Primeras dudas sobre la futura Autoridad que investigará accidentes como el de Spanair

La independencia de la investigación de accidentes en las distintas modalidades del transporte, como el del vuelo JK5022 de Spanair que tuvo lugar en Barajas el 20 de agosto de 2008 y en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas cuyo destino era Gran Canaria, es uno de los objetivos básicos del proyecto de ley que se tramita en el Congreso para la creación de una Autoridad de investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, pero varios portavoces de la política, del Poder Judicial o de los colectivos profesionales del sector aéreo han expresado ya sus dudas al respecto.

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Así lo constataron este jueves tanto el portavoz de Transportes de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, como el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Daniel Zamit, o incluso el fiscal de Sala de lo penal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, en el marco de un seminario sobre esta materia celebrado en el Congreso de los Diputados. Otro representante de la administración de justicia, el juez Juan Javier Pérez, titular del juzgado número 11 que instruyó el proceso penal del accidente de Spanair, cuestionó también otros aspectos de la futura norma en relación con las herramientas jurídicas para la investigación de este tipo de accidentes. Sí se mostró más positiva al respecto la presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo KJ5022, Pilar Vera, que aseguró que “estamos de acuerdo en este órgano multimodal”.

La mayoría de ellos daban réplica de alguna manera a la defensa del proyecto de ley que había hecho la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar, quien aseguró que dicha norma “refuerza la independencia del organismo de investigación, ya que a la independencia funcional actual se sumarán la independencia orgánica al poseer personalidad jurídica diferenciada y la independencia financiera pues tendrá recursos propios a través de la participación de las tasas existentes en el sector del transporte”. Según ella, este organismo “tendrá el mayor grado de independencia del poder Ejecutivo existente en el derecho administrativo español” y que será “similar a la que ya tienen la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) o la Agencia Española de Protección de datos”.

El fical Javier Zaragoza avisa que “la independencia de la Autoridad está escrita, pero la investigación no es independiente si no es eficaz, y no es eficaz si no hay personal adecuado ni medios y no los tenemos”

“Se trata de un proyecto equilibrado con el que se alcanzan los principales objetivos que nos planteamos al inicio de la tramitación”, insistió Villar, quien confió en que la nueva norma esté en vigor antes de finalizar la presente legislatura. La creación de una Autoridad independiente para los accidentes de aviación como el de Spanair fue una de las propuestas realizadas por la Comisión de Investigación sobre el vuelo JK5022 que se constituyó en el Congreso como respuesta a la parcialidad que muchos de los afectados por el accidente detectaron en el informe de la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil), dependiente del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el fiscal Javier Zaragoza afirmó en este sentido que “la independencia de la Autoridad está escrita, pero la investigación no es independiente si no es eficaz, y no es eficaz si no hay personal adecuado ni medios, y ni los tenemos nosotros en el mundo judicial y no se si los tiene la CIAIAC”. Aunque Zaragoza sí dio una opción a que la futura Autoridad “sí va a disponer de personal técnico que le permita una investigación independiente”, puso reparos al hecho de que la ley no establezca la creación de un cuerpo de peritos especializados independientes. “Habrá una dificultad importante para que esos peritos sean el personal investigador de la Autoridad técnica porque su objetivo es diferente”, objetó Zaragoza. Añadió que “así como en otras áreas delictivas el Estado tiene un cuerpo de investigadores, sería lo propio que hubiera un cuerpo de peritos especializados de los que pudiera echar mano la autoridad judicial de las investigaciones para estos casos y mejorar el proceso de selección, y que no sea la administración quien decida cuales son los peritos, sino la autoridad judicial oyendo al resto de las partes del proceso”.

El juez Juan Javier Pérez, que instruyó durante más de tres años el caso Spanair en su fase penal y que quedó archivado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid, señalo por su parte que “lo que es absolutamente imprescindible para el juzgado es contar con sus propios peritos, teniendo en cuanta que la CIAIAC no es un órgano pericial ni dependiente del juzgado y es un órgano estatal, y por tanto parte del procedimiento”. “No puede ser que se base todo en un órgano que es parte del procedimiento por muy técnico y cualificado que sea”, recalcó.

Por su lado, en el ámbito político, Unidas Podemos exigió a través de su diputado Rafael Mayoral medidas que garanticen la independencia del organismo que investigará accidentes de avión, tren y barco. El grupo parlamentario confederal va a registrar en el Congreso propuestas para garantizar por ley la independencia de la nueva Autoridad multimodal, el nuevo organismo que asumirá las funciones de las tres comisiones que en este momento existen en el seno del Ministerio de Transportes. Mayoral compareció al inicio del seminario en la Cámara baja para demandar modificaciones del proyecto de ley, en el que su formación no ha participado directamente pese a ser socio de gobierno, y denunciar que “siguen sin mejorar” los procesos de investigación de accidentes en los diferentes medios de transporte.

Depurar responsabilidades

A juicio de Mayoral, en este tipo de investigaciones, como el de Spanair o los ferroviarios del Alvia de Galicia el 13 de julio de 2013 con 80 fallecidos, o el del metro de Valencia el 13 de julio de 2006 en el que murieron 43 personas, “se busca simplemente la implicación o culpabilidad de la persona, que es el último eslabón de la cadena”. Por ello cree necesario “mejorar los procesos de investigación para que sean independientes y poder mejorar la seguridad del transporte”.

El representante de USCA, el principal sindicato de los controladores aéreos, Daniel Zemit, demandó la necesidad de que el nuevo organismo realice sus investigaciones de accidentes de forma “absolutamente independiente” del poder político y también del judicial. Señaló en este sentido que el organismo debe limitarse a realizar un análisis técnico de las causas y origen de los accidentes con el objetivo no simplemente de señalar a culpables, sino también de exigir responsabilidades a las autoridades o empresas competentes.

Pilar Vera critica que la Mesa del Congreso no haya llevado a la Fiscalía el dictamen de la Comisión parlamentaria de investigación del JK5522, aprobada por mayoría en el pleno de la Cámara

Pilar Vera, por su parte, que ha participado activamente en la organización del evento celebrado este jueves en el que se dieron cita expertos internacionales en investigación de accidentes aéreos, cerró la jornada haciendo una denuncia generalizada de las investigaciones administrativas y judicial del JK5022 y de la atención a las víctimas, así como del hecho de que la Mesa del Congreso no haya llevado a la Fiscalía el dictamen de la Comisión parlamentaria de investigación, aprobada por mayoría en el pleno de la cámara, tal como reclamaban los diputados. El dictamen sí se elevó a la Fiscalía en noviembre de 2021 por parte de la que fuera presidenta de la comisión parlamentaria, la grancanaria Meri Pita, pero sin que esta instancia pública haya actuado desde entonces. También recordó Vera que en el dictamen se insta a una nueva investigación independiente, no por tanto a cargo de la CIAIAC, aunque tampoco aclaró si la debía llevar a cabo la nueva Autoridad si se aprueba el proyecto de ley en tramitación. Destacó la colaboración de la Asociación que preside con el Ministerio de Transportes, al que presentó alegaciones y enmiendas sobre la nueva ley, y reclamó a los diputados que respondan a “la oportunidad histórica de hacer algo bueno por este país haciendo una buena ley que contribuya a la seguridad en los modelos de transporte”.

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