Administración autonómica | Nuevo organigrama del Ejecutivo

La estructura del segundo gobierno de Clavijo se amplía con 26 cargos más

Hay un 20% de incremento de altos cargos frente al ‘pacto de las flores’

Se crean 19 direcciones generales y aumentan en nueve las viceconsejerías

Imagen del acto oficial de toma de posesión de los doce consejeros y consejeras del Gobierno regional.

Imagen del acto oficial de toma de posesión de los doce consejeros y consejeras del Gobierno regional. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Muchas caras nuevas, nombres históricos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), otros que vuelven después de varios años y hasta 26 altos cargos de nueva creación, con denominaciones transformadas o desgajadas de anteriores departamentos y novedosas responsabilidades. Tras la celebración de cuatro consejos de Gobierno desde que se inició el actual mandato, el Ejecutivo tiene aún nueve altos cargos pendientes por nombrar pero ya ha ido desgranando desde julio un organigrama amplio, con funciones hasta ahora inéditas y complejo por la estructura con la que se ha dotado. Hay alrededor de un 20% más de altos cargos, 131 frente a los 107 anteriores, sin contar al presidente, vicepresidente y consejeros; con un incremento significativo de direcciones generales –19 más– y nueve viceconsejerías más frente a las que había en el pacto de las flores.

Cada nuevo Gobierno que entra en la Comunidad Autónoma modifica y varía el organigrama por cuestiones de distribución de puestos o reparto de cargos entre los partidos que forman parte del Ejecutivo. También las prioridades políticas y la impronta que quiere dejar cada equipo que entra en el Ejecutivo condicionan su estructura. Antes de la reforma del Estatuto en 2018 había un límite de consejerías, que era de 10 más la Presidencia del Gobierno. Había alternativas para sortear esos límites como hizo Paulino Rivero cuando creo tres agencias como entes públicos o la primera legislatura de Fernando Clavijo con el Comisionado de Lucha contra la Pobreza, figura que ha vuelto a la estructura del Gobierno, también con Clavijo, con el Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), que tiene rango de consejero.

La crisis económica y financiera de 2008 obligó a Rivero a reducir las consejerías del Ejecutivo a ocho. Después Clavijo las llevó de nuevo al límite de 10, estela que siguió Ángel Víctor Torres. Ahora sin límites estatutarios, el líder de CC ha incrementado el número de consejerías a 12 tras dividir los departamentos de Educación y Transición Ecológica desgajando Cultura y Universidades y Política Territorial en consejerías con su propia estructura.

A estas divisiones y trasvases de altos cargos de unos departamentos a otros se unen las prioridades que se ha marcado el pacto CC-PP en esta XV legislatura y que ha propiciado la creación de nuevos cargos en áreas como Educación, con la potenciación de la Formación Profesional –una viceconsejería y dos direcciones generales– , los deportes –de una Dirección General se pasa a una Viceconsejería y dos direcciones generales– y Bienestar Social y Sanidad, con la creación de nuevas áreas especializadas que no existían antes.

El departamento que más crece en esta nueva etapa es Presidencia del Gobierno, que acumula 19 altos cargos. Una de las principales novedades es que el ente Radiotelevisión Canaria (RTVC) pasa a estar adscrito a Presidencia cuando en la legislatura pasada estaba bajo la órbita de la Consejería de Hacienda. También el Consejo Económico y Social (CES) se vincula a Presidencia y deja de depender de Economía y Empleo. También los servicios jurídicos dejan de estar adscritos a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y vuelven al área de Presidencia, creándose una nueva Dirección General de los Servicios Jurídicos además de la Viceconsejería que ya existe de legislaturas anteriores. Como ya ocurrió en su primer mandato, el departamento que encabeza el presidente Clavijo vuelve a coger bajo sus riendas la Dirección General de Relaciones con África, que el Gobierno anterior modificó y puso bajo la esfera de Economía.

Junto a esta reestructuración también se incorpora a Presidencia la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, la antigua Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, además de crear la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos.

La Consejería de Sanidad acumula también 19 altos cargos si se suman los directores de las áreas de salud de las siete islas. El departamento amplía sus funciones y crea tres nuevas direcciones generales para atender necesidades específicas a las que se había comprometido el pacto. De esta forma se constituyen las direcciones generales de Salud Mental y Adicciones, del Paciente y Cronicidad y de Relaciones Exteriores e Inspección en la órbita del Servicio Canario de Salud.

La separación de Educación y Cultura lejos de suponer una redistribución de cargos los amplía con los nuevos retos que asume el pacto de gobierno y que se centran en potenciar la formación profesional y la actividad física. En el caso de ésta última de un solo cargo que había hasta ahora –Dirección General de Deportes– surgen dos más con la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y la Dirección General de Deportes Autóctonos. También la formación profesional genera la creación de una Viceconsejería y Dirección General que se añaden a la ya existente de la legislatura anterior, aunque con la modificación de la nomenclatura.

En otras áreas también se crean nuevas estructuras o se dividen otras en respuesta a los nuevos criterios políticos comprometidos por nacionalistas y populares. Se crean nuevas direcciones generales como una específica para Autónomos, dentro de la macroárea que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez. En Obras Públicas la asunción de las competencias en gestión del litoral, asumidas este año por la Comunidad Autónoma, han propiciado la creación de la Dirección General de Costas. A la Consejería de Hacienda está adscrito el nuevo Comisionado del REF, que tiene rango de consejero.

Seguridad/Emergencias

En Presidencia y Administraciones Públicas la antigua Dirección General de Seguridad y Emergencias se divide en dos y la consejera Nieves Lady Barreto asume Seguridad, mientras que el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, se encarga de Emergencias en una nueva dirección general. En este mismo departamento surge la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico, como respuesta al compromiso de abordar de forma particular el incremento poblacional en unas islas frente a la despoblación de otras y el impacto sobre el territorio y los servicios públicos. Otra de las principales novedades del pacto es la Viceconsejería creada en el departamento de Presidencia y Administraciones Públicas para gestionar la reconstrucción de La Palma.

En la Consejería de Bienestar Social se ha acometido también una reestructuración y se han creado nuevas direcciones generales, de tal forma que el área de Dependencia y Discapacidad se separan en dos direcciones generales diferentes y, además, se crea el departamento de Mayores y Participación Activa.

En medio de tanto cargo público, una parte de ellos funcionarios o expertos de perfil técnico, hay rostros conocidos que se fueron de la primera línea y han regresado, otros que estuvieron en mandatos anteriores y retornan al Ejecutivo y los que siguen en la brecha política de alguna u otra forma. En el área de Presidencia del Gobierno, por ejemplo, tres caras conocidas vinculadas a la formación nacionalista, dos de ellas expresidentes del Cabildo de La Palma: Guadalupe González Taño y José Luis Perestelo, éste último retirado hace algunos años y que ahora asume la Viceconsejería de Acción Exterior. También regresa Luis Padilla al frente de la Dirección General de Relaciones con África. En Vicepresidencia se sitúa como cargo de confianza de Manuel Domínguez una histórica del PP como es Auxiliadora Pérez.

También en las consejerías del PP asumen responsabilidades dirigentes que han ocupado cargos en otras administraciones como es el caso de Felipe Afonso, hasta hace unas semanas adjunto al Diputado del Común; Ángel Sabroso, que ha dejado el Ayuntamiento capitalino para asumir la nueva Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes; la exdiputada Ana Zurita al frente de Industria; Miguel Ángel Morcuende, que dirigió las labores técnicas de la erupción volcánica de La Palma, en Política Territorial o Lorena Hernández, exdiputada regional, al frente de la novedosa Dirección General de Deportes Autóctonos.

Otros rostros conocidos vinculados a CC son el director del Instituto Canario de la Vivienda, el exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, y el dirigente nacionalista gomero Víctor Chinea. Miguel Ángel Clavijo, tío del presidente del Gobierno, vuelve al área de Cultura y Patrimonio en la que ya estuvo entre 2015 y 2019, al igual que el dirigente grancanario Francis Candil, que regresa a la Viceconsejería de Asuntos Sociales. Ciro Gutiérrez en Universidades y Gabriel Megías en Hacienda son también dirigentes de perfil técnico que vuelven a ocupar los mismos puestos.

Como curiosidad, hay dos altos cargos que permanecen al frente de sus responsabilidades procedentes de la legislatura del pacto de las flores. La directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, se mantiene en su puesto cuando ya está prácticamente al 90% el organigrama del nuevo Gobierno. Rodríguez fue nombrada en 2019 por el pacto anterior pero en la legislatura 2015-2019 fue subdirectora de formación del SCE. Por su parte Raquel Peligero, designada por el equipo anterior de Hacienda como directora de la Agencia Tributaria Canaria, ha sido ratificada en su puesto por la actual consejera Matilde Asián.

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Con la nueva composición del Gobierno CC-PP el gasto en sueldos de los altos cargos supera los siete millones de euros, tomando como base las retribuciones que figuran en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2023. Este gasto se refiere exclusivamente a presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros y directores generales y asimilados. A estas cantidades hay que sumar las remuneraciones de jefes de gabinete, asesores, gabinetes de prensa, personal de confianza, empleados eventuales, etcétera. Según las cuentas autonómicas, el presidente del Ejecutivo tiene unos ingresos anuales de 76.823 euros brutos, mientras que el vicepresidente cobra 73.365 euros al año. Los consejeros tienen unas retribuciones que suman 70.994 euros, mientras que los viceconsejeros tienen unos ingresos de 64.257 euros anuales. Los directores generales y cargos asimilados con el mismo rango cobran 63.466 euros. A estos ingresos hay que sumar las dietas, indemnizaciones y demás conceptos que conllevan el cargo público. El mayor gasto retributivo es el de los directores generales, que se eleva a 4,1 millones de euros. | R.A.D.

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