Los sindicatos cuestionan que la Policía Canaria no llegue a las grandes zonas turísticas
Avisan que el afán por llegar a 300 agentes o ir a otras islas se hace en perjuicio de las capitalinas
Los planes para fortalecer e incrementar el Cuerpo General de la Policía Canaria han sido una constante desde que se inició esta legislatura en julio de 2023 con una planificación en la que se contempla acelerar los procesos selectivos, cambios en el sistema de acceso al cuerpo, nuevas convocatorias de ofertas de empleo, una estrategia para desplegar el cuerpo en el resto de las islas y asumir más funciones. Sin embargo, los sindicatos se quejan de que apenas se les tiene en cuenta en estos nuevos objetivos y se preguntan si también habrá despliegue en los emporios turísticos de Gran Canaria y Tenerife.
Fuentes sindicales cuestionan que se está lanzando la elaboración de un plan estratégico para llevar la Policía Canaria a otras islas –para empezar La Gomera y Lanzarote– y, sin embargo, en las islas capitalinas la presencia del cuerpo autonómico se ha limitado casi siempre a las dos capitales y apenas se le ha visto por las zonas turísticas de las dos islas grandes y por los municipios del norte. «El afán es alcanzar los 300 efectivos para negociar la financiación del Estado y ahora trasladar efectivos a otras islas pero ¿qué pasa con las grandes zonas turísticas de Tenerife y Gran Canaria? En 14 años no se ha hecho prácticamente nada en este campo», añaden.
Las centrales sindicales también recuerdan que la Policía Canaria siempre ha tenido entre sus competencias la seguridad ciudadana y el orden público y de ahí su presencia en los festejos populares en pueblos de islas no capitalinas a petición de los ayuntamientos. Ir más allá con eventos multitudinarios y manifestaciones que puedan derivar en disturbios también es una función que puede asumir el cuerpo autonómico porque así está en la legislación, aunque siempre en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las cuestiones sobre seguridad ciudadana y orden público deben tratarse en la Junta de Seguridad, órgano donde se encuentran todas las instituciones y organismos competentes en materia de seguridad, algo previsto también en la ley de la Policía Canaria de 2008.
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