Un pleno de media hora y una comisión rompen las ‘vacaciones’ del Parlamento

El mes de enero, tradicionalmente, es inhábil en el Parlamento de Canarias, pero la celebración de un pleno extraordinario y una comisión de cabildos obligarán a que sus señorías tengan que volver a la Cámara para aprobar el decreto ley de reconstrucción de la isla de La Palma.

Concretamente, la Mesa de la Cámara fijó el pasado 19 de diciembre una sesión plenaria extraordinaria el 17 de enero, a las 10:30 horas, «a efectos de convalidación o derogación», del citado decreto ley de Medidas en Materia Territorial y Urbanística para la Recuperación Económica y Social de la Isla de La Palma tras la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja.

Además, como es posible que haya que dar audiencia a los cabildos (ya que es una norma que afecta a planes de ordenación insular), quedó habilitado el día 11 de enero, a las 12:00 horas, para celebrar la Comisión General de Cabildos si así lo estiman oportuno las corporaciones insulares.

Será, por tanto, una sesión plenaria que los diputados solventarán en un debate de apenas media hora, pero que obligará a movilizar todos los servicios de la Cámara y del propio Gobierno, con el coste que ello conlleva.

Con todo, el próximo período de sesiones, que reglamentariamente arranca en plenos carnavales, vendrá marcado por el Debate sobre el estado de la Nacionalidad que se celebrará en la última semana del mes de marzo con tres días de duración.

Será el primer debate de estas características al que se someterá el presidente Fernando Clavijo en esta su segunda etapa al frente del Gobierno de Canarias, y en el mismo el jefe del Ejecutivo pondrá sobre la mesa lo que ha conseguido desde su investidura y explicará a la Cámara sus objetivos para los próximos doce meses.

Es la cita parlamentaria, junto a la de investidura y la de los presupuestos, más importante que se celebra en el hemiciclo y en la misma, sin duda, estarán presentes los asuntos que marcarán el devenir político y social del Archipiélago durante el año: desde la modificación del sistema de financiación hasta las recientes modificaciones del REF, pasando por la quita de deuda a las Islas o el Plan por la Productividad que anunció en noviembre el propio Clavijo y que, según se explicó durante el debate presupuestario, ya están elaborando varias consejerías del gabinete formado por CC y PP.

Precisamente, ya hay registrada una comparecencia del socialista Gustavo Matos para que la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, explique en la Cámara «las propuestas en favor de la clase trabajadora canaria para mejorar la productividad anunciada por el presidente del Gobierno», y otra de la titular de Hacienda, Matilde Asián, con la que el canarista Luis Campos pretende conocer el parecer del Ejecutivo «sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Estado, extensible al resto de comunidades autónomas de régimen común, y su repercusión en Canarias».

Evidentemente, el Régimen Económico y Fiscal (REF) volverá a ser portagonista de plenos y comisiones, y no solo porque se debatirrá sobre las repercusiones de la transposición de la directiva europea para garantizar una imposición mínima global del 15% sobre el resultado contable del Impuesto de Sociedades (IS) a las multinacionales, cuyo anteproyecto legislativo fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y puede afectar al fuero isleño.

Además, a partir de febrero se iniciarán los trabajos de la comisión parlamentaria creada ad hoc para analizar la necesaria modernización del REF.

Unos debates que incluirán proceder a una nueva redacción del Estatuto de Autonomía que, de alguna manera, refuerce la necesidad de que no se haga ninguna modificación del fuero sin el visto bueno previo de la Cámara regional.

Además de este refuerzo estatutario que se pretende desde CC, PP y NC-Bc, la comisión analizará los principales problemas socioeconómicos y sus causas, llevará a cabo una evaluación del funcionamiento de los instrumentos actuales para proponer mejoras más eficaces y formulará propuestas de nuevos instrumentos económicos y fiscales.

Órganos parlamentarios

Al margen de estos debates de profundo calado político y económico, el inicio del período de sesiones también estará marcado por las negociaciones para proceder a la renovación de los cuatro órganos dependientes de la Cámara autonómica y que tienen el mandato caducado desde hace varios meses: la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, la Diputación del Común y el Comisionado de Transparencia.

Los grupos del cuatripartito gubernamental ya han trasladado una propuesta a los socialistas y estos consideran que enero es el mes indicado para negociar una solución alternativa, pues el PSOE no está conforme con lo planteado por CC, PP, ASG y AHI. El reparto puesto sobre la mesa  deja la situación igual que hace cinco años, a excepción del Comisionado de Transparencia, que lo designaría el PP, lo que no termina de convencer a los socialistas.

Para el PSOE,  mantener la designación como en 2018 no refleja el actual mapa electoral de Canarias, pues ahora son los socialistas, y no CC, los mayoritarios en el Parlamento, al haber pasado de 15 a 23 diputados y los nacionalistas convertirse en segunda fuerza en número de escaños.

Por este motivo, los socialistas intentarán durante enero incrementar a dos sus representantes en el Consejo Consultivo e, incluso, presidir este órgano.

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