El tren del Sur, el muelle de Agaete, el modelo energético de la central de Chira-Soria, el retroceso turístico, la compra de las fincas de Amurga, los cambios en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC), la ampliación del aeropuerto, las indemnizaciones millonarias por los concursos de carreteras, las denuncias sobre el Instituto Insular de Deportes, las obras agrícolas bloqueadas o la interminable disputa judicial entre los secretarios del Cabildo. Estas son algunas de las papas calientes que afronta el nuevo gobierno tripartito de la corporación insular, constituido dos meses después de las elecciones y tras cinco semanas de duras negociaciones entre Nueva Canarias (NC) y el PSOE por el reparto de las consejerías.
Que el nuevo gabinete de Antonio Morales se encuentre sobre la mesa una docena de asuntos de compleja solución es algo normal en cualquier administración pública, pero no lo es tanto que algunos de esos problemas se arrastren desde hace años, incluso más de una década. O que los grupos políticos del pacto tripartito propongan respuestas muy diferentes, tal como se evidenció durante la pasada campaña electoral.
No solo hay discrepancias entre el gobierno y la oposición, sino incluso dentro del gobierno y de los propios partidos, lo que unido a las desconfianzas entre los socios, atenuadas tras la firma este viernes del documento con las lineas estratégicas, auguran un mandato tanto o más complicado que el anterior.
Además, la salida a varias de esas dificultades no depende de forma exclusiva del gobierno del Cabildo, sino de otras instituciones o de los tribunales de justicia, con la consiguiente amenaza de que prolonguen durante algunos años más. Incluso de que concluya otro mandato de cuatro años sin grandes avances.
La creación de una linea de ferrocarril desde la capital hasta Maspalomas, el traslado de los vecinos de Ojos de Garza para construir la tercera pista del aeropuerto de Gando o el complejo hidroeléctrico de Chira-Soria son proyectos que arrancaron hace tres mandatos, en el primer pacto de progreso de PSOE y NC (2007-2011), y siguen todavía en fase embrionaria.
El ferrocarril. La implantación del tren en Gran Canaria es el ejemplo más visible de la lentitud o incapacidad del Cabildo para sacar adelante sus propias iniciativas o darles carpetazo. En este caso se atribuye el retraso a la falta de financiación por parte del Estado, pues se necesitan unos 1.650 millones de euros para ponerlo en funcionamiento, pero también por los vaivenes de los sucesivos gobiernos insulares y las dudas sobre la viabilidad económica de ese sistema de transporte.
Esos titubeos sobre el proyecto del ferrocarril aumentan ahora ante la actitud del PSOE, precisamente el grupo sobre el que recae la responsabilidad de sacarlo adelante. El nuevo vicepresidente del Cabildo, Luis Ibarra, insistió durante la campaña electoral en aparcar esa iniciativa por su alto coste económico. Plantea como alternativa el modelo de la metroguagua y la creación de carriles para el transporte público.
En el último Debate sobre el Estado de la Isla, el pasado mes de abril, el entonces consejero de Transportes y Movilidad, el socialista Juan Francisco Trujillo, firme defensor del tren, logró convencer a sus compañeros de partido para que ratificaran su apoyo al proyecto, aunque fue el grupo de NC el que tuvo que presentar la propuesta ante las reticencias socialistas.
La resolución del Pleno, de una "apuesta firme" por el ferrocarril, salió adelante con los votos de NC y PSOE y la abstención de todos los grupos opositores, que reprocharon al gobierno de Morales que se "olvidara" del tren durante los cuatro años y lo rescatara justo en la precampaña electoral.
La propuesta de NC coincidió con la finalización de los 22 proyectos constructivos de lineas y estaciones, en los que el Ministerio de Fomento ha gastado 26 millones de euros. Trujillo pidió que esos documentos "no vuelvan otra vez a un cajón", algo que depende ahora de su sucesor en la consejería, Miguel Ángel Pérez, director-gerente de la Autoridad Única del Transporte (AUT) de Gran Canaria en los últimos cuatro años.
El documento del pacto firmado el pasado viernes recoge una tímida referencia en el punto 7, dedicado al "desarrollo de un modelo insular de movilidad sostenible, eficiente e inteligente para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la velocidad comercial del transporte público, minimizar la presión del coche privado y favorecer modos de transporte respetuosos con el medio ambiente". En ese contexto se expresa que se impulsará "el proyecto ya iniciado del tren". Para vencer la reticencias de una parte del PSOE se ha decidido, según fuentes de NC, realizar un nuevo estudio sobre movilidad en la franja costera para volver a evaluar la viabilidad económica.
Ampliación del aeropuerto. La construcción de una tercera pista y un parque empresarial en Gando es otro asunto que aparece en cada inicio de mandato y se diluye en los siguientes años. La ampliación del campo de vuelo se ha propuesto sin éxito desde la etapa de María Eugenia Márquez (2001-2005) y la falta de resultados no hubiese tenido mayores consecuencias de no ser que, en paralelo, se inició un proceso para trasladar a los cerca de 5.000 vecinos de Ojos de Garza y los otros barrios colindantes con el aeródromo.
Desde entonces, esos residentes sufren una especie de limbo urbanístico y jurídico, pues se les ha prometido el traslado de las viviendas a la zona de Tabaibales, varios kilómetros hacia el interior, pero no se ha dado ningún paso en ese sentido. La creación del área empresarial, asumida por los sucesivos gobiernos insulares, ha corrido la misma suerte.
El pasado 4 de marzo, la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, presentó el Plan Territorial Especial del Parque Aeroportuario (PTE-44), y anunció que se permitirá un hotel y dos áreas comerciales, pero no hay más noticias sobre ese proyecto. En el documento de lineas estratégicas no se incluye ninguna referencia específica sobre el aeropuerto.
Chira-Soria. La construcción de una central hidroeléctrica en el salto de agua entre ambas presas se aprobó en 2005, al final del mandato del presidente José Miguel Pérez (PSOE). El proyecto ha sufrido desde entonces varias modificaciones y el cambio de Endesa por Red Eléctrica como entidad concesionaria. Los tres últimos presidentes del Cabildo han anunciado numerosas fechas para el inicio de las obras, pero a día de hoy se sigue pendiente de los informes de impacto ambiental y de la discusión entre la empresa y las administraciones públicas sobre si las lineas eléctricas deben ir soterradas o al aire libre. En la campaña electoral se sugirió replantear el modelo de Chira-Soria ante el retraso y las sucesivas dificultades, pero el nuevo gobierno ha mostrado su decisión firme de seguir adelante. La duda es cuánto tiempo se necesitará para que entre en funcionamiento.
Fincas de Amurga. La compra por parte del Cabildo de tres fincas en el Macizo de Amurga por 4,06 millones de euros, entre cuyos propietarios se encuentran familiares de Román Rodríguez, es el asunto pendiente que genera más morbo por las diferencias públicas entre NC y PSOE, explicitadas a lo largo de la campaña electoral y en una resolución de la ejecutiva insular de los socialistas en el sentido de no apoyar esa adquisición. La compra fue aprobada en diciembre de 2018 por el anterior Consejo de Gobierno, pero el expediente está en revisión al constatarse que no se habían realizado los informes periciales sobre los terrenos de dominio público.
El Consejo Insular de Aguas ha encargado nuevas mediciones y, a priori, NC pretende formalizar la compra cuando se reciban. No obstante, también se ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esa operación, aún pendiente de resolución judicial, y la amenaza del consejero Daniel Reyes, que ha revalidado su acta en este mandato, de acudir a la vía penal si el gobierno insular sigue adelante con la compraventa.
La oposición, consciente de las diferencias entre los socios del pacto, prepara sus armas en espera de la decisión final. Según fuentes de NC y PSOE se volverá a analizar la compra cuando se disponga de esos informes periciales y, eventualmente, de lo que digan los tribunales, pero funcionarios implicados en el expediente creen que la operación "irá para largo" o se paralizará por el desgaste político que puede suponer para NC, más ahora que Román Rodríguez es vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias.
Instituto de Deportes. La adquisición de los terrenos de Amurga no es único asunto del Cabildo que está pendiente de los tribunales. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha incoado diligencias tras una denuncia del exconsejero de CC Fernando Bañolas por presuntas irregularidades en el Instituto Insular de Deportes, en concreto por un supuesto agujero de 660.000 euros en el uso del pabellón Gran Canaria Arena para conciertos musicales.
Además de poner orden en ese organismo deportivo, fuente de conflictos en los últimos mandatos, el nuevo consejero de Deportes, Francisco Castellano, también tiene sobre la mesa la posible venta del Club de Baloncesto Gran Canaria a entidades privadas. El último intento no prosperó por la desconfianza del gobierno insular hacia los interesados en la compra, pero el presidente Morales ha declarado que se sigue a la espera de una buena oferta.
Muelle de Agaete. Una de las primeras medidas anunciadas el viernes por el presidente Morales será la de solicitar al Gobierno de Canarias que frene el muelle de Agaete porque no se ha justificado su necesidad. En el tripartito hay consenso, pero no con la oposición ni con las organizaciones empresariales. Aunque paralizar la obra es competencia autonómica, el Cabildo está llamado a jugar un papel fundamental en las disputas políticas y empresariales que se originen.
Indemnizaciones. En medio de las negociaciones del pacto se han conocido nuevas sentencias judiciales que anulan otras dos adjudicaciones de los concursos para el mantenimiento de las carreteras. Eso obliga al Cabildo a retrotraer todo el procedimiento, algo imposible porque los contratos están casi cumplidos, por lo que se enfrenta a pagar indemnizaciones por un valor cercano a los 3,8 millones de euros.
Secretarios. En dos Juzgados de la capital siguen vivas las demandas y apelaciones por la designación en la Secretaría del Cabildo, un cargo en disputa desde el año 2013 por tres candidatos.
