Valleseco

El Plan General trata de regularizar 134 casas fuera del orden urbanístico

Valleseco aprueba de forma inicial su planeamiento, que debe amoldarse a la nueva norma insular | El municipio da vía libre a un presupuesto de 6,5 millones

Un momento del pleno de Valleseco, celebrado ayer. |

Un momento del pleno de Valleseco, celebrado ayer. | / | JOSÉ CARLOS GUERRA

Javier Bolaños

Javier Bolaños

El Ayuntamiento de Valleseco da un paso más para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, que intenta regularizar 28 asentamientos urbanos y uno rural, con 134 viviendas fuera de ordenación. La Corporación aprueba también durante el Pleno ordinario celebrado este viernes el presupuesto para este año, que alcanza los 6,54 millones de euros, con un crecimiento de casi el 6% respecto al ejercicio anterior.

La reciente aprobación del Plan Insular de Ordenación (PIO) obliga a Valleseco a adaptarse al nuevo documento y prolongar algo más la tramitación del nuevo Plan General del municipio, lo que supondrá una paralización de las licencias urbanísticas porque existen aspectos discrepantes. En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Luis Rodríguez, confía en que pueda ya definitivamente entrar en vigor antes de fin de año, si sigue un procedimiento sin contratiempos, una vez salga dos veces a exposición pública para la presentación de posibles alegaciones.

De momento el planeamiento municipal se seguirá rigiendo por las Normas Subsidiarias de 1995, con algunas modificaciones posteriores, después del revés sufrido hace una década, cuando ya estaba en la fase final la redacción del Plan General y fue rechazado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), al entenderse que era demasiado expansionista y daba pie a nuevos suelos para la construcción de viviendas, cuando se había entrado en un nuevo modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad.

El planeamiento municipal superó su aprobación inicial en la sesión plenaria de ayer, con el respaldo del PSOE en la oposición.

El documento contempla la regularización de 28 asentamientos urbanos y un asentamiento rural, en los que existen 134 viviendas que se encuentran en estos momentos fuera de ordenación. «Lo más importante es que se pretende adecuar la realidad física al nuevo Plan General, que sea estructurante y con una movilidad sostenible», según el concejal, quien reconoce que esta situación impide que los propietarios de casas localizadas en estas zonas se vean imposibilitados para firmar hipotecas con los bancos. A esto se suma algunos casos de carreteras que atravesarían los inmuebles.

Las actuales afecciones impiden a los propietarios intentar acceder a hipotecas bancarias

El Plan General de Ordenación Urbana tendrá ahora una primera exposición pública con la información supramunicipal, en la que se recogerán las posibles alegaciones. Y, una segunda exposición, donde se incorporarán todas las alegaciones de la Administración supramunicipal, que son preceptivas y vinculante.

Por otro lado, en una sesión plenaria que se liquidó en apenas tres minutos de duración, el grupo popular en el gobierno sacó adelante también su presupuesto para 2023, con el voto en contra del portavoz socialista.

«El presupuesto se confecciona teniendo en consideración la situación económica actual y el grado de incertidumbre que puede afectar a las previsiones por parte del Gobierno de España. En este nuevo contexto se ha planteado un presupuesto de atención social a las personas y medidas de impulso de crecimiento económico».

El presupuesto ha pasado en los últimos tres años de los 5,83 millones en 2021, a los 6,17 millones en 2022, hasta el que entrará ahora en vigor de 6,54 millones para el año actual, que coincide con la renovación de los cargos por las elecciones municipales del 28 de mayo.

Entre las subvenciones previstas se incluyen las transferencias a empresas municipales para asistencia social por un importe de 389.000 euros, y en materia de educación por 126.000 euros.

En materia de ingresos, se prevé un aumento de algo más del 8% en impuestos directos y muy similar en indirectos, así como una subida de más del 10% en el cobro de tasas. En este caso, prevé cobrar 250.000 euros para el agua de abasto, 100.000 euros por la recogida de basuras, 70.000 euros de los usuarios de la tercera edad y, por último, 62.000 euros de la guardería.

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