Coles de Bruselas para un barranco

El pasado 8 de diciembre, tras tres años y dos meses de tramitación, la Comisión Europea resolvió a favor de conceder a España la excepción al artículo 54 de una directiva europea que prohíbe expresamente al gestor de las redes de transporte eléctrico, en este caso Red Eléctrica de España (REE), poseer, desarrollar y operar sistemas de almacenamiento energético. La concesión del uso de las presas de Soria y Chira a Red Eléctrica por parte del Cabildo de Gran Canaria, así como la autorización administrativa del Gobierno de Canarias para que la transnacional eléctrica ejecutase las obras han contravenido durante al menos dos años el marco jurídico europeo, que es de rango jerárquico superior y, por tanto, de obligado acatamiento por parte de los estados miembros.

El hecho en sí es esclarecedor del cuestionable comportamiento de nuestros representantes políticos, del estrepitoso silencio y connivencia de no pocos medios de comunicación canarios y de una parte interesada de la sociedad civil que, siendo conocedores de la ilegalidad de las obras de ejecución del proyecto Chira-Soria, han eludido señalar la gravedad de las decisiones tomadas por el Cabildo y el Gobierno de Canarias con respecto a este asunto. No olvidemos que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, llevaba al menos un año afirmando con rotundidad que el proyecto contaba con todos los parabienes administrativos. La noticia de días pasados ha destapado la falsedad de esa declaración: «Ahora sí, ya hemos salvado todos los obstáculos administrativos», ha reconocido ahora el inquilino de la Casa Palacio de Bravo Murillo.

Como ha sido habitual en el asunto, a continuación se ha hecho el silencio. Casi nadie se atreve a gritar que el rey está desnudo; el mismo rey que prometió en el pasado que el prístino paisaje del barranco no se vería inundado por torretas industriales de electrificación. Que no quepa duda: jamás este proyecto hubiese salido adelante –a propósito de sus evidentes contradicciones en sus parámetros económico y medioambiental- sin el papel de actor principal que ha jugado Morales en todo el proceso, ayudado por su supuesta superioridad moral de izquierdas. En una escena paralela, los ciudadanos que nos hemos opuesto al proyecto de la Central de Chira-Soria hemos sido sometidos a una campaña de descrédito y acoso institucional sin parangón en la historia de nuestra autonomía; asunto que merece, al menos, las páginas de una novela negra.

Cuando el equipo de gobierno cabildicio consignó en 2021 cuatro millones de dinero público a cargo del presupuesto de la institución para contratar a un equipo externo de apoyo al gabinete de prensa de la misma con el fin de promocionar, entre otras cosas, el proyecto de Chira-Soria y la Ecoisla, sabían lo que estaba en juego. Conviene recordar que la oferta ganadora exponía en sus objetivos, aceptados y asumidos por el Cabildo, lo siguiente (y citamos literalmente): «Conseguir que la central Chira-Soria sea motivo de orgullo para los grancanarios; reducir la contestación que está surgiendo entre ciertos colectivos sobre el proyecto Central Hidroeléctrica Chira-Soria y generar prescriptores que ayuden a establecer una imagen positiva del proyecto basándose en una comunicación positiva de argumentos, ventajas y visión de la central y la Ecoisla».

Mucho dinero del erario público gastado en abonar voluntades de todo tipo que, efectivamente, ha dado sus frutos (al margen de la disfunción democrática que impregna todo esto, lo realmente asombroso es que el Cabildo no tiene competencias en materia de energía). Mientras eso ocurría, la Comisión Europea abría a España un procedimiento de infracción por no haber traspuesto la Directiva 2019/944 a la legislación del estado del sector eléctrico. Todo ello por ralentizar la aplicación de un artículo que prohíbe expresamente al gestor de redes -o sea, REE-, poseer, construir y operar sistemas de almacenamiento energético, incluidas centrales hidroeléctricas.

El objeto del mencionado artículo es el de garantizar la neutralidad de los mercados eléctricos europeos. Como operador del sistema eléctrico, REE actúa como árbitro imparcial y operador. Su misión es la gestión de la demanda eléctrica, función que la empresa mixta transnacional ejecuta con rigor, exactitud y suma excelencia. Diariamente, y en base a sus predicciones de demanda, REE da órdenes a los productores de energía eléctrica, tanto a las centrales térmicas como a los parques eólicos y fotovoltaicos, para que aumenten, disminuyan o cesen la producción de electricidad en función de los requerimientos de demanda. Precisamente porque REE es el árbitro, el juez salomónico e imparcial que fiscaliza la actividad de los actores del sistema eléctrico y toma decisiones estrictamente técnicas con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad del mismo, no puede a la vez ser parte interesada y entrar en el tablero mercantil eléctrico como generador/almacenador de energía.

¿Quién fiscalizará ahora al fiscalizador? ¿Quién anulará los goles metidos por el árbitro? ¿No hay nadie en la sociedad canaria que se atreva a señalar y cuestionar la gravedad de esta anomalía competencial en los mercados eléctricos de Canarias? La dirigencia canaria insiste, una vez más, en el camino de la dependencia cuando tiene en sus manos el derecho a utilizar adecuadamente sus recursos naturales (mar, sol y viento) gracias a probados avances científicos en el sector energético. Avances que, al contrario que Chira-Soria, no lastrarían nuestro finito y frágil territorio y ayudarían a sumarnos al sistema de energías renovables con menos costo sobre un territorio protegido hasta ayer por leyes medioambientales de rango europeo, garantizando un futuro menos lesivo a los intereses del común.

En su resolución, la Comisión Europea concluye que, puesto que Canarias es Región Ultraperiférica y no puede interconectarse a ningún sistema eléctrico europeo, España no tendrá que demostrar que la operación de las pequeñas redes aisladas de Canarias plantea problemas considerables y, por lo tanto, se le concede la excepción. Esta decisión no se ajusta al obligado condicionante, explicitado en el art. 66.1. Por esto, los autores del presente artículo estimamos que la decisión de la Comisión es arbitraria y contraria al derecho de la Unión Europea. La decisión evita entrar en la demostración de los supuestos problemas técnicos que aquejarían a los sistemas eléctricos canarios para sacarse de la chistera una justificación de carácter político aprovechando la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, que concluyó el pasado 31 de diciembre.

Sea como fuere, los legisladores europeos dejan en régimen casi monopolístico a REE en Canarias sin la posibilidad de que los ciudadanos hayamos podido incidir en el necesario debate, pecado original que Morales cometió desde el minuto uno en este desgraciado asunto. El Cabildo, por su parte, se toma la noticia con alivio mientras encarga macetones con flora invasora con los que adornará el ahora maltratado cauce del Barranco de Arguineguín. Serán, posiblemente, coles de Bruselas.

* Este artículo también lo firman Eduardo Martín Almeida, Rosario Correa, Honorio Galindo y Oscar Vizcaino.