El Parlamento rechaza la extracción de tierras raras en Fuerteventura

El pleno del Parlamento de Canarias acordó ayer rechazar, con la única excepción de Vox, la extracción de tierras raras en Fuerteventura. El pronunciamiento se produjo a raíz de una iniciativa parlamentaria del grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista, que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y PP, enmendaron.

A este pleno asistieron la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y los representantes de los municipios afectados, los alcaldes de los municipios de Puerto del Rosario y La Oliva, David de Vera e Isaí Blanco, respectivamente; y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Pájara, Alexis Alonso, así como miembros de la plataforma ciudadana No Tierras Raras Fuerteventura, y otros representantes públicos de la Isla.

El texto original de la proposición no de ley, según publica Efe, pedía paralizar cualquier tipo de autorización relacionada con los permisos de investigación y prospección de tierras raras, así como a denegar cualquier solicitud al respecto. También, garantizar que ante futuras solicitudes se informará previamente a Cabildo majorero y a los ayuntamientos afectados por las mismas; y analizar el impacto ambiental que cualquier actividad minera pueda tener tanto en el entorno como en la flora y fauna, además de a la salud de las personas de las áreas afectadas directamente, así como de los territorios circundantes y los ecosistemas marinos.

La diputada de Nueva Canarias Natalia Santana celebró la capacidad de todos los grupos, salvo Vox, de alcanzar un acuerdo para tratar de «frenar esta locura», pues ha planteado si «alguien cree» que con una inversión prevista de 1,5 millones y al amparo de una ley de minería preconstitucional solo se pretende estudiar la existencia de tierras raras y no «llenar de minas» Fuerteventura.«No podemos poner a nuestra gente en peligro, abriendo en nuestro territorio una de las actividades mineras más contaminantes del planeta», advirtió la diputada canarista.

Santana recordó que en su día apoyaron una proposición no de ley en favor de que las dos universidades públicas estudiaran la presencia de tierras raras en el subsuelo, pero «de ahí se pasó a aprobar permisos por parte del Gobierno de Canarias».

Mario Cabrera, del grupo nacionalista, reivindicó «el espíritu de brega de la sociedad majorera, que dice no al desarrollo de la minería en su isla, como hizo hace 40 años con las cementeras o a Repsol con las prospecciones petrolíferas frente a sus costas». Además, añadió que «allí empezamos el no a prospecciones y hoy decimos no a Satocan y la extracción de tierras raras», proclamó Cabrera, que agradeció la labor de colectivos, vecinos e instituciones majoreras.

Cabrera enfatizó que la iniciativa de NC y la enmienda transaccional de los grupos que apoyan al Gobierno no tienen «nada que ver: son como un huevo y una castaña», dijo, pues el texto definitivo recoge todas las demandas vecinales y los acuerdos institucionales, así como las alegaciones presentadas, que no estaban en el texto inicial.

Cabrera: «Un mandato claro»

«El mandato es claro de la proposición no de ley aprobada por la Cámara regional, que es «parar cualquier tipo» de solicitud de extracción y no tramitar ninguna más en el futuro. También pide la revisión de la Ley de Minas y que el pronunciamiento de Cabildo y ayuntamientos sea vinculante», añadió el diputado de CC.

Cabrera instó al Gobierno canario a «que materialice este mandato de forma inmediata y a que desempolve la propuesta del parque de zonas áridas, que lleva «durmiendo en el baúl del olvido».

Luz Reverón, diputada del Partido Popular PP) admitió que la búsqueda de tierras raras «multiplica la explotación de recursos naturales mediante la minería, que en el caso de Fuerteventura supone una amenaza de gravedad para el entorno natural».

Manuel Hernández (PSOE) criticó la manera de proceder del Gobierno de Canarias: un atropello a la sociedad majorera y una afrenta directa al Cabildo y los seis ayuntamientos. Señaló que hasta anteayer la postura del PP era otra e invitó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que «ejerza su cargo y ordene la paralización de las autorizaciones si el vicepresidente y consejero de Industria, Manuel Domínguez, no tiene valentía y no quiere hacerlo».

Nicasio Galván, de Vox, consideró que el acuerdo logrado en el Parlamento es «un mensaje perfecto para que huya la poca inversión en nuestra tierra y para desincentivar a los emprendedores».

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