Los propietarios de apartamentos en el Sur se organizan ante las primeras multas
Llegan las sanciones que los empresarios turísticos reclaman contra la residencialización
J. G. H.
La batalla entre patronal extrahotelera y propietarios de apartamentos en el Sur de Gran Canaria gana intensidad. La llegada de las primeras multas, reclamadas por los primeros desde hace años, motivaron la asamblea informativa que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) protagonizaron este sábado.
La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) reclama la aplicación de la ley, mientras los dueños de los inmuebles retirados de la actividad alojativa sostienen que la normativa en vigor contraviene preceptos de mayor rango y exigen poder dar a sus propiedades el uso que ellos estimen oportuno en cada momento.
Los apartamentos adquiridos por pequeños inversores en décadas pasadas tienen anejo un uso turístico. Se trata en la mayoría de personas que decidieron rentabilizar sus ahorros de este modo. Sin embargo, con el paso de los años decidieron salir del mercado alojativo en los últimos años. El destino que entonces dieron a los inmuebles ha sido residencial, bien por sí mismos convirtiendo los apartamentos en primera o segunda residencia habitual, o bien alquilándolos como vivienda vacacional o por temporadas largas o de menor duración.
Aquí surge el encontronazo. La AEAT, con su presidente, Tom Smulders, a la cabeza, alerta de la imposibilidad de que los usos turístico y residencial convivan sin afectar a la calidad del destino. La PALT, por contra, reclama el derecho de los propietarios a hacer con los inmuebles lo que ellos estimen oportuno.
Smulders subrayó ayer, citando al Instituto de Estadística de Canarias (Istac), que entre 2015 y 2022 Canarias ha perdido 685 establecimientos turísticos –el 38,4%– y 68.209 camas –16,3%–, incluidas las que no han podido reabrir en La Palma tras la erupción volcánica. Estas últimas son, en cualquier caso minoría y muchas menos que las 35.014 que ha perdido Gran Canaria.
«Perder camas significa perder recaudación de impuestos o empleo», además «no han desaparecido , han pasado al residencial y al vacacional», advirtió el presidente de la AEAT.
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