El Tribunal de Cuentas respalda la gestión del SCS en el ‘caso mascarillas’

El Tribunal de Cuentas decidió decretar el «arhivo provisional» de las investigaciones sobre los trámites administrativos llevados a cabo por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en el conocido como caso mascarillas, ratificando así el acta provisional del pasado mes de febrero en la que se descartó la existencia de cualquier delito contable y, por lo tanto, queda cerrado el expediente dentro de este organismo nacional.

Después de analizar el contenido de todas las alegaciones e informes, el Tribunal de Cuentas da por buena la actuación administrativa del SCS en el caso mascarillas, en el que están imputados su exdirector, Conrado Domínguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa; además del administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

Este decreto, contra el que cabe interponer recurso de reposición, insiste en que «no habiendo solicitado ninguna de las partes la continuación del procedimiento, antes bien, habiendo sido solicitado por ellas, tanto su archivo provisional como la suspensión, procede acordar el archivo provisional de los autos, los cuales habrán de permanecer en dicha situación en tanto las partes no soliciten su reanudación o se produzca la caducidad de la instancia».

De esta forma, el Departamento Primero de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador nacional da por buena el acta provisional que concluyó que la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL a través de un contrato de emergencia para el suministro de un millón de mascarillas no constituyó un «daño real y efectivo a los caudales públicos», a pesar de que el material de protección para los sanitarios nunca llegó a los hospitales canarios.

Tras investigar las presuntas irregularidades del contrato entre el SCS y RR7, la instructora destacó en su momento que la Agencia Tributaria Canaria ya inició un procedimiento de apremio para rescatar el dinero y que, aunque todavía no se ha hecho el ingreso de los cuatro millones de euros, no cabe apreciar responsabilidad contable «al haberse activado todos los mecanismos legales oportunos para recuperar los fondos públicos indebidamente abonados», de manera que se pueda evitar daños a los caudales públicos.

En su momento, el letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias que lleva el caso mascarillas manifestó su plena conformidad con el contenido del informe provisional del Tribunal de Cuentas, en un acto en el que no compareció ningún representante del Ministerio Fiscal.

Como se recordará, la Audiencia de Cuentas de Canarias avaló en julio de 2022 la gestión del SCS con respecto al expediente de la compra a RR7 de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de 3M, que ofrecía una protección superior a la FFP2.

El organismo de fiscalización autonómico entendió entonces, como ahora ratifica el Tribunal de Cuentas estatal, que dada la excepcionalidad del momento se necesitaba la autorización del Consejo de Gobierno para acreditar la adquisición de material sanitario con el que hacer frente a la pandemia. Además, justificó que el SCS recurriera a proveedores no habituales para la compra de equipos de protección, puesto que el mercado internacional estaba tensionado y los agentes del sector carecían de capacidad para responder a las demandas urgentes y masivas de las administraciones públicas.

Ese informe provisional de la Audiencia de Cuentas se envío tanto a la Fiscalía, como al Tribunal de Cuentas, que prosiguió con sus propias investigaciones y solicitó a la Comunidad Autónoma toda la documentación relacionada con la contratación de RR7 y el pago de las mascarillas.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas denunció la relación comercial entre el SCS y RR7 ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzó la instrucción, pero se vio obligado a inhibirse en favor de la Fiscalía Europea. De esta forma, el caso pasó a manos del Ministerio Público comunitario que, además, revisa otras once contrataciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma durante la pandemia con fondos Feder.

A raíz de la avocación de las actuaciones en favor de fiscalía de Europa, la defensa de Domínguez solicitó la nulidad de las actuaciones impulsadas po el juez Francisco Javier García García-Sotoca, ya que consideró que sabía desde el inicio de la instrucción que existía relación con fondos europeos. Así, destacó que aun sabiendo que no era competente en la materia, siguió dirigiendo esta fase de investigación en lugar de dar traslado al órgano judicial que tenía esa autoridad.

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