La Policía Canaria inicia el despliegue territorial por las islas 14 años después

El pacto CC-PP ha apostado claramente porque esta legislatura sea la del despegue definitivo del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con dos retos: negociar con el Estado su financiación, a semejanza de otros cuerpos autonómicos, e iniciar el despliegue territorial de efectivos en las islas no capitalinas con bases permanentes. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya ha empezado a dar pistas sobre su planificación y, por lo pronto, ya se apunta a que Lanzarote y La Gomera serán las primeras islas que contarán con agentes estables de la Policía Canaria. No obstante, en el plan estratégico del cuerpo se pretende incluir el despliegue en todas las Islas antes de finalizar la legislatura, en 2027, siempre y cuando fructifiquen las negociaciones con el Ministerio del Interior para contar con financiación para un incremento sustancial de efectivos y medios. Este objetivo se produce casi 14 años después de la puesta en marcha del cuerpo, en 2010.

La meta de superar los 300 efectivos para poder negociar con Interior se alcanzará en 2024 con la última oferta de empleo público, cuyas pruebas fueron convocadas en noviembre. También en el último Consejo de Gobierno se aprobó el nuevo reglamento de selección y promoción de la Policía Canaria, con el que se pretende imprimir agilidad a los procesos selectivos para acelerar la incorporación de nuevos efectivos y simplificar las convocatorias con un régimen propio al margen de la normativa general para acceder a la Administración autonómica. El objetivo en los próximos años es convocar ofertas de empleo anuales con calendarios más rápidos –actualmente se dilatan los procesos entre la oferta y las pruebas hasta tres años– para acortar los plazos.

El objetivo no es otro que contar con más plantilla para poner en práctica el despliegue a otras islas a medio plazo. De hecho, también el Ejecutivo ha aprobado dotar al cuerpo de un complemento salarial de disponibilidad para incentivar a los agentes a trasladarse a islas no capitalinas de forma voluntaria.

El Ejecutivo quiere comenzar los contactos con Interior para la financiación estatal

La creación de la Policía Canaria (Ley 2/2008, de 28 de mayo), se formalizó con la intención de incorporar a 1.700 agentes en varias fases. Sin embargo se constata que, casi 14 años después de su puesta en marcha, está a punto de alcanzar los 300 policías, permaneciendo inconcluso el despliegue previsto por la ley y el Estatuto de Autonomía. Actualmente sus integrantes se dividen entre las dos únicas comisarías existentes, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas de Gran Canaria. Para sus intervenciones deben desplazarse desde esos puntos hasta las demás islas, en viaje de ida y vuelta para cubrir determinados eventos y demandas a petición de los ayuntamientos.

Las islas que parten a priori como favoritas para iniciar esta descentralización de la policía autonómica son La Gomera y Lanzarote. Sin embargo las reivindicaciones de estas islas para demandar la presencia de la Policía Canaria parten de realidades totalmente diferentes. En la isla colombina hay una falta crónica de policías locales y hay pocos efectivos para cubrir eventos masivos o asuntos de seguridad. Las autoridades gomeras piden con cierta asiduidad la presencia de efectivos autonómicos y, desde hace algún tiempo, que haya una base permanente en la isla de la Policía Canaria. Por contra, Lanzarote cuenta con problemáticas de seguridad derivadas del turismo, incremento de la población o un importante aumento de la migración irregular. Las actuales autoridades de la isla –el Cabildo lo vuelve a presidir Coalición Canaria– advierten que faltan efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que reivindica agentes permanentes del cuerpo autonómico.

Los sindicatos avisan que sin efectivos suficientes las islas capitalinas se quedan a medio gas

Pero el despliegue territorial no es solo cuestión de incremento de plantilla. También se requiere un importante aumento de recursos para infraestructuras, nuevas comisarías adaptadas a las necesidades del cuerpo, medios materiales, vehículos y equipamientos, armamento, etcétera. La Dirección General de Seguridad ya busca inmuebles públicos, aunque también se mantienen negociaciones con cabildos y ayuntamientos para la posible cesión de instalaciones y locales. Los sindicatos advierten de la necesidad de que haya un plan de seguridad antes del despliegue territorial con el fin de conocer las necesidades en seguridad de cada isla, como tienen las fuerzas del Estado. Pero también las centrales sindicales avisan de no lanzar la iniciativa con el riesgo de que las islas capitalinas se queden con pocos efectivos mientras que, al mismo tiempo, las actuales comisarías de Gran Canaria y Tenerife se encuentran en las dos capitales pero también se necesitaría que el cuerpo cuente con instalaciones al menos en las zonas turísticas.

Las dificultades por las que ha atravesado el cuerpo autonómico desde que comenzó su despliegue en el año 2010 han sido numerosas. La crisis económica y los fuertes recortes que tuvo el presupuesto autonómico cercenaron la posibilidad de su crecimiento desde el mismo comienzo y el cuerpo osciló en el centenar de agentes durante varios años con sucesivas crisis internas, ya que muchos de los agentes procedentes de otras fuerzas de seguridad volvían a irse. El llamado caso Ladrillo supuso un punto de inflexión interna que afectó a la imagen pública del cuerpo, mientras que con posterioridad varias ofertas de empleo público se vieron salpicadas por irregularidades y denuncias. Fue el anterior Gobierno del pacto de las flores el que comenzó a incrementar la plantilla de forma decidida con convocatorias de nuevas plazas ya con la intención de negociar con el Estado la financiación de los nuevos efectivos, si bien los problemas inherentes a la pandemia del Covid frenaron el desarrollo de las pruebas y se aparcaron los contactos con Interior para lograr los fondos.

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