Restaurantes y viagra con el dinero para la acogida de menores migrantes

El Defensor del Pueblo tenía en el punto de mira, por deficientes, algunos de los centros de acogida de Canarias para menores llegados en patera y a la Fiscalía de Menores no le salían las cuentas de los 12 millones de euros que habían recibido, pero nadie sospechaba que ese dinero público que administraban hubiera servido, presuntamente, para pagar tratamientos de belleza, viagra y gastos en restaurantes y tiendas.

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a cuatro directivos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI al frente de los centros de acogida de menores inmigrantes Guiniguada, Alcorán y Puerto Bello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote), tras recabar indicios de que pudieron malversar en su propio beneficio dinero público detraído de su propósito original: integrar a niños y adolescentes en desamparo.

En una querella registrada el 25 de mayo, adelantada por Canarias 7 y a la que ha accedido EFE, el Ministerio Público detalla gastos «sin justificación» por más de 41.000 euros, pero también sugiere que esa cantidad puede que represente solo una parte, porque «no se ha ejecutado un seguimiento efectivo del destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación».

De hecho, pide al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria al cargo del caso que ordene una auditoria «exhaustiva» sobre cómo ha gastado esta entidad los 12.505.878 euros que ha recibido desde 2020 de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, puesto que aprecia indicios de malversación, falsedad y administración desleal.

Lo ocurrido tiene un contexto: la red de acogida de Canarias había sido desmantelada tras la «crisis de los cayucos» de 2006 por el giro de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo, así que el repunte de llegadas a partir de 2019 cogió a las Islas desguarnecidas.

De recibir solo unos cientos de inmigrantes al año en sus costas durante una década (2010-2018), el Archipiélago pasó a tener que atender a 2.687 en 2019, 23.271 en 2020, 22.316 en 2021 y 15.466 en 2022. Y los menores extranjeros bajo responsabilidad rozaron la cifra de 3.000.

Daño a las arcas públicas

La repercusión para el Gobierno de Canarias, responsable por ley de la tutela integral de los menores en desamparo (concepto que incluye a los llegados en patera), la describe bien la propia querella: en 2020 su presupuesto consignaba para ese fin solo 25.000 euros. Ese año se gastaron 16,62 millones y en 2021, 69,82 millones.

Para afrontarlo se recurrió a centros ya existentes y, sobre todo, se crearon albergues nuevos por procedimientos de emergencia. Y para ambas modalidades se recurrió a entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entre otras.

Sobre ella, la Fiscalía Anticorrupción enumera, de inicio, algunas irregularidades formales (no estaba inscrita en el Registro Canario de Fundaciones ni en el Estatal, ni está al día en rendición de cuentas); continúa subrayando que el banco con el que operaban sus centros en Canarias le cerró las cuentas por lo sospechoso de su operativa y acaba entrando en detalles de en qué gastaron varios miles de euros de dinero publico algunos directivos.

El Ministerio Público relata una «alarmante» falta de vigilancia sobre los gastos en efectivo que realizaban los cuatro directores de centros de Gran Canaria y Lanzarote querellados, que «dibuja un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol».

«Los querellados», dice el fiscal, «desviaron a sus cuentas personales (...) cantidades dinerarias que se quedaron, incrementando sus ingresos personales a costa del dinero público que debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían».

A lo largo de casi un centenar de folios, el delegado de Anticorrupción en Las Palmas examina los movimientos bancarios de los querellados (la mayoría disposiciones en efectivo o traspasos a sus cuentas), para concluir que se apropiaron de cantidades que van desde 863 euros, en el menor de los casos, hasta más de 18.000 en el mayor.

¿En qué se gastaron ese dinero los denunciados, según el fiscal? La querella señala, por ejemplo, que una de las directoras cuestionadas pagó con la tarjeta de crédito de su centro 1.500 euros servicios de un clínica estética: un «full face», un tratamiento de belleza y rejuvenecimiento facial a base de inyecciones de bótox, ácido hialurónico y otras técnicas, según detalla su publicidad.

Otros pagaron con dinero de los centros de atención a inmigrantes llegados en patera medicamentos que, en principio, no están prescritos para menores, como fármacos contra la disfunción eréctil, analgésicos pensados solo para adultos o tratamientos para dejar de fumar; además de gastos en restaurantes o compras en Primark.

Uno de los denunciados alegó que su centro había gastado 20.288 euros en combustible en el segundo semestre de 2021; o lo que es lo mismo –aclara el fiscal–, 99,22 euros diarios, equivalentes a recorrer 1.200 kilómetros por jornada en Gran Canaria, donde dar una vuelta completa a toda la Isla representa menos de 200 kilómetros.

Anticorrupción tiene claras las consecuencias: además de «enriquecerse», los querellados «originaron una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección» emitidas por la Fiscalía de Menores, el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común de Canarias o la Dirección General de Atención a la Infancia.