Ni siquiera la súbita crisis económica que ha generado la pandemia de coronavirus es motivo suficiente para poner en circulación los miles de millones de euros que cabildos y ayuntamientos tienen ociosos en los bancos. Aunque aún ayer había cargos públicos insulares y municipales que creían que el Ministerio de Hacienda había autorizado su uso, lo cierto es que la mayor parte de esa ingente cantidad de dinero sigue bloqueada por imposición de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De hecho, el Ministerio que dirige María Jesús Montero solo ha dado permiso para gastar en la lucha contra la crisis del Covid-19 el equivalente al 0,8% de los aproximadamente 4.500 millones confinados en las entidades financieras. En otras palabras: un máximo de 38 millones de un montante que año tras año sigue creciendo irremediablemente.

Cabildos y ayuntamientos llevan años exigiendo que se les permita gastar el superávit. La ley de estabilidad y sostenibilidad entró en vigor en mayo de 2012, justo cuando la crisis que había estallado a finales de 2007 alcanzaba su clímax. España respondía así a la presión que Bruselas venía ejerciendo para que el país controlara la deuda y el déficit públicos. Desde entonces, y de acuerdo con la ley, toda institución -gobierno, cabildo, municipio- que cierre un ejercicio en superávit, es decir, con más ingresos que gastos, tendrá que destinar ese dinero sobrante para amortizar deuda. Sin embargo, el objetivo de esta obligación legal, entonces necesaria para embridar el gasto público, ha terminado por pervertirse en el caso de los cabildos y ayuntamientos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las entidades locales tienen sus finanzas en perfecto estado de revista; es más, no tienen deuda que amortizar, con lo que el superávit se les ha ido acumulando ejercicio tras ejercicio desde que en 2014-2015 empezara la recuperación económica. Y así se ha llegado a tal extremo que, de facto, las siete corporaciones insulares y 88 municipales de Canarias tienen inutilizados en sus cuentas bancarias la friolera de 4.500 millones de euros. Presidentes y alcaldes daban por descontado que el Ministerio de Hacienda desbloquearía al fin esos dineros, dada la magnitud que ha cobrado la crisis del coronavirus, pero de momento se han equivocado.

El Real decreto-ley de medidas urgentes para paliar las consecuencias socioeconómicas del Covid-19 efectivamente incluye la posibilidad de gastar parte del superávit en servicios sociales y promoción social. Pero hasta un límite de 300 millones de euros en conjunto. Y en conjunto no las 95 entidades locales del Archipiélago, sino las más de 8.000 que hay en todo el Estado. Así pues, en total los cabildos y ayuntamientos de las Islas tienen margen para disponer de unos 38 millones de euros de esos 4.500 que están inutilizados en los bancos, según los cálculos de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional.

Pero en el caso concreto de Canarias, los perjudicados por la supervivencia de la ley de estabilidad y sostenibilidad no solamente son los cabildos y ayuntamientos, sino también el propio Ejecutivo autonómico. No en vano, el Archipiélago es, por un lado, la región menos endeudada de todo el país -su deuda equivale al 14% del PIB, cuando en Cataluña, por ejemplo, llega al 35,5%, más del doble-; y, por otro, es también la única comunidad de régimen común que ha cerrado los tres últimos ejercicios -2017, 2018 y 2019- en superávit. Los dineros de 2017 y 2018 han ido a amortizar deuda, siguiendo los dictados de la ley y, por extensión, de Bruselas, pero en el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres confían en poder contar con los 270 millones de 2019 para restañar las heridas que está dejando el virus.