Canarias pide al Estado financiar a las comunidades para que acojan menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, exigirá al Estado que aporte suficiente dinero a diferentes comunidades autónomas para que estas acojan a menores migrantes no acompañados que llegan a las islas de manera irregular en cayucos o pateras.

Delgado aclaró que las diferentes regiones no se oponen a adoptar esta medida de solidaridad y responsabilidad, pero lo lógico es que el Gobierno del Estado les ofrezca la financiación suficiente para que atiendan de manera integral este fenómeno, que, por ahora, ha asumido el Archipiélago casi en solitario. Es decir, que puedan crear plazas "de la noche a la mañana" y se doten del personal especializado suficiente.

Así lo reivindicará el Ejecutivo canario en la próxima Conferencia sectorial de Infancia y Familia del Estado, donde estarán presentes todas las regiones y que todavía no se ha convocado.

En los últimos años, sólo 370 menores migrantes no acompañados han salido de Canarias para ser atendidos por otras administraciones regionales. Y, en base a los datos actualizados aportados por la consejera, el Ejecutivo autónomo canario tiene tutelados a 2.895 menores migrantes no acompañados.

Así lo expuso Candelaria Delgado poco antes de la apertura del Encuentro estatal sobre planificación en gestión de las migraciones, diversidad cultural y convivencia social desde las administraciones públicas (Migradmi), que se celebra en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL).

Para Delgado resulta importante que las administraciones públicas trabajen de forma coordinada con las entidades del Tercer Sector, que muchas veces trabajan con la población migrante en el Archipiélago. Estima que las citadas jornadas deben servir para mantener esa condición de tierra de acogida "que hemos sido siempre" y, de forma paralela, frenar ciertos discursos de odio que últimamente se producen, así como actuar desde las instituciones públicas y la sociedad civil para que la integración, "que siempre ha sido una bandera de esta comunidad", siga siendo una realidad.

Para Delgado, la convivencia y la integración es un objetivo que "todas las administraciones nos debemos poner sobre la mesa y trabajar para conseguirlo, y qué mejor manera que escuchando a las entidades, a la población migrante", a los ciudadanos ya residentes en las islas.

La representante del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Karoline Fernández de la Hoz, expuso durante su intervención en el salón de actos del edificio La Pirámide algunos de los retos a los que se enfrentan las administraciones a la hora de integrar a la población migrante.

Uno de ellos es el conjunto de crisis sucesivas que se han registrado en los últimos años, como la generada por la pandemia del covid-19 y sus efectos económicos, así como la provocada por la guerra de Ucrania. Para Fernández de la Hoz, en estas situaciones la brecha de desigualdad causa que los inmigrantes sean los más afectados.

La portavoz de Oberaxe, que es doctora en Medicina y especialista en Epidemiología, mencionó el comentario que le hizo un compañero de profesión, quien le dijo que, en los peores momentos de la pandemia, en un hospital de Madrid había un 50 por ciento de ciudadanos extranjeros, cuando, según los datos oficiales, en el padrón sólo representan el 15%.

Un segundo desafío se halla con los hijos de los migrantes, que son españoles de pleno derecho, pero que no siempre son vistos de esa manera por una parte de los españoles. En base a los datos aportados por Fernández de la Hoz, tras obtener titulación universitaria, el 7 por ciento de los descendientes de migrantes logran trabajos de tipo técnico, mientras que ese porcentaje asciende al 21 por ciento en el caso de los hijos de españoles.

Como tercer reto señaló la polarización de los discursos sobre inmigración, puesto que en muchas ocasiones se utiliza esta realidad social "como un arma política".

Aclaró que otro de los puntos que las administraciones públicas deberían abordar es la lucha contra la xenofobia, puesto que este es el primer motivo de los delitos de odio en España. De los 1.724 delitos de odio conocidos por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en 2021, 639 de ellos tuvieron un móvil racista o xenófobo, categoría que crece un 24,08 por ciento respecto de los computados en 2019.

Carlos Giménez Romero, uno de los mayores expertos de España en materia migratoria e integración, recordó que Canarias se ha situado a la vanguardia internacional en materia de búsqueda de la convivencia, gracias a proyectos como el plan Convive, que ha recogido las inquietudes de ciudadanos nacionales y migrantes en las ocho islas habitadas del Archipiélago.

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