La rebaja del IGIC se aleja ante la incertidumbre en la política estatal

La incertidumbre y los problemas se acumulan en la Consejería de Hacienda para la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2024. Las elecciones generales del 23J y la inestabilidad en la que está sumida la política nacional prorroga previsiblemente el presupuesto del Estado porque no habrá nuevo Gobierno al menos hasta noviembre, sin tiempo real para confeccionar unas nuevas cuentas antes del 31 de diciembre.

El departamento que dirige Matilde Asián mantiene su hoja de ruta para que la Comunidad Autónoma tenga ley de presupuestos el próximo año pese a no tener ni techo de gasto fijado ni las entregas a cuenta que debe transferir el Gobierno central del sistema de financiación autonómica. Asimismo, aumentan las dificultades para cumplir en las cuentas del próximo año el compromiso electoral de bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%.

La consejera de Hacienda advierte que aún es «muy prematuro» para confirmar si la rebaja del principal impuesto canario se incluirá en el presupuesto de 2024 «cuando ni siquiera sabemos las entregas a cuenta que vendrán del Estado para financiar los servicios públicos». Pero Matilde Asián añade otro factor que se ha detectado por el nuevo equipo de Hacienda y es que «hemos encontrado insuficiencias de crédito en muchos departamentos y la prioridad es atenderlas antes que nada», añade.

La titular de la Consejería asegura que el Gobierno no ha cambiado de opinión sobre esta rebaja fiscal que «se realizará tan pronto se pueda», aunque en el escenario actual no se puede aún determinar si irá en las cuentas de 2024 o si será lineal o selectiva porque «se hará una vez cubiertas las insuficiencias de crédito», es decir, carencias de fondos suficientes en determinadas áreas del Ejecutivo.

Asián recuerda que la recaudación del IGIC ha marcado un récord histórico –en 2022 los ingresos por ese impuesto alcanzaron los 1.890 millones de euros, con un 45% de incremento– y que hace una década se incrementó el tipo general «de forma transitoria», por lo que es razonable reducirlo para aliviar el bolsillo de la población, aunque en la difícil coyuntura actual insiste en que «se hará cuando se pueda».

La consejera de Hacienda admite que cuando se convocaron las elecciones generales para el 23 de julio no se calculó la repercusión que podía tener sobre la elaboración del presupuesto. Pero el calendario político nacional es endiablado y la posibilidad incluso de que haya una repetición electoral deja en la incertidumbre la información básica del presupuesto.

No es la primera vez que se prorrogan los presupuestos del Estado y Canarias ha contado con cuentas autonómicas, sin embargo «quizá ahora la incertidumbre es mayor» porque a la inestabilidad estatal hay que añadir el retorno de la disciplina fiscal europea en 2024, cuyo alcance real también se desconoce más allá del criterio general de que el déficit público anual no debe superar el 3% del PIB y que el volumen de deuda pública tiene que situarse en el 60% o menos. España supera estos dos parámetros y tendrá que apretarse el cinturón para cumplir con Bruselas.

Previsiones

Matilde Asián mantiene que «lo mejor es tener un presupuesto propio para atender las necesidades de los canarios en 2024, que no son las mismas que en 2023». Por ello, la Consejería de Hacienda dictó una Orden para que los centros directivos trasladen sus previsiones presupuestarias de gasto para el próximo año. En septiembre, se mantendrán las reuniones bilaterales entre el equipo de Hacienda y los departamentos autonómicos para fijar el gasto de cada uno.

A la misma vez, la consejera espera que el Ministerio de Hacienda aclare a las comunidades autónomas algunos pormenores esenciales para poder determinar el techo de gasto, entre ellos las entregas a cuenta, ya que si se mantienen las de 2023 el presupuesto canario tendrá más dificultades en su elaboración. Antes de esta fase, Hacienda tuvo que cerrar la previsión de ejecución al cierre de 2023 y, en este análisis, es cuando se han detectado algunas insuficiencias de crédito «que es lo que tenemos que resolver en estos momentos», advierte Asián.

La titular de Hacienda puntualiza que no es lo mismo el gasto ejecutado que el comprometido, que es muy superior, así como el crédito dispuesto frente al crédito disponible, que es donde se detecta si hay algún tipo de carencia.

El calendario oficial establece que, en octubre, el Gobierno tiene que debatir y aprobar el proyecto de ley de los presupuestos para trasladarlo al Parlamento antes de que finalice el mes, para que la Cámara pueda debatirlo y aprobarlo antes del 31 de diciembre. Matilde Asián tiene la voluntad de cumplir con el calendario pero admite que puede darse «cierto retraso» en el mismo si el Gobierno central retrasa las entregas a cuenta «que es lo que más me preocupa».

Por ello, la consejera insiste en que el Estado convoque a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera u otro tipo de reunión para aclarar el panorama con vistas a 2024. «Es verdad que el Gobierno en funciones no puede aprobar leyes pero sí deben seguir las relaciones de fluidez normales entre las administraciones a través del Consejo o de cualquier otra fórmula, no hay motivos para que las relaciones de trabajo se cierren porque el Gobierno esté en funciones», cuestiona. Por ello, Hacienda se dirigirá en los primeros días de septiembre al Ministerio para insistir en que comunique la previsión de techo de gasto y las entregas a cuenta.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aplazado la tramitación de las principales cifras que servirán de base para confeccionar las cuentas: no ha validado el techo de gasto –el instrumento que marca el límite máximo de desembolsos que puede comprometer el Estado en un ejercicio–, pese a que en una situación normal tenía la obligación de hacerlo antes de finales de julio; el Ministerio de Hacienda tampoco ha dictado la orden para que el resto de los ministerios empiecen a calcular cuántos recursos requerirán en 2024, algo que suele ocurrir a principios de verano. Tampoco ha aprobado los objetivos de déficit y deuda pública para el próximo año.

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