Un hermano de uno de los querellados facturó 104.000 euros al centro de menores de La Santa

Un hermano del director de los centros de menores migrantes de Puerto Bello, en Puerto Rico, y Acorán, en Tafira, uno de los cuatro querellados por Anticorrupción debido a la gestión de estos recursos de acogida en Gran Canaria y Lanzarote por parte de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, facturó más de 104.000 euros en los años 2020 y 2021 en fruta al dispositivo de emergencia situado en La Santa, Tinajo (Lanzarote). Todo ello con el dinero público aportado a la oenegé por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

Entre los gastos que aparecen en los extractos de cuentas y tarjetas bancarias del Dispositivo de Emergencia de Menores Extranjeros no Acompañados (Demena) del municipio lanzaroteño, hay una gran cantidad de facturas emitidas por Yeray P. R. entre los años 2020 y 2021, mientras fue director del mismo Enrique D. G. Concretamente, en el primero de los años hubo pagos con tarjeta en la pequeña frutería que regentaba este hombre en Arrecife por valor de 9.355,85 euros, a lo que se suman transferencias a su cuenta personal por 42.978,85 euros.

En 2021, cuando la entidad bancaria ING canceló la cuenta bancaria de los centros de menores gestionados por Respuesta Social Siglo XXI debido a que detectaron movimientos económicos de origen o destino sin justificar, esas transferencias bancarias ascendieron a 45.837,79 euros. Gran parte del montante fue desde este banco, pero otra parte -12.705 euros- se transfirió desde otra entidad. A ello se suma también la cuantía de 6.102,52 euros en traspasos desde la cuenta personal de su hermano, el querellado Fernando P. R.

Los pagos a este empresario se unen a otros en los que Anticorrupción también ha observado presuntas irregularidades, como tratamientos de belleza, combustible "desorbitado", alquileres de vehículos, ropa en Primark o medicamentos no aptos para menores, como viagra, analgésicos o productos para dejar de fumar. Por estas y otras cuestiones más, el fiscal ve indicios de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos.

Uno de los proveedores más destacados

Con ese volumen de facturación, el frutero, destaca el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, se convirtió en uno de los principales proveedores del recurso de emergencia lanzaroteño. Hasta el punto de que más de un tercio del gasto del centro se destinó a este empresario. Además, la cuantía de esos pagos fue aumentando conforme pasaban los años, siempre que Enrique D. G. se mantuvo al frente de La Santa.

Según la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se abonaron hasta tres facturas semanales de media en ese periodo de tiempo, una enmarcada bajo el concepto de "limpieza", otra como "higiene" y la última en gastos de "alimentación", lo que despertó el recelo del Ministerio Público, puesto que Yeray P. R. regentaba ese pequeño negocio y no se le conocía ninguna empresa de suministros de otra índole.

90.000 euros a Lanzafrut

Además de los pagos al hermano del querellado, en las cuentas bancarias vinculadas al centro de La Santa también había pagos a la empresa Lanzafrut S.L. por importe de 90.036,69 euros entre los años 2019 y 2022, coincidiendo con el periodo en el que estuvo al frente del mismo Enrique D. G. Esta es una mercantil mayorista de futas y verduras que opera en Lanzarote. El primero de los años recibió únicamente 2.189,32 euros, cuantía que se vio multiplicada exponencialmente en 2021, cuando ascendió a los 57.389,47 euros. Tanto en 2020 como en 2022, la cifra se mantuvo en los 15.200 euros.

Pese a que Lanzafrut facturó a los distintos centros de menores existentes en la isla, gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el de La Santa fue el que mayores cantidades de dinero destinó a la compañía. Seguido por el de Yaiza, cuya directora entre abril de 2018 y octubre de 2020 también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que abonó 32.054,45 euros a la empresa, y por el otro centro que se encuentra en el municipio de Tinajo -28.279,46 euros-.

El director del Demena La Santa también solicitaba a esta empresa, a la hora de abonar las facturas, que le sumase cierta cantidad de dinero al cobro a través del datáfono con el objetivo de que este diferencial fuera entregado posteriormente en efectivo y en mano del propio querellado, lo que se conoce como 'operativa cashbank'. Ródenas cifra en 17.740 euros la cantidad que se embolsó Enrique M. G. a través de este método, "que está específicamente destinado a impedir verificar el control del destino último dado al dinero".