El fuego se originó en unos trabajos de desbroce que contrató el Cabildo

El incendio forestal de la Cumbre se inició por la chispa de una máquina mientras se realizaban trabajos de desbroce por una empresa privada contratada por el Cabildo de Gran Canaria. Después de que durante todo el martes se afirmara que se desconocía el origen del fuego, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Las Palmas informó a primera hora de la mañana de ayer que, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios (BIIF) del Cabildo, se estaba investigando desde la última hora del martes a «una persona de 29 años de edad como presunto autor del incendio forestal originado en la zona denominada Cortijo de Las Huertas en el término municipal de Tejeda».

El fuego, según la nota del Seprona, se inició a primera hora de la tarde del 25 de julio, y se estimaba, a esa hora, que ya alcanzaba las 300 hectáreas de arbolado de pino canario y retamar.

«Por ello, entre las labores de extinción y contención del mismo, la Guardia Civil realizó las primeras pesquisas policiales en unión a la inspección técnico ocular que fue determinante para el esclarecimiento de las causas, comprobando como el presunto autor es trabajador de una empresa privada que realiza trabajos forestales para el Cabildo de Gran Canaria», apuntó este cuerpo de seguridad del Estado.

Los operarios llamaron al 112 al comprobar que no podían apagar el fuego con extintores

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por el Seprona y la BIIF del Cabildo determinaron que, en el momento de originarse el incendio, el operario se encontraba junto a tres compañeros trabajando con desbrozadoras en una zona de pasto seco.

Pasados unos minutos de las 13.00 horas, el operario investigado y sus compañeros hicieron todo lo posible para tratar de sofocar las llamas con dos extintores y los medios a su alcance, dando aviso al teléfono de emergencias 112 al fracasar las labores de extinción.

Actuaciones

Activados los servicios de emergencia, «prioritariamente la Guardia Civil realizó las labores preventivas de seguridad y perimetraje de la zona afectada, cortes de carreteras y desalojos en los que se llegó a evacuar a unas 250 personas, teniendo en cuenta no solo los núcleos poblados cercanos, sino que se vieron afectados los menores que se estaban alojando en el campamento del Garañón (96 personas) o el albergue municipal de Camaretas (30 personas), que fueron desalojados y escoltados por la benemérita a una zona segura», precisó.

En el dispositivo de seguridad participaron efectivos de seguridad ciudadana de la Comandancia de Las Palmas, componentes del Subsector de Tráfico en las labores del control del cierre de carreteras, la Usecic y el Seprona, además del helicóptero de la Unidad Aérea de Fuerteventura con las funciones de coordinación de medios aéreos.

Además se procedió a la investigación del presunto autor de un delito de incendio forestal, el cual tras prestar declaración fue puesto en libertad, instruyéndose el correspondiente atestado que será remitido a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Arucas (Las Palmas).

Minutos después de conocerse esa actuación conjunta del Seprona y de los propios investigadores de incendios del Cabildo, el presidente Morales confirmó que el origen del fuego se debió a esos trabajos encargados por la Consejería de Medio Ambiente a una empresa privada, pero en todo momento se ha eludido dar el nombre de esa contrata.

El Cabildo descarta una investigación interna de los hechos al estar en manos de la Fiscalía

En su segunda comparecencia del día, por la tarde, Morales y los demás responsables del Cabildo aseguraron que desconocían el origen y causas del incendio, así como las investigaciones del Seprona, hasta que fueron publicadas por la Guardia Civil.

Preguntado sobre ello, ante la evidencia de que el presunto causante del fuego y sus compañeros llamaron al 112 para avisar de que no podían apagar las llamas y las dudas sobre la situación jurídica del operario, Morales dijo que esa persona no está detenida y recordó que la nota de la Guardia Civil menciona que los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial, por lo que es Fiscalía la que debe decidir.

«Nosotros no somos quien para juzgar, no tenemos conocimiento de si se actuó de manera imprudente o no, si siguió los protocolos adecuados; por lo que sabemos de la nota de la Guardia Civil, estaba utilizando una maquinaria para la que estaban autorizado, para la que no existía limitación al no haber declaraciones de alerta, y tenía extintores alrededor como marca el protocolo, eso lo debe investigar la Fiscalía», insistió.

Luis Fernando Arencibia, jefe de servicio de Medio Ambiente, detalló que es habitual contratar empresas privadas para realizar esas tareas de desbroce en los montes públicos. «Hay tres formas de trabajar en la administración, con medios propios, con empresas públicas y con privadas, y de las tres formas se hace», concretó.

Arencibia explicó que los trabajos de desbroce que causaron las llamas estaban permitidos al no estar declarada la alerta por riesgo de incendio forestal. Ésta se activa por las condiciones climáticas adversas de calor y viento, como ya ha ocurrido en dos ocasiones este verano. Por tanto, el Cabildo no va a iniciar una investigación sobre los hechos pues sería intervenir en paralelo con la Fiscalía.

El incendio forestal iniciado este martes es el más grave que se produce en la isla desde el aciago agosto de 2019, cuando se vivieron dos grandes fuegos que han quedado fijados en la memoria de todos los grancanarios. Las 400 hectáreas de pinar y matorral quemadas estos dos últimos días suponen un mínimo daño comparado con los que se desataron en 2019, primero el 10 de agosto en Artenara por el mal uso de una maquinaria de soldar, y luego siete días después cuando un cableado en mal estado prende las copas de los árboles de la parte alta de Valleseco.

El de Artenara se saldó con unas 1.000 hectáreas calcinadas, y provocó la evacuación de veinte núcleos poblacionales, con unos mil vecinos afectados de los municipios de Artenara, Gáldar y Tejeda. Cuando aún no se había declarado la extinción, se desató el de Valleseco, con 10.000 personas evacuadas durante días y 10.000 hectáreas arrasadas.

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