Intervención halla salvedades legales en los contratos durante la pandemia a raíz del caso Koldo y el caso mascarillas

El cuerpo de Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias ha encontrado salvedades legales en las compras de la Administración regional durante la pandemia. Por la gestión de 15,3 millones de euros hay abiertas tres causas judiciales: dos en la Fiscalía Europea y uno en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Investigaciones con ramificaciones y nuevas vías de indagación que parten de los dos casos principales: el denominado caso mascarillas y el caso Koldo. Los inspectores de la Intervención General de Canarias -el órgano de Hacienda encargado del control interno de la gestión económico-financiera y la evaluación de las políticas públicas - han detallado al menos seis ilegalidades que afectan a los procesos de contratación, las justificaciones de compra, la orden de aprobación de gasto y las firmas de las actas de los expedientes.

El informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma es claro: en un importante porcentaje de la muestra de expedientes sujetos a control se evidenció que el procedimiento de contratación por emergencia no se ajustó exactamente al procedimiento formal.  

Además, algunas empresas contratadas carecían de la capacidad legal para realizar transacciones con la Administración y, en muchos casos, no se siguieron los procedimientos formales requeridos para los contratos de emergencia, lo que incluye la ausencia de informes justificativos de las necesidades, resoluciones de contratación motivadas, y evidencia de recepción material de los contratos. 

Última hora del caso Koldo y sus ramificaciones

Contratos menores

El informe de Intervención del Gobierno destaca que los contratos se tramitaron por el procedimiento de los «contratos menores», o sin procedimiento alguno, al entender que bastaba la declaración de emergencia por el titular de la Consejería de Sanidad -en esos momentos era Julio Pérez y luego Blas Trujillo, ambos del PSOE- para proceder a la adquisición directa de los suministros.

Sin informes

No consta en el expediente el informe del servicio responsable donde justifique las necesidades que se pretenden satisfacer, características e importe y los motivos en que fundamenta la tramitación por emergencia.

Sin orden de contratación

Tampoco aparece la correspondiente orden o resolución motivada del órgano de contratación aprobando el gasto y acordando la contratación de emergencia.

Sin actas

No existe evidencia en los expedientes de que se hubiera realizado el acto formal para la recepción de los contratos, al no constar en los expedientes las correspondientes actas firmadas.

Sin publicación

No se sabe nada de la publicación de los contratos de emergencia en la Plataforma de Contratación del Sector Público ni en el Portal de transparencia.

Sin dar cuentas

No consta la dación de cuentas al Gobierno de los contratos de emergencia ni en el plazo de 30 días siguientes a su acuerdo ni a lo largo de todo el ejercicio 2020. 

Pero es que además, indica el informe de la Intervención, no solo toda la contratación administrativa del SCS del ejercicio 2020 derivada del covid, se tramitó por el procedimiento de emergencia, sino que su tramitación se extendió más allá de la vigencia del estado de alarma.

El informe del máximo organo fiscalizador del Gobierbo indica que en la ejecución por partida y meses se verifica que son los meses de abril a junio -cuando estaba vigente el estado de alarma- y de octubre a diciembre -cuando se estableció la contratación centralizada- donde se incrementa el gasto de emergencia de material sanitario fungible.

Es más, en relación con las compras en el exterior, dos se realizaron con empresas extranjeras. Una con Tib Molbiol, empresa alemana al que se le hizo un pedido de Kits PCR por importe de 142.400 euros, y otra con Quizz Health Services, empresa portuguesa por un pedido de mascarillas infantiles por importe de 209.685 euros. En estas empresas el contacto fue directo, sin intermediarios, es decir, sin que mediara la trama de Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, y el abono fue inmediato.

Facturas

Desde la perspectiva contable, las obligaciones se tramitaron, unas por factura directa, y otras por el módulo logística.

Cumplimiento

En el cumplimiento de las prestaciones, la Intervención verifica que, con carácter general, se recibieron las adquisiciones de material comprados por las gerencias. No obstante, según los centros gestores, el desabastecimiento del mercado y el cierre de fronteras impidió que algunos proveedores no pudieran cumplir sus compromisos, lo que provocó retrasos en la recepción de los suministros e, incluso, que no se cumpliera con la obligación de suministrar el material.

Material inutilizable

En referencia al cumplimiento de los requisitos de calidad y efectividad de los suministros, en algunos almacenes de las gerencias y direcciones gerencias, se comprobó la existencia de importante material «inutilizable», pero no consta cuantificación concreta o datos pormenorizados al respecto. La Intervención evidencia una amplia información sobre la gestión de contratos y gastos relacionados con la adquisición de material sanitario durante la emergencia de la covid, en el ámbito del Servicio Canario de Salud hasta diciembre de 2020.

Detalla una lista de proveedores y los contratos correspondientes, con sus respectivos importes, con empresas como ACJ, S.A.U., Innjoo Technology, y RR7 United Limited, S.L., la principal implicada en el caso mascarillas y Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, en el caso Koldo. Las compras realizadas por el Servicio Canario de Salud ascendieron a 347, 5 millones de euros en la éopoca de pandemia.

En general, se recibieron las adquisiciones de material, pero algunos proveedores no pudieron cumplir sus compromisos debido al desabastecimiento del mercado y el cierre de fronteras, lo que resultó en retrasos o incumplimientos en la entrega del material.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las empresas, la principal implicada en la trama de Koldo García, exasesor del minitros Ábalos, recibió 12,3 millones de eruros en adjudicaciones. Tambien en el informe aparecen las empresas Damco Trading & Services SA, y RR7 United S.L. Aquí tienes más información sobre la empreas Damco Trading.

Pioneros en corrupción

El Archipiélago fue una de las primeras comunidades autónomas en estrenar su casillero de puntos en el indeseable contador de la corrupción en pandemia.

A mediados de 2022 saltó a la palestra una presunta malversación de fondos públicos en la Comunidad de Madrid. El foco de la sospecha estaba en un contrato para el suministro de 250.000 mascarillas por un importe de poco más de 1,5 millones. En la contratación participó el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo que le dio al caso una dimensión política de alcance nacional -fue el principio del fin de Pablo Casado como líder del PP-, y, para más inri, el dinero con que se compraron los tapabocas procedía de las arcas comunitarias. Un asunto que en las Islas coincidió en el tiempo con el caso mascarillas, el primero de los tres que cuestionan la buena gestión de los recursos públicos durante la pelea contra la covid.

En Madrid se pusieron en duda 1,5 millones de euros; en el Archipiélago, cuatro millones, también provenientes de Bruselas. El caso de Madrid fue archivado por la Fiscalía Europea; el del Archipiélago sigue abierto en la misma Fiscalía Europea. Detrás del caso mascarillas está la compra de un millón de tapabocas a la sociedad limitada RR7 United Limited, que tiene por objeto social, o cuando menos tenía en el momento de la operación, la venta de coches. Se pagaron cuatro millones de euros, pero los tapabocas nunca aparecieron. 

La causa continúa en instancias comunitarias después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación que se instruía, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, en el juzgado número 7 de la capital grancanaria. La institución comunitaria tiene esa prerrogativa porque el dinero de la frustrada compraventa procedía de Europa.

Ni un euro

Canarias no ha logrado recuperar ni un euro de los cuatro millones que se esfumaron en el conocido caso mascarillas. La Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián (PP), certifica que aunque desde el Gobierno canario se está intentando recobrar el dinero que se pagó a la empresa RR7 United por la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron durante la pandemia, el proceso para resarcir a las arcas públicas sigue abierto, pero hasta ahora no se ha podido recuperar «nada». Este caso está en manos de la Fiscalía Europea por utilizar fondos de la UE, pero mientras tanto el Gobierno está intentando recuperar el dinero. Aquí tienes más información sobre los vanos intenteos del Gobierno de Canarias de recuperar el dinero del caso mascarillas.

Un informe de la Agencia Tributaria Canaria sobre este proceso sostiene que desde marzo de 2022 se realizaron los primeros embargos a las cuentas corrientes con el resultado negativo porque las cuentas habían sido canceladas en enero de 2021. La mayoría de los procedimientos activados hasta el momento han acabado en un callejón sin salida. Fracaso tras fracaso. Y las pocas puertas que quedan abiertas apuntan a que, en el mejor de los casos, Canarias solo podrá recuperar 1,3 millones de euros. Lo que representa solo un 32% del total perdido 

Embargos

Los primeros embargos a las cuentas corrientes comienzan en marzo de 2022, pero el resultado, según el informe de la Agencia Tributaria Canaria, fue «negativo». No solo no existía saldo en las cuentas, sino que la cuenta de la que era titular la entidad había sido cancelada en enero de 2021. Tampoco hubo suerte con los embargos de crédito. En total se realizaron 13 intentos por esta vía. 

Cuenta vaciada

La Agencia Tributaria Canaria analizó la información recibida de la entidad financiera sobre la cuenta de RR7 United, vaciada hace dos años. Concretamente, se estudiaron las salidas de dinero de la misma con el objetivo de determinar si existe responsabilidad solidaria, tanto de personas físicas como jurídicas. Esta acción permitió abrir cuatro procedimientos por importes de 326.000 euros, 315.000 euros, 537.433,43 euros y 146.400 euros, lo que suma 1.325.233,43 euros. Una cantidad que representa un 32% del total de la deuda que la compañía tiene con el Gobierno canario.

Tres viviendas y un garaje

La Agencia acordó el embargo preventivo de algunos bienes inmuebles. En total, tres viviendas y una plaza de garaje. Los embargos ya se han convertido en definitivos, por lo que el informe puntualiza que se podrá proceder a su enajenación mediante subasta. La investigación continúa.