El personal del Cabildo de Gran Canaria rechaza el nuevo reglamento interno y baraja impugnarlo

Los representantes de los trabajadores y los grupos de oposición amagan con recurrir porque la propia Secretaría General de la institución condicionó su informe favorable a que se corrija  

Miguel Jorge, de pie, y Antonio Morales bromean con la secretaria del Cabildo antes del Pleno que aprobó el Roga.

Miguel Jorge, de pie, y Antonio Morales bromean con la secretaria del Cabildo antes del Pleno que aprobó el Roga. / LP/DLP

La Junta de Personal del Cabildo de Gran Canaria y el sindicato mayoritario, Sepca, rechazan el nuevo Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración (Roga) en aquellos artículos que, a su juicio, van a afectar de forma negativa a los trabajadores de la corporación. Ante ese desacuerdo, preparan impugnaciones o posibles recursos en los tribunales en la linea de los apercibimientos ya realizados por la propia Secretaría General del Pleno, que condicionó su informe favorable a que «se corrijan las consideraciones de legalidad advertidas en el mismo». 

Al igual que los grupos políticos de la oposición, que a la vista de las objeciones de la secretaria reclamaron sin éxito en el Pleno del pasado viernes que la modificación del Roga quedara sobre la mesa, la Junta de Personal también critica que el gobierno insular de Nueva Canarias y PSOE haya aprobado el nuevo reglamento sin consenso y «sin consultar siquiera» a los representantes de los trabajadores. 

Por ello, tanto la Junta de Personal como los sindicatos están analizando el texto aprobado de forma inicial en el Pleno del 15 de diciembre para impugnar algunos artículos, previsiblemente los referidos a los cargos directivos del Cabildo. Sepca rechaza claramente varios puntos del documento y UGT aún no ha tomado una decisión por el escaso tiempo desde su aprobación inicial, según adelantaron sus representantes.  

Fuentes de ese órgano representativo de los trabajadores aseguraron que algunos aspectos del Roga siguen siendo inaceptables pese a las correcciones realizadas por el gobierno de Antonio Morales después de las advertencias del primer informe de la secretaria general del Cabildo, María Dolores Ruiz Sanromán

Sin consenso

También recordaron que es la primera vez que ese reglamento, por el que se rige la actividad del Cabildo, «se aprueba sin consenso político y sin contar con los sindicatos», por lo que desde la Junta de Personal se ha requerido al gobierno insular el acceso a todo el expediente.  

Dos de los tres grupos de la oposición, PP y CC, que en el periodo de enmiendas vieron rechazadas la mayoría de sus propuestas, también avisaron durante el Pleno que el nuevo Roga puede acabar en los tribunales. 

El portavoz de los populares, Miguel Jorge Blanco, reiteró este martes que su grupo no descarta presentar nuevas reclamaciones cuando se abra el periodo de información pública, e incluso acudir a los tribunales si en la vía administrativa no se eliminan las dudas sobre la legalidad de algunos artículos. 

Al respecto, consideró que el Roga es como la pequeña Constitución del Cabildo, por lo que los cambios siempre se habían hecho hasta ahora con el consenso de todas las partes implicadas. «Lo que nos presenta ahora el pacto de NC y PSOE es un contrato de adhesión a lo que ellos han decidido de forma unilateral, sin consultar con nadie», apuntó Jorge Blanco.  

La Junta de Personal critica que no se le haya consultado en todo el proceso de elaboración

El portavoz del principal grupo de la oposición, al igual que las fuentes consultadas en la Junta de Personal, opinó que el nuevo reglamento, al que se le añaden un centenar de artículos más, hasta un total de 186, no va simplificar la gestión administrativa del Cabildo, tal como aseguró el consejero del Presidencia, Teodoro Sosa, al defender su propuesta el pasado viernes. 

Además, coincidieron las mismas fuentes, el Roga carece incluso del consenso entre los distintos cuerpos de funcionarios del Cabildo, en concreto entre los habilitados nacionales y los cargos directivos elegidos por el gobierno insular, cuyas discrepancias retrasaron la aprobación durante un año. 

Ejemplo de ello son los informes de la secretaria general, un cargo no político que tiene como función dar validez legal a las actuaciones del Cabildo. Según el último de ellos, solicitado por los grupos de la oposición y entregado el 14 de diciembre, 24 horas antes de la celebración del Pleno, el 19 de diciembre de 2022 se dio luz verde a un proyecto de Reglamento Orgánico que «fue extensamente informado por la Secretaría General del Pleno el 10 de agosto de 2023».

Posteriormente, el 20 de octubre de 2023, el Consejo de Gobierno Insular dejó sin efecto el acuerdo anterior y aprobó un nuevo texto de Reglamento. «Ambos proyectos van más allá de la regulación del gobierno y administración Insular, entrando en la ordenación de materias no reservadas a los reglamentos orgánicos», señala la Secretaría. 

La nueva norma de funcionamiento interno del Cabildo enfrenta a los cuerpos de funcionarios

Según la Junta de Personal y la oposición, este informe «es demoledor», pues delata que el gobierno insular, con el aval de otros funcionarios adscritos al Servicio Jurídico del Cabildo, de designación política, quiere entrar a regular materias que no le corresponden o que ya están establecidas en leyes de mayor rango. 

En las consideraciones de carácter general, el último informe de Ruiz Sanromán sostiene que «se ha mejorado notablemente la estructura del texto mediante la modificación y renumeración de determinados títulos y capítulos, además de ubicar adecuadamente algunos de los artículos que se encontraban fuera de contexto».

Sin embargo, añade que «habría sido conveniente haber llegado a ubicar todos los artículos relativos al personal directivo en un único título, reservando el título I a los órganos superiores -Presidencia, Vicepresidencias, etc- y posteriormente regular los órganos directivos».

En otro punto detalla que «habría sido conveniente realizar una corrección final de estilo al texto, pues se observa que contiene aún errores, reiteraciones, lenguaje sexista, etc. pendientes de corregir; unas se arrastran del texto original y otras han venido derivadas de las modificaciones planteadas con ocasión del nuevo proyecto aprobado en 2023».

Asimismo, en las consideraciones de carácter netamente jurídico, apunta que «tal y como se ha expuesto con anterioridad, se dan por reproducidos cuantos argumentos de legalidad han sido expuestos en los anteriores informes y que no han sido tenidos en cuenta hasta el momento».

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