto de vista económico será profunda", precisó ayer la portavoz parlamentaria popular, Australia Navarro. El pasado domingo fue CC quien planteó 59 acciones ante la pandemia y ayer ayuntamientos y cabildos también ofrecieron sus medidas al Ejecutivo canario.
En materia impositiva, el PP apuesta por que el Gobierno canario permita aplazar o fraccionar el pago del IGIC, que no suba ningún impuesto en este año ni que genere nuevas figuras fiscales. También reclama al Gobierno de España la bajada de tipos impositivos del IRPF directamente vinculados a la actividad productiva, y la moratoria del Impuesto de Sociedades.
Demanda asimismo que se prolongue el plazo de materialización de la RIC y exonerar durante un año de los impuestos municipales (IBI, basura o circulación) a pymes y autónomos afectados por la crisis
Entre las medidas económicas, formula reclamar al Estado la suspensión del pago del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante el tiempo que dure la crisis. Asimismo, pide a Madrid la suspensión del pago de las cotizaciones sociales de aquellas empresas que debido a la crisis debían cerrar pero que no despidan a sus trabajadores y que la Comunidad Autónoma establezca una subvención para cubrir esa exención. También plantea articular medidas para que tanto la Comunidad Autónoma como los cabildos y ayuntamientos abonen de forma inmediata todas las facturas pendientes de pago a sus proveedores. Aboga por una línea de financiación para facilitar el acceso al crédito bancario a pymes y autónomos y subvenciones para micro pymes y autónomos que pasen dificultades de liquidez, para evitar su cierre definitivo.
El PP lanza propuestas de apoyo a las familias como aplazar el pago de las hipotecas a todos aquellos trabajadores que hayan perdido su puesto de trabajo y aumentar las líneas de ayudas al pago de alquiler, luz y agua.
Se suma a la petición de ayuntamientos y cabildos de flexibilizar el uso de superávit y que se aumenten los recursos del Fdcan destinados a políticas de empleo. Demanda que se exija al Gobierno de España que abone las fichas financieras y convenios pendientes y pide a Canarias que medie con el Estado para la simplificar los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), además de medidas en favor de los servicios sanitarios.
