Las patronales turísticas urgen a Madrid a conseguir la excepción de la tasa al queroseno para Canarias

Deloitte calcula que gravar los vuelos que unen las Islas con los mercados internacionales costará un millón de clientes y 42.000 empleos

Despegue de un avión en el aeropuerto de Gran Canaria.

Despegue de un avión en el aeropuerto de Gran Canaria. / ANDRÉS CRUZ

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

En su cruzada contra las emisiones de gases nocivos, la Unión Europea (UE) ha decidido crear un impuesto que tendrán que pagar las aerolíneas. Estará operativo desde el primer día de 2024 y cobrará plena vigencia justo dos años después. Canarias ha conseguido una exención para las rutas que la unen con la Península y las interinsulares, pero los esfuerzos que se han realizado en el mismo sentido para que tampoco sufran un incremento de los costes fiscales los vuelos entre las Islas y los países de la UE (más Reino Unido y Suiza) han caído en saco roto. Las patronales lamentan que hasta el momento el Gobierno de España no ha defendido esta causa con "la necesaria firmeza" que requieren los intereses de una región ultraperiférica (RUP) y le urgen a arrancar ya un compromiso.

También el principal grupo de la oposición en las Islas -Coalición Canaria (CC)- ha movido ficha. Su senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha solicitado las comparecencias de los ministros de Transportes, Raquel Sánchez, y Exteriores, José Manuel Albares, para que expliquen en la Cámara Alta qué negociaciones se han desarrollado hasta la fecha y cuál es el estado exacto de la situación.

Resta más de un año para la entrada en vigor, pero mucho antes de entonces las compañías aéreas diseñarán sus operativas para la temporada de invierno 2023-2024. Un incremento de costes derivará en una reorganización de rutas y frecuencias y la conectividad de Canarias descenderá. Menos posibilidades de volar a las Islas se traducirá en una pérdida de clientes. La consultora Deloitte calcula en un millón de clientes y 42.000 puestos de trabajo.

Clavijo (CC) acusa de "dejadez e irresponsabilidad" al Gobierno de Canarias

La cohesión que todas las patronales canarias del sector mantienen en defensa de un marco específico para las Islas es máxima. Va a ser “muy perjudicial para el Archipiélago y, en particular, para la competitividad de su sector turístico”, han explicado todas ellas en un comunicado este viernes. La importancia que la industria alojativa tiene para la economía canaria es máxima. Cuatro de cada diez empleos se nuclean en torno a ella y uno de cada tres euros del PIB isleño nace en su seno.

Ese marcado escoramiento de la economía isleña, junto a la imposibilidad de que los turistas lleguen con otro medio de transporte a las Islas, son los principales argumentos que utiliza el sector para demandar de Bruselas la especial atención que, al menos por el momento, no ha prestado al caso. En esa línea, los empresarios inciden en que durante los últimos meses se han adoptado "múltiples medidas excepcionales" para proteger "sectores estratégicos de la economía de países miembros de la UE". Entre estas cuentan las tomadas "para contener el precio de los hidrocarburos" y dar así un paraguas que permite al sector industrial mantener sus niveles de competitividad a pesar del encarecimiento de las materias primas.

"Tendremos que estar atentos para aprovechar todo margen de maniobra, todo resquicio, tanto a nivel europeo como nacional, para garantizar que, tanto las futuras evaluaciones de la Comisión Europea, como la transposición a la legislación española del régimen de comercio de derechos de emisión y el desarrollo nacional de la fiscalidad del queroseno, no mermen la competitividad de nuestro sector turístico". Así lo advirtió el jueves el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, durante el discurso que precedió al tradicional almuerzo navideño de la organización.

Los empresarios advierten de que la transición será injusta si no se atienden las especificidades

Pronunció esas palabras en presencia de Ángel Víctor Torres, presidente autonómico, que hasta el momento no ha logrado generar un frente sólido que convenza a las autoridades europeas de que homogeneizar el ritmo de la transición ecológica deriva en graves problemas económicos para Canarias.

Ningún actor discute la filosofía de la medida. "Pagar por derechos de emisión de gases de efecto invernadero es un concepto que el sector turístico de Canarias sostiene y respalda", explica el comunicado emitido por las patronales. Sin embargo, añaden que no habrá "una transición justa" si no se modula la implantación en consonancia con las especificidades de cada territorio. “El caso del Archipiélago es un ejemplo clarísimo, por una doble razón: su condición ultraperiférica y la relevancia del sector turístico en su modelo económico”, continúan los empresarios.

Comparecencias en el Senado

Fernando Clavijo (CC) quiere que Albares y Raquel Sánchez detallen las gestiones que han realizado hasta la fecha para conseguir la excepción integral de Canarias "en la directiva que regula el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) en los vuelos interiores de la Unión Europea" y cómo quedaría el Archipiélago en "la futura revisión de la directiva comunitaria sobre la fiscalidad de la energía (DFE) para la aviación".

El senador nacionalista ha explicado en un comunicado que España juega un papel relevante a la hora de presionar a Bruselas y recordar a las autoridades europeas la condición de región ultraperiférica que tiene Canarias. Si no se logra un marco singular, “tanto las Islas como la economía canaria sufrirán un duro golpe”, ha advertido.

Clavijo (CC) acusa de "dejadez e irresponsabilidad" al Gobierno de Canarias

Además, el senador nacionalista acusó al Gobierno de Canarias de mostrar una “absoluta dejadez e irresponsabilidad” al dar por buena la excepción en los trayectos con la Península y en los vuelos interinsulares, mientras que se dejan fuera aquellos de los que depende un volumen importante del sector turístico.

Hace dos semanas, el trílogo de la UE (Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo) aprobó el marco regulatorio sin la excepción de los vuelos que conectan las RUP con el continente europeo. Mantenerlo así, sin cambios, “sólo podría ser definido como un fracaso negociador para Canarias”, han señalado las patronales alojativas de las Islas.

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«Aprovechar todo margen de maniobra, todo resquicio, tanto a nivel europeo como nacional, para garantizar que, tanto las futuras evaluaciones de la Comisión Europea, como la transposición a la legislación española del régimen de comercio de derechos de emisión y el desarrollo nacional de la fiscalidad del queroseno, no mermen la competitividad de nuestro sector turístico». Así se manifestó el jueves el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, durante el tradicional almuerzo navideño de la organización. Pronunció esas palabras en presencia de Ángel Víctor Torres, que hasta el momento no ha logrado generar un frente sólido que convenza a las autoridades europeas de que homogeneizar el ritmo de la transición ecológica deriva en graves problemas económicos para Canarias. | J. G. H.

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