El cabecilla de la trama Koldo cerró los acuerdos de mascarillas con el Servicio Canario de Salud

Uno de los cabecillas de la trama Koldo, José Ángel Escorial Senante, administrador único de la principal empresa investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, cerró vía correo electrónico con el Servicio Canario de Salud (SCS) la compra de 2,75 millones de mascarillas FFP2, por un importe total 6.875.000 euros. La Guardia Civil no se explica cómo se negociaron y cerraron las condiciones de la adjudicación. Es más, el día que el SCS formalizó el encargo a Soluciones de Gestión, el 22 de abril de 2020, a través de un correo electrónico de la directora de Recursos Económicos del servicio sanitario, Ana María Pérez, se le comunicó el pedido a la empresa.

Ese mismo día Soluciones de Gestión mandó la factura proforma firmada electrónicamente por José Ángel Escorial Senante. Y solo un día después, el 23 de abril de 2020, se recibió un primer lote de tapabocas.

En tan solo 24 horas coincidieron el encargo, la factura y la llegada de las primeras mascarillas. Por tanto, con fecha 23 de abril de 2020 se recibió una primera entrega de 526.400 mascarillas, el 25 de abril llegó un segundo pedido, de 1.261.400 mascarillas, y tres días después, el 28 de abril, 962.200 unidades. De todas estas entregas se realizaron actas de recepción, en nombre de Soluciones, por parte de Víctor Gómez García, con domicilio en Puerto de la Cruz, en Tenerife.

En total se entregaron 2.750.000 unidades de mascarillas en cinco días. Pero luego vinieron los incumplimientos, y con ellos las piruetas contractuales y administrativas del SCS, que llegaron al punto de formalizar contratos a posteriori para justificar operaciones ya ejecutadas. Resultó que 837.800 unidades, valoradas en cerca de 2,1 millones de euros, no eran FFP2. Es decir, no eran del modelo que se había pedido.

Ramificación canaria

La ramificación canaria del caso Koldo deja patente la opacidad con que se cerró la contratación de la sociedad limitada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García, que fuera asesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, y los contorsionismos que tuvo que hacer el Servicio Canario de Salud para enmendar los incumplimientos en la ejecución de los encargos. La adjudicación se fue a 12,3 millones de euros en las Islas, un 25% del total de lo contratado en el conjunto de España (54 millones de euros en 2020 y 2021).

La UCO no pudo determinar por qué en abril de 2020, en lo peor de la pandemia, se decidió que fuera Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y no cualquier otra firma, la seleccionada para suministrar material sanitario anticovid.

Lo que sí consta en los papeles de la Guardia Civil es que ese primer contrato lo firmó directamente José Ángel Escorial Senante –que fue detenido durante la operación policial y puesto en libertad con cargos– como administrador único de Soluciones de Gestión, además de estar detrás de un entramado de sociedades, algunas sin actividad, que ha ido abriendo durante años.

Una de ellas, precisamente, y que cita la UCO en su investigación, está radicada en Canarias: Modo Healthcare Services, que se dio de alta en 2015 y se dedicaba al comercio al por mayor de productos farmacéuticos, con su domicilio social en pleno corazón de la capital grancanaria , en la calle León y Castillo. Hasta diciembre de 2022 estaba inscrita en el área de baja fiscalidad de las Islas, la Zona Especial Canaria (ZEC), es decir, durante los años de la trama Koldo.

José Ángel Escorial Senante es una persona conocida por la Guardia Civil, pues el instituto armado le investigó por supuestos sobornos sobre una posible corrupción en Angola, mediante el presunto pago de mordidas a funcionarios públicos dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda, y, además, aparecía en los denominados Papeles de Panamá con dos sociedades offshore en Malta.

Las cosas de Escorial Senante

En el informe de la Guardia Civil se establece que José Ángel Escorial era administrador de Soluciones de Gestión durante los años de la distribución y cobros de materiales sanitarios, sobre todo mascarillas, a través de una de sus empresas, Purdey Investment. La UCO investiga el pago a esta última firma de una parte de los fondos adjudicados a Soluciones de Gestión. También indaga pagos a Consultoría Estrategia y Fiscalidad Corporativa, cuyo administrador es Andrés Blasco Vilches «quien se encuentra directamente vinculado a José Ángel Escorial Senante a través de diversas sociedades –Global Medical Devices, Biocon Internacional, Tota Investment Group y Lafitt Innovación–», precisa la Guardia Civil.

La UCO indica, además, que Blasco Vilches, con domicilio en Algeciras, «tiene antecedentes policiales por blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico, habiendo sido detenido por esta causa en el año 2014».

En resumen, la UCO expone que la relación contractual entre el SCS y la Soluciones de Gestión comienza aquel 22 de abril de 2020 con el pedido y la factura proforma firmada por José Ángel Escorial, pero resultó que 837.800 unidades, valoradas en cerca de 2,1 millones de euros, no eran FFP2, esto es, no eran del modelo que se había pedido.

Tras esto, para una valoración independiente, con fecha 20 de agosto, una muestra de los tapabocas fueron remitidos al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, donde se verificó que las mascarillas suministradas no tenían calificación FFP2, pero sí FFP1.

Por ello, se acordó entre el órgano de contratación y Soluciones de Gestión, como compensación a dicha situación, ofrecer al Servicio Canario de Salud las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2 valorándolas como mascarillas quirúrgicas, al precio de mercado del mes de abril, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2,1 millones de euros con 555.000 mascarillas de FFP2 .

Por eso la Guardia Civil se encuentra con un primer expediente de 2,1 millones por el «suministro de 837.300 mascarillas KN95 [quirúrgicas] y 555.000 FFP2» que se confeccionó a posteriori.

Segundo expediente

Luego hay un segundo expediente –todos están publicados en la plataforma de contratos– por la «adquisición de mascarillas protectoras FFP2». Un total de 1.910.200 tapabocas por un montante de 4.775.500 euros, justo las cifras que faltaban hasta completar los 6,9 millones de aquel encargo inicial que el SCS hizo vía correo electrónico el 22 de abril.

Por todo lo anterior, «cabe afirmar que la empresa investigada entregó las mascarillas en base al pedido realizado por el Servicio Canario de Salud, que una partida de esas mascarillas salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, y que posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente», concluye la UCO.

Pero pese a este proceder, el SCS vuelve a adjudicar el 4 de mayo de 2020 un nuevo contrato para el suministro de otros dos millones de mascarillas KN95 por importe de cinco millones de euros. Los tapabocas llegaron durante ese mes, pero entre ellos había, otra vez, un modelo «no apto», por lo que «como ya se hizo con otros contratos con incidencias similares, habría que haber realizado una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración», concluye la UCO.