El Gobierno canario ya vigila el teletrabajo de sus funcionarios

La Consejería de Presidencia constituyó el 24 de noviembre un Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Teletrabajo en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cuyo objetivo es garantizar que "esta modalidad, que no es mala en sí misma", se ejerce de forma "correcta y responsable" por parte de los empleados públicos.

Así lo afirmó la consejera del área, Nieves Lady Barreto, quien también recordó que el teletrabajo "no es un derecho de los funcionarios públicos" y que "igual que se otorga, se puede quitar".

Estos fueron los dos claros mensajes que lanzó la consejera durante su comparencia en la Comisión de Gobernación para, a instancias de la diputada del PP Mónica Muñoz, explicar las medidas de regulación del teletrabajo puestas en marcha por el Gobierno regional.

"Hay puestos de trabajo que deben ser presenciales los cinco días a la semana. y por ello cada centro directivo de la Administración pública será responsable de que el teletrabajo se aplique de forma correcta", insistió Barreto.

El decreto más restrictivo

La consejera de Presidencia recordó que el decreto vigente lo aprobó el Gobierno del pacto de las flores a escasas dos semanas de la celebración de las elecciones autonómicas y locales del pasado mes de mayo, por lo que "pese a ser una buena norma, y de las más restrictivas en comparación con el resto de comunidades autónomas, no se ha podido comenzar a aplicar hasta noviembre".

Precisamente, ese decreto establece que el teletrabajo posibilita que el personal laboral de las administraciones públicas pueda desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, "sin que por ello la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada".

En base a esta premisa, el mismo decreto establece que teletrabajar es un "forma extraordinaria de prestación de servicios, siendo la ordinaria la presencial".

Cada centro de trabajo público será responsable de que la ciudadanía reciba un buen servicio

Es más, solo unos 3.500 de los 70.000 trabajadores públicos están regulados por el citado decreto, ya que del mismo "quedan excluidos del ámbito de aplicación" de la citada normativa "el personal al servicio de la Administración de Justicia, el personal en centros, servicios y establecimientos educativos, el personal en centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Canario de la Salud, el personal en centros sociosanitarios, el personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria y el personal de las entidades públicas empresariales".

No obstante, todos ellos pueden estar sujetos a "una regulación específica" de teletrabajo que tendrá en cuenta "las peculiaridades de los colectivos llamados a su desempeño".

La consejera Barreto recordó también que, hasta ahora, el teletrabajo se ha regulado en base a "planes individualizados y los centros directivos no controlaban si esos planes de teletrabajo eran eficientes". Desde noviembre, se aplica el artículo 6 del decreto, de tal manera que "las personas titulares de los centros directivos" son las que establecen "criterios e instrucciones de tipo organizativo en función de la naturaleza y competencias que permitan una correcta aplicación" de la normativa.

Derecho de la ciudadanía

"Es importante que las personas que acuden a la administración tengan claro que si el desempeño de un empleado en teletrabajo no es óptimo, no teletrabajará", insistió la consejera.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en las tesis expuestas por la consejera, insistiendo en que esta modalidad de prestación de servicios, "que ha venido para quedarse", no puede traducirse en una rebaja de la calidad del servicio público que perjudique a la ciudadanía.

Así, la conservadora Muñoz recordó que "el acceso a los servicios públicos es un derecho de la ciudadanía", incidiendo en que el teletrabajo también ha puesto de relieve la "brecha digital" que existe en Canarias, donde un gran número de población "se tuvo que enfrentar a plataformas gubernamentales poco intuitivas que dificultan las relaciones con la Administración".

Desde la pandemia sanitaria este tipo de prestación de servicios «ha venido para quedarse»

"No podemos permitir que la tecnología se convierta en una barrera para el acceso a los servicios públicos, sino que los faciliten", remachó la portavoz del PP.

La totalidad de las fuerzas parlamentarias remarcaron que, como resumió el herreño Raúl Acosta, "si la percepción ciudadana no suele ser demasiado benévola respecto al funcionariado, acusado de escabullirse, no podemos permitir que el teletrabajo se pueda ver pervertida por un mal uso".

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