Elisa de la Nuez: «El modelo judicial en España está demasiado politizado»

¿La democracia en España está en crisis?

Hay una cierta crisis en España y en muchos países de nuestro entorno. Lo vemos en democracias más consolidadas como puede ser Reino Unido o Estados Unidos. Es una cosa de nuestra época. Viene unido a la polarización y a la aparición de partidos en los extremos. Dentro de ese marco general sí que hay un deterioro, sobre todo institucional, que viene de lejos. Y no se está haciendo ningún tipo de reforma, no se está combatiendo esta situación, entonces uno percibe que vamos hacia abajo. De forma lenta, pero sí como una tendencia a peor en cuanto a calidad institucional, la corrupción y la calidad de la democracia.

¿A quién o qué responsabiliza de la degradación?

Es una situación que se produce desde hace muchos años. Hubo una ventana de oportunidad cuando aparecieron los nuevos partidos y el movimiento 15M porque estos temas sí preocupaban mucho. La corrupción, la erosión institucional, etc. Pero lamentablemente esta ventana se ha cerrado. Y nos encontramos un poco de vuelta en el punto de partida y yo diría que incluso peor. Hemos sustituido el bipartidismo, responsable de muchas de las cuestiones de corrupción y de erosión institucional, por un bibloquismo donde los partidos están muy condicionados por formaciones ya a los extremos. Esto hace que la solución del problema sea muchísimo más difícil porque las reformas estructurales que necesitaríamos para revitalizar un poco nuestra democracia y nuestras instituciones solo se pueden hacer desde un consenso muy amplio.

¿Qué reformas estructurales deberían abordarse en la próxima legislatura?

Lo resumiría de una forma muy concisa: despolitizar las instituciones. Básicamente las de contrapeso, las que sirven de límites al poder. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y te diría también despolitizar las propias administraciones públicas. Que esa penetración de la política que es ya muy profunda en todas y cada una de nuestras instituciones y de nuestras administraciones públicas se retire para que puedan ser de verdad lo que deben ser, profesionales neutrales que sirvan de contrapeso de la toma de decisiones políticas.

¿La justicia en España está más politizada que en otras regiones de Europa?

La inmensa mayoría de los jueces, lo que llamarían digamos la jueces de base, no están politizados. El problema es la cúpula del Poder Judicial, muy destacadamente el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que designa a los jueces más importantes. El problema se concentra ahí, pero arroja sospechas sobre todo el sistema. Son pocas personas, pero muy relevantes y muy visibles. No es un problema de toda la justicia española, pero sí es un problema en la cúpula judicial. El caso de España es de una lenta decadencia. No es el diseño constitucional, pero luego el problema viene con la práctica de los partidos a lo largo de estos últimos casi 40 años. Lo que hemos visto es una reparto de cuotas de partidos. Y no son los estándares europeos. De ahí que todo el rato nos están diciendo «ojo, esta no es la forma de hacerlo». Nuestro modelo está demasiado politizado y de alguna forma lo hemos ido normalizando.

¿Habría que acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia?

Hay que acabar con estos casos con una regulación que diga que no puedes volver directamente de la política a la carrera judicial. Puede establecerse un periodo de tiempo, lo que se llama un periodo de enfriamiento que normalmente se pone en dos años, o se puede establecer que el juez que se quiere pasar a la política ya no puede volver a ser juez, que digamos sería el sistema más radical. Quizá nosotros deberíamos empezar con un modelo de estar dos años fuera del sistema judicial. También es importante que estas personas que vuelven a la política no se les compute, a efectos de antigüedad, todo el tiempo que han pasado en política. Esto provoca que asciendan más rápido que otras personas que sí que han seguido desempeñando labores jurisdiccionales.

¿La irrupción de Vox en las instituciones pone en peligro al Estado?

Desde luego no es una buena noticia por dos razones. Primero, porque limita enormemente la posibilidad de hacer reformas necesarias y transversales. Y segundo, porque creo que va a poner el foco en otro tipo de cuestiones. Realmente si llegan a gobernar en coalición con el PP, estos intentarán limitar la acción. Como hizo el PSOE con Podemos, dándole cosas que no sean muy esenciales para el sistema. Sí que creo que el discurso puede incorporar ciertos riesgos como la ruptura de grandes consensos como por ejemplo sobre el estado autonómico o sobre temas de igualdad. Me temo que pronto lo veremos.

Usted es defensora de reformar la Administración y es un tema que lleva años sobre la mesa, pero nunca se lleva a cabo. ¿Es una idea utópica?

Que sea una idea utópica es un problemón. Las administraciones públicas tienen una plantilla súper envejecida, una tasa de temporalidad elevadísima, falta de capacidad en el tema de la cita previa, en el tema del SEPE, y en el tema del Ingreso Mínimo Vital, entre otras cosas. No llegan con los recursos que tienen a atender a la ciudadanía y ya no es un tema simplemente de lejanía, es un tema de falta de capacidad suficiente para atender todas esas obligaciones que han ido asumiendo. Yo creo que esto no podrá aguantar mucho más, se está jugando la propia eficacia de las políticas públicas. Si el brazo ejecutor no funciona, tienes un problema. A mí lo que me fascina es que esto, que me parece muy evidente, no sean capaces de verlo.

Y si es tan evidente, ¿por qué nadie se atreve a abordarlo?

Es un problema que está hiper diagnosticado, pero al final, por una cosa u otra, nadie se pone. Da la sensación de que realmente no es algo que lo consideren muy serio, muy esencial y de verdad que yo no me lo explico.

En Canarias se han dado varios casos de corrupción en los que tras largos proceso judiciales estos acaban sin detenciones. ¿Se está persiguiendo cómo se debe la corrupción en España?

La justicia es siempre el último remedio. No es que no esté preparada, es que ningún sistema judicial, por potente que sea y el nuestro no es especialmente potente, puede estar preparado para una avalancha de casos de corrupción. Además son muy complejos desde el punto de vista de la instrucción. Estás investigando a personas que tienen poder político y que pueden hacerte la vida imposible. Lo que hay que hacer es prevenir la corrupción, es decir, poner mucho antes las barreras. Por supuesto entiendo que la gente se desespere porque los procedimientos se eternizan.

¿Cuáles son esas barreras?

Las barreras básicamente consisten en tener una función pública o unos empleados públicos que sean capaces de contrapesar a los poderes políticos. Que los funcionarios puedan decir «no» a un alcalde y no les pase nada por ello. Es un problema en un sistema muy politizado donde el que tiene que decir que «no» depende mucho del político en cuanto a su carrera profesional pero también en cuanto a sus ingresos. 

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