El Cotillo es un pequeño pueblo del norte de Fuerteventura que se caracteriza por sus playas y su gastronomía vinculada al mar. La tranquilidad hace años que emigró del que antaño fuera pueblo marinero. Sin embargo, los días del 20 y 21 de febrero de 2013 permanece presente desde entonces en la memoria colectiva de sus vecinos. El almanaque sitúa esas fechas como el día más negro de su historia. Numerosos guardias civiles uniformados y de paisano tomaron el pueblo. Calles cortadas, agentes encapuchados en sus esquinas, coches del instituto armado cerrando las principales vías, viviendas registradas, detenidos, fardos de droga y un enorme ajetreo poco inusual en una localidad que hizo de la paz y la tranquilidad su principal atractivo. No era el rodaje de una película, sino la 'operación Botavara', donde una veintena de personas, algunos de ellos vecinos, fueron detenidos por tráfico de droga. Mañana comienza en la capital grancanaria uno de los juicios más mediáticos de Fuerteventura.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a cuyo frente se encuentra la magistrada Pilar Parejo, que estará acompañada por Nicolás Acosta y Pilar Verastegui, juzgarán durante 26 secciones a 13 personas, entre ellos a seis funcionarios de la Guardia Civil, detenidos en el transcurso de la citada operación policial, acusados de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal, contra el derecho individual a la inviolabilidad del domicilio, cooperación con organización criminal, falsedad en documento oficial, amenazas, torturas y obstrucción a la Justicia. La Fiscal solicita para los acusados un total de 193 años de cárcel y 64 millones de euros de multa. Tan solo para los agentes del instituto armado pide 139 años de prisión.
Los imputados que se sentarán en el banquillo para ser juzgados son los agentes de la Guardia Civil Yeray M. A., Daniel Manuel T. D., José Tomás C. M., Sergio V. R., David D. P. y Serafín E. M.. Además, de los civiles Oscar Jonay C. L., Marcelino T. H., Miguel Ángel G. C., Eduardo G. C., Abdelfattah B., Santiago Sebastián R. M. y Lara Luz S. S. También pasaran por la sala número 15 de la Ciudad de la Justicia un total de 56 personas como testigos, de ellos 33 son agentes de la Benemérita, así como dos peritos.
Los hechos se remontan a febrero de 2013 cuando los acusados, según la Fiscalía, actuando de común acuerdo y valiéndose de una embarcación, introdujeron al norte del faro de El Tostón, en El Cotillo, un total de 29 fardos de droga que contenían un peso neto de 841,78 kilogramos de hachís, con el propósito de destinarlos al tráfico ilícito de estupefacientes en la isla, donde alcanzaría un valor de 1.232.365,92 euros. Los paquetes con la droga fueron ocultados en diferentes domicilios del mencionado pueblo.
La operación policial se saldó con la detención de 21 personas, entre ellas 9 miembros de la Guardia Civil, de los cuales cinco ingresaron en prisión en aquellas fechas, dos fueron puestos en libertad con cargos y otros dos fueron imputados. También fueron detenidos 12 civiles.
Investigación
Las investigaciones se iniciaron a finales de 2012, tras tener conocimiento los mandos de la Guardia Civil de la actividad delictiva que pudiera estar llevándose a cabo, inicialmente en la isla de Lanzarote, por un grupo de agentes destinados en el Puesto de Corralejo. Tras establecer un dispositivo de vigilancia y control se logró identificar a los guardias que se organizaban de forma piramidal. Sin embargo, las andadas de los agentes era voz populi en toda Fuerteventura.
Ante esta situación, el instituto armado ordena una operación conjunta de diferentes especialidades y unidades del cuerpo policial, incluyendo ala Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Información, apoyos por la Unidad Central Operativa y el Servicio de Asuntos Internos.
La fiscal Azucena Oti considera que los imputados formaban parte de una banda criminal integrada por los agentes de la Guardia Civil junto al ciudadano marroquí Abdelffath B. y Eduardo G. C.. Además, considera que la banda tenía perfectamente asignados determinados cometidos que eran asumidos por sus integrantes y colaboradores. "José Tomás era el cerebro de la organización, planificaba y organizaba la ejecución de los delitos. Yeray M. A., también se ubicaba en la cúspide de la banda y tenía encomendada la función de ejecutar los delitos; Sergio V. R. y David D. P. se encontraban subordinados a los dos agentes anteriores y llevaban a cabo una labor de apoyo en las actividades delictivas ejecutadas y daban cobertura a las mismas", apunta la representante del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones.
También, señala a los guardias civiles Daniel M. T. D. y Serafín E. M. también formaban parte de la banda. El primero " era un miembro activo d de la organización criminal, pudiendo llevar a cabo labores de ejecución o de apoyo o seguridad en la ejecución de los delitos, mientras que el segundo cooperó puntualmente en la recuperación de parte de la sustancia estupefaciente que había caído al mar".
Otros dos miembros de la organización eran, según apunta la fiscal, Eduardo G. C., que estaba subordinado a las ordenes de los cabecillas, pudiendo llevar a cabo labores de ejecución, apoyo o seguridad en el desarrollo de los delitos, y Abdelfattah B., se encontraba en el escalón más bajo de la organización y tenía la función de los contactos con los suministradores de la droga en Marruecos.
Las defensas vienen estudiando desde hace tiempo las estrategias que adoptarán en el transcurso de la vista oral. Serán doce los abogados que participen en el juicio oral, dado que dos de ellos representan a cuatro de los acusados.
Los letrados de Yeray y José Tomás solicitaron el pasado mes de abril a la Audiencia Provincial la alteración del orden de la práctica de las pruebas en el juicio, y, en concreto, que se lleven a cabo en primera instancia todas las testifícales y pruebas de cargo, en que sustenta la Fiscalía la acusación, principalmente de los agentes que llevaron a cabo la investigación de los hechos que se juzgan para después de ello practicar el interrogatorio a los acusados. Lo normal es que en cualquier vista primero sean los imputados quienes declaren ante la sala y posteriormente tanto los testigos como los peritos. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, autoriza cambiar el orden, aunque la última palabra la tienen los magistrados que han contestado que esta cuestión se resolverá al inicio de las sesiones del juicio oral.
De autorizarse esta demanda, los acusados podrán escuchar primero todas las testifícales, especialmente la de los policías en que se sustenta la acusación, para después de las pruebas declarar los mismos, pese a que hasta ahora han venido acogiéndose a su derecho constitucional de no declarar.
Nueva detención
Una de las principales novedades de los acusados del ' caso Botavara' se localiza en que dos de los acusados, los guardias civiles Yeray M. A. y David D. P. , se encuentran en la cárcel por otra causa diferente a la droga de El Cotillo. Ambos, que estuvieron ejerciendo en el acuartelamiento de Corralejo, están ingresados en el Centro Penitenciario Madrid VII , ubicado en la localidad de Estremera y a 67 kilómetros de Madrid. Instituciones Penitenciarias ha autorizado su traslado a Gran Canaria para que comparezcan en el juicio de mañana.
