El Cabildo apoya la cementera en contra de la postura que defiende en el PIO

El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, formado por Nueva Canaria, PSOE y Podemos, se pronunciará en el Pleno de este viernes en contra de darle un uso turístico y deportivo al puerto de Santa Águeda que utiliza la cementera de El Pajar. Esta postura, que mostrará en una moción que presenta Unidos-CC, choca con los trabajos realizados en el anterior mandato en la tramitación del Plan Insular de Ordenación para darle un uso turístico y deportivo.

Unidos-CC ha propuesto que el Cabildo inste a Puertos Canarios -órgano dependiente del Gobierno canario- a rechazar la petición de la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) de seguir usando el muelle al menos 25 años más ya que la concesión se le acaba en octubre de 2022. Empresarios que han realizado inversiones en el Sur con la expectativa del desarrollo turístico de la zona han advertido que pedirán daños y perjuicios si se acepta la concesión a Ceisa, por lo que se prevé una batalla judicial.

Empresarios turísticos pedirán daños si prorrogan la autorización para la cementera

El PIO que fue desarrollado en el anterior mandato y aprobado inicialmente en 2017 (aunque todavía no está adaptado a la Ley del Suelo por lo que no está en vigor) recoge en el artículo 644 de sus normas territoriales que cuando acabara la concesión del suelo para la cementera se recuperara este puerto comercial “para su transformación como equipamiento deportivo y de ocio que complemente a la pieza territorial de tejido turístico a desarrollar entre la desembocadura de Arguineguín y el Puerto de Pasito Blanco”. Estos planteamientos daban continuidad a los postulados del PIO del año 2003, que es el vigente, y que ya planteaban la misma idea.

“El objetivo de la la actuación es la integración del Puerto de Santa Águeda, resolviendo su integración funcional y ambiental mientras mantenga su uso actual, y proponiendo su reconversión a infraestructura de carácter turístico con mayor valor estructurante en su entorno, cuando finalice la concesión actual”, concreta el Plan Insular.

Así, la moción del grupo que lidera José Miguel Bravo de Laguna pide que el Cabildo “inste al Gobierno de Canarias, y en su caso a Puertos del Estado, a buscar y conceder un lugar adecuado para la instalación de la fábrica de cementos Ceisa”. Y es que la empresa realiza su trabajo sobre un suelo de su propiedad pero la cercanía y el uso del muelle de Santa Águeda facilita sus operaciones.

Por ello, en dicha moción plantea la búsqueda de otra ubicación para la cementera, como pueda ser el Puerto de La Luz, el de Arinaga o el de Salinetas, y aprovechar el muelle “para un desarrollo turístico y portuario que multiplicaría exponencialmente el número de empleos y de riqueza que hoy genera su actual utilización, además de una clara mejora en lo relativo al medio ambiente y al entorno y paisaje de la zona”.

El Partido Popular también votará en contra en el Cabildo de Gran Canaria pero porque a su juicio la corporación no debe instar al Gobierno canario sino “hacer el trabajo que corresponde como gobierno de la Isla, que es adaptar de una vez el Plan Insular de Ordenación (PIO) y definir el Plan Territorial Especial de los Puertos Deportivos, que llevan años de retraso”, asegura Marco Aurelio Pérez. El Partido Popular también ha presentado una moción que se debatirá este viernes en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acerca del futuro del muelle.

Análisis interdepartamental

Mientras, el Gobierno canario anunció ayer la creación de una comisión presidida por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, y en la que estarán Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio, y José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, además de diferentes viceconsejeros, para analizar el futuro de este puerto declarado de interés general.

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El objetivo es “intercambiar información sobre la situación actual de la concesión y su afectación por las políticas sectoriales del Gobierno de Canarias; y analizar y debatir las diferentes propuestas de utilización del dominio público portuario una vez expire la concesión actual”, explica.

La creación de esta comisión se debe a que las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto “deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico del Archipiélago”.

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