El juez del ‘caso Jornadas del Paisaje’ reclama más documentos al Cabildo

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga una presunta trama corrupta en la organización de las Jornadas sobre el Paisaje, ha requerido al Cabildo de Gran Canaria nueva documentación sobre las actuaciones realizadas por la Consejería de Política Territorial entre los años 2016 y 2019, así como información sobre las personas que intervinieron en ese foro.

Después de varias prórrogas para continuar con las diligencias previas y de haber tomado declaración a los investigados, entre ellos a la consejera Inés Miranda y el interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, el Juzgado dictó un oficio el pasado 30 de enero en el que emplaza a la Consejería de Política Territorial a remitirle, «a la mayor brevedad posible», la documentación administrativa de tres actuaciones de ese departamento.

En concreto, el juez solicita en primer lugar la resolución que crea el Comité de Expertos o comité científico de las Jornadas del Paisaje, «con la filiación completa de los miembros integrantes del referido Comité». La segunda reclamación del Juzgado se refiere a «las convocatorias a las reuniones, así como las actas de las celebraciones, con los acuerdos y decisiones adoptadas».

Por último, requiere los detalles de «las decisiones que hayan adoptado, con identificación expresa de sus intervinientes, en relación al proceso de selección y adjudicación de cada uno de los participantes en las Jornadas sobre el Paisaje celebradas en los años 2016-2019».

En el oficio del Juzgado a la Corporación insular le emplaza a que dicha documentación sea remitida por la Consejería de Política Territorial «o en su defecto, por el departamento competente del Cabildo de Gran Canaria».

Y concluye que «en el supuesto de que no obre documentación administrativa alguna respecto del requerimiento solicitado, deberá hacerse constar expresamente por el órgano requerido». El 31 de enero, un día después de la recepción del oficio del Juzgado, la Asesoría Jurídica del Cabildo lo remitió a la consejería de Inés Miranda.

Las investigaciones del Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas por una presunta trama de contratos ilegales en los cuatro ediciones de esas Jornadas se iniciaron en julio de 2021, tras la denuncia de un funcionario del propio Cabildo. La mañana del 27 de abril de 2022 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional irrumpió en la sede de la Consejería de Política Territorial y en varios domicilios particulares y detuvo a cinco personas por su presunta participación en los delitos de malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida a funcionarios.

Además del interventor del Cabildo, los agentes de la UDEF detuvieron a su esposa, Ángeles Horna, propietaria de la empresa Imaco 89; a Víctor Quevedo, alto cargo de la Consejería de Política Territorial; a Miguel Jorge Millares, dueño de la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones; y a Mónica Torres, responsable de la empresa Yedra. Todos ellos quedaron en libertad a las pocas horas y permanecen como investigados.

En el mes de julio de 2023, tras recibir un informe de la UDEF sobre los datos encontrados en los ordenadores y dispositivos de los cinco detenidos, el magistrado-juez Alberto Puebla también incluyó como investigados a la consejera Inés Miranda y a Rafael Pedrero, que era director general de Política Territorial en las fechas en que se celebraron las Jornadas sobre el Paisaje.

En el informe de la UDEF se recogen correos eléctricos y mensajes de WhatsApp entre Horna y Pedrero en los que, según los investigadores, ambos decidían las contrataciones incluso antes de que la administración del Cabildo iniciara los procedimientos de adjudicación. Para ello, Imaco 89 utilizaba como «testaferros» a las empresas de comunicación de las otras dos personas investigadas, todo ello con el conocimiento del interventor y de la consejera.

La UDEF encontró un mensaje telefónico del 19 de octubre de 2016 y sostiene que «en dicha conversación Ángeles Horna solicita a Rafael Pedrero su correo electrónico para poder adelantarle la propuesta». Aunque los investigadores admiten que se desconoce a qué tipo de propuesta hace referencia, señalan que «es de significar el mensaje» que la dueña de Imaco 89 le envía al alto cargo, «en el cual le solicita su correo particular y no el corporativo para no dejar rastro».

Además de la denuncia del funcionario y de las actuaciones de la UDEF y la Fiscalía, en un informe de la propia Asesoría Jurídica del Cabildo, solicitado por el juez, se detectan fraccionamientos de contrato «con el ánimo de repartir el pastel entre todas las empresas amigas, siempre con el visto bueno de la Intervención General».

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