La burocracia le resta a la economía canaria el equivalente a un 20% del PIB

La burocracia y la hiperregulación le restan cada año a la economía canaria la friolera de 9.466,5 millones de euros. Una suma que equivale al 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma en 2019, el último año de normalidad antes de la doble crisis de la covid y la inflación. Este importe incluye tanto los costes directos que el papeleo y el exceso normativo les acarrean a las empresas –pagos por asesoramiento legal y fiscal, gastos para adaptar el negocio a las nuevas y mayores exigencias de la Administración pública, multas o sanciones por no cumplir el calendario impuesto por las instituciones ...– como también los indirectos. Es decir, el coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Pues, por ejemplo, toda esa renta o riqueza que deja de generarse durante los meses –años en ocasiones– que debe esperar una empresa de la construcción hasta que se le dan los correspondientes permisos y licencias. Hasta que no tenga los papeles, no podrá contratar a los operarios y no podrá, verbigracia, comprar o alquilar la maquinaria que le falte o necesite. Y los bares, cafeterías y restaurantes cercanos a la zona de las obras se quedarán sin ingresar por los cafés, los desayunos o los almuerzos que consumirían esos trabajadores. Todo eso, toda esa economía que se genera alrededor de un proyecto o inversión, es lo que se pierde mientras los promotores aguardan a que la Administración tenga a bien resolver su expediente. Y eso en el mejor de los casos, porque en Canarias sobran ejemplos de grandes proyectos que se han ido a otras regiones ante la lentitud o las trabas administrativas.

La “excesiva burocracia”, un lastre para que los fondos de la UE lleguen a las pymes

El de la hiperburocracia es un problema sobre el que la patronal del Archipiélago lleva años alertando. Más bien décadas. Un problema que vuelve ahora a primer plano con la polémica del teletrabajo en la Administración autonómica, ya que tanto en la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) como en la Confederación Canaria de Empresarios, la CCE, la patronal de la demarcación de Las Palmas, temen que el teletrabajo acabe por empeorar aún más los bajos niveles de productividad del funcionariado isleño. La tardanza en la atención a los administrados –empresas y ciudadanos– se ha agravado tras la pandemia en todos los ámbitos de la Administración pública, hasta el punto, aseguran desde la patronal, de que se están perdiendo inversiones y, en definitiva, riqueza. «La situación es preocupante», expone el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. «El atasco en las administraciones públicas ha empeorado en muchos sectores, incluido el de la construcción, donde las demoras ya están provocando la pérdida de inversiones millonarias, y constituye una amenaza para la sostenibilidad de las empresas», agrega Alfonso, que hace hincapié en esos puestos de trabajo que «podrían crearse de inmediato si las licencias, autorizaciones o diligencias fueran más adaptadas a la necesidad de su puesta en marcha». Para poner cifras a su denuncia, la confederación empresarial ha encargado un análisis de la situación y de los sobrecostes que supone el exceso normativo, un análisis al que ha tenido acceso este diario.

Los expertos hablan: la burocracia y la escasa ayuda fiscal lastran la economía circular en Canarias

Las empresas de la construcción y del sector primario son las que más sufren la hiperregulación

De entrada, el estudio de Corporación 5, una de las consultorías de referencia en el Archipiélago, recuerda que España es uno de los países con más producción normativa –con más leyes, reglamentos, disposiciones...– de todo el mundo, en concreto el vigésimo tercero de los 140 analizados por el World Justice Project (WJP). A nivel nacional, solo en 2021 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 851 nuevos preceptos, la mayor cantidad de los últimos seis años (2016-2021). Nuevas disposiciones que en su mayoría son dictadas por las Comunidades Autónomas y demás entes infraestatales, como cabildos o ayuntamientos. A falta de los datos de 2022, en Canarias se promulgó en 2021 un total de 40 nuevas leyes y preceptos con rango de ley. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero basta con apuntar que es la tercera más alta de entre las 17 regiones españolas, solo por detrás de Cataluña y Andalucía, para darse cuenta de su magnitud.

La patronal avisa que se están perdiendo inversiones por la lentitud e ineficacia de la Administración

De hecho, el Archipiélago también está en el particular podio de las comunidades en que más ha aumentado el número de nuevas normativas en los últimos años. En 2014 tan solo se publicaron en las Islas 11 nuevas leyes, una cantidad que casi se cuadruplicó en 2021. Solo Cantabria resulta con un mayor incremento en la comparación entre esos dos años. El caso, como concluye el informe de Corporación 5, es que cada vez hay más normativa autonómica sin que por ello disminuya la nueva legislación estatal. Esto no necesariamente es ni negativo ni positivo; el problema se produce cuando hay tanta complejidad normativa que en lugar de ayudar a la actividad económica la entorpece. El ejemplo más claro vuelve a estar en la construcción, donde las empresas deben cumplir una media de 13 trámites administrativos antes de poner en marcha la maquinaria. Trece trámites que conllevan una media de 147 días de espera.

La mayor novedad del análisis de Corporación 5 para la CEOE-Tenerife es la cuantificación del «coste regulatorio», esto es, la cuantificación de todo eso que las empresas gastan para cumplir con una miríada de leyes y reglamentos cambiantes y de todo eso que dejan de ingresar o de generar en espera de la respuesta de la Administración. «Según las estimaciones realizadas, Canarias presenta una carga regulatoria de 9.466,5 millones de euros», reza el informe, una suma más que elevada que, sin embargo, está «por debajo de la media nacional –10.618,1 millones de euros– y muy alejada del máximo registrado por Cataluña –17.588,7 millones–». Si se tiene en cuenta que en las Islas hay 151.846 empresas de todo tipo, de acuerdo con los últimos datos oficiales, resulta así que cada negocio soporta un coste regulatorio medio de unos 62.000 euros anuales.

El 68% de las ayudas para empresas y ciudadanos, bloqueadas por la burocracia

Los autores del análisis precisan, eso sí, que el sobrecoste de la hiperregulación normativa es mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa, básicamente porque las firmas de mayor dimensión «disponen de más estructura –humana y de capital– para hacer frente a las obligaciones administrativas y burocráticas, ya sea para gestionarlas internamente o externalizar el servicio a asesorías».

Suscríbete para seguir leyendo