Canarias acude al Constitucional para defender las competencias en Costas

El Gobierno canario mueve ficha. El Ejecutivo autonómico ha decidido, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, iniciar un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas. El Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada al hotel RIU Oliva Beach y los apartamentos anexos al complejo, ubicados ambos en dominio público marítimo-terrestre en las Dunas de Corralejo, Fuerteventura. Por lo que finalmente recurrirá al Tribunal Constitucional.

Así lo anunció esta mañana el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.

"Es la primera vez que se da por parte del Gobierno central una injerencia directa en esta competencia y por eso actuamos de esta manera", aclaró esta mañana Cabello, quien recordó que se "ha solicitado hasta en tres ocasiones" la celebración de la reunión bilateral entre Canarias- Estado para dirimir algunas discrepancias que había respecto a estas competencias, pero no ha habido respuesta. "El anterior Gobierno presidido por ángel Víctor Torres ya había solicitados hasta en dos ocasiones esta reunión", aclaró el portavoz, quien no supo aclarar si esta decisión supone una parálisis del expediente que está en marcha.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró la semana pasada que las competencias para resolver sobre concesiones de régimen transitorio, como la del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, recaen en el Estado.