Un mismo administrador alquila "a precios obscenos" los centros de menores de Tafira y Vegueta

Los centros de menores migrantes de Tafira y Vegueta, dirigidos por personal de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI a los que Anticorrupción investiga por falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y/o malversación de caudales públicos, alquilaron ambos inmuebles a empresas de Gran Canaria que tienen un mismo administrador. La Fiscalía ha puesto el foco sobre el "precio obsceno" del arrendamiento en el caso del dispositivo de emergencias Acorán, que llegó a alcanzar los 35.000 euros al mes, y sobre la ausencia de cláusulas en el contrato del centro Guiniguada. El apoderado de las mercantiles arrendadoras justificó ese alto costo en el "riesgo" que supone poner a disposición estos edificios para este uso concreto. La causa investiga si cuatro directores de cinco centros de acogida de menores migrantes no acompañados de la Isla y Lanzarote se apropiaron de las cantidades que ingresaba la oenegé del Gobierno de Canarias.

Según el estudio realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), entre junio de 2021 y marzo de 2023 Respuesta Social Siglo XXI abonó hasta 605.000 euros por el inmueble situado en la carretera de Marzagán, a la altura de Tafira (Las Palmas de Gran Canaria). El primero de esos ingresos se produjo el 5 de julio de 2021 por valor de 35.000 euros. Mensualidades que se siguieron transfiriendo hasta mayo de 2022, cuando pasaron a ser de 22.000 euros al mes.

Sobre esta cantidad "sobredimensionada" de renta pone el foco en su querella, el delegado de Anticorrupción en la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas. "Contrasta el deficitario estado del inmueble (...) y el elevado precio (35.000 euros) del alquiler mensual", destaca. Ese arrendamiento se firmó por un periodo de 24 meses con inicio el 1 de junio de 2021. La vinculación, según confirmó a este periódico este miércoles el administrador de la empresa a través de la que se rentó el inmueble, se ha prorrogado por un tiempo que no definió.

"Un gasto superfluo"

En la inspección que realizó la Fiscalía de Menores de Las Palmas al alojamiento el 15 de julio de 2022, no pasó inadvertido ese contrato entre la Fundación y la empresa Pine Point, S.L. Se destaca que la renta mensual que abona la oenegé "supone una cantidad que resulta, comparada con otros centros situados en dicho entorno, con mucha más superficie y muchas mejores instalaciones y que pagan entre 5.000 y 6.000 euros de renta mensual (...) totalmente desproporcionada, suponiendo un gasto no solo superfluo sino rayando lo obsceno". El Ministerio Público recrimina que sería complicado "encontrarse en toda la isla de Gran Canaria algún inmueble con dicho" alquiler.

Como diligencias a practicar por el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo de la instrucción de la causa, Ródenas solicita que se dirija oficio a la UDEF a los efectos que se concluya la investigación respecto de Pine Point. Pero también a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Ejecutivo autonómico para que aporte el contrato original de arrendamiento del inmueble en el que se ubica el centro de menores Guiniguada.

En relación con el centro de menores de Vegueta, la inspección de la Fiscalía de Menores de marzo de 2023 refleja que, al pedir el contrato de arrendamiento de la vivienda situada en el casco histórico y se lo mostraron impreso. Se firmó con la Sociedad Competencia y Precisión Empresarial, S.L. el 18 de enero de 2021 por un periodo de 12 meses con prórrogas automáticas. De esta mercantil aparece como administrador mancomunado la misma persona que alquiló el chalé de Tafira. Sin embargo, las cláusulas de renta mensual y la fianza no fueron aportadas, puesto que en ellas constaba "XXXXX".

Este inmueble había sido reformado hacía pocas fechas para instalar en él un pequeño hotel emblemático, pero con la crisis del coronavirus y el cero turístico que provocó, hizo que tuvieran que buscar alguna salida para la inversión que llevaron a cabo, por lo que terminaron cediendo el usufructo del mismo a la entidad social para la acogida de migrantes en plena llegada masiva de personas a las islas.

Obras e incertidumbre

El administrador de las empresas arrendadoras de los inmuebles de Vegueta y Triana alegó que cuando los responsables de Siglo XXI se pusieron en contacto con él, a quien conocían después de actuar como apoderado para suscribir el contrato del inmueble del casco histórico, para alquilar la vivienda de Tafira les avisó de que no reunía los requisitos para poder albergar a los menores. Y que requería una serie de mejoras para actualizarla. "Hemos tenido que realizar una inversión enorme, con unas obras tremendas, para poder tener las condiciones idóneas", indicó. Ello también en medio de una "gran incertidumbre" por no conocer cuánto tiempo iban a estar los migrantes en el lugar. Lo que, en su opinión, acreditaría la elevada renta.

El empresario aseguró que, cuando la Fundación se vaya del inmueble, "será como si hubieran pasado por ella Atila y todos los caballos", hasta el punto que no descartó tener que "demoler la casa" o gastarse gran cantidad de dinero en reformarla. "Han arrancado azulejos, puertas, ventanas...", indicó. Para luego agregar que no tiene nada que esconder en cuanto a su proceder en estos arrendamientos: "No tengo ningún conocimiento de los directores de los centros, y mi contabilidad está perfectamente maqueada". De hecho, al personarse en su vivienda agentes de la autoridad para preguntarle sobre este caso, "enseguida les di toda la documentación que me pidieron porque no tenía nada que ocultar".