El juez aprueba el convenio de Anfi del Mar para que cobren los acreedores

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las demandas que se oponían al convenio de acreedores de las empresas Anfi Sales y Anfi Resorts y ha aprobado la propuesta presentada en el concurso necesario sobre ambas sociedades mercantiles, lo que según sus representantes «garantiza la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los más 800 puestos de trabajos vinculados de forma directa a Anfi y los más de 2.500 empleos indirectos, además de la continuidad de un símbolo del sector turístico en Canarias y de referencia mundial, ya que Anfi está valorada como el segundo mejor complejo de time-sharing del mundo». 

La sentencia del magistrado Alberto López Villarubia, firmada este martes 26 de marzo, rechaza las demandas de las entidades Equipo Diez de Gestión Inmobiliaria y Explotaciones Narval, por lo que da luz verde al convenio de acreedores propuesto por los representantes de Anfi, un documento de 14 puntos donde se detallan los planes de pago y de viabilidad de ambas empresas.  

«Gracias a la aprobación de este convenio el operador turístico supera el concurso de acreedores en el que se encontraba inmerso desde septiembre de 2021 y el buen fin ha sido posible gracias a la contribución financiera y el esfuerzo de Lopesan, quien a través de su filial Ifa Canarias ha garantizado los fondos necesarios para que los acreedores puedan cobrar finalmente», resaltó el grupo turístico al valorar la sentencia.  

José Luis Trujillo, director general de Anfi, consideró que la aprobación del convenio «demuestra que los acreedores, pese a la litigiosidad padecida durante tantos años, continúan confiando en la empresa». 

Fondos de la empresa Ifa Canarias, del Grupo Lopesan, garantizan el pago de las deudas pendientes

«Desde Anfi -subrayó Trujillo- queremos agradecer especialmente el esfuerzo realizado por todos los acreedores, socios, juzgado de lo mercantil, administración concursal y todo un sin fin de profesionales, sin cuyo esfuerzo y dedicación esto no habría sido posible. Con este logro hemos salvado muchos puestos de trabajo y los deseos de numerosos clientes que llevan más de 15 años disfrutando de su tiempo libre en nuestras instalaciones y que nos han hecho saber, en reiteradas ocasiones y durante este largo proceso, que no querían que el complejo desapareciera». Grupo Anfi, insistió el director general, «sigue siendo una marca referente en el sector turístico, con un futuro cierto y prometedor».

El convenio se presentó en febrero de 2023 a propuesta de las empresas deudoras, Anfi Sales y Anfi Resort. Además, relató la empresa, «contó con el aval financiero de Ifa Canarias y el apoyo de Isla Marina (Grupo Lopesan), siendo secundado en esa primera fase por el 73% de los acreedores, entre los que se encontraba también el crédito público (Agencia Tributaria)». Este plan de viabilidad alcanzó finalmente el apoyo del 98% de los afectados, quienes así lo manifestaron al juzgado pese a no haberse podido adherir en plazo al convenio.

Dos alternativas

El convenio propone dos alternativas a los acreedores. Una opción A, que contempla una quita del 45% a cambio de garantizar el cobro el 55% restante; y una opción B, de capitalización de créditos sin quita. Los que se adhieran a la propuesta de la quita cobrarán la primera anualidad, que corresponde con el 91% del acuerdo, de manera anticipada durante los 30 días siguientes a la firmeza de la resolución judicial, y el 9% restante se abonará al quinto año, estando totalmente avalado su pago.

El Juzgado de lo Mercantil desestima las demandas de las entidades Equipo Diez y Hermanos Santana Cazorla

Anfi Sales y Anfi Resorts se encuentran en concurso de acreedores desde el 20 de septiembre de 2021. La declaración de concurso necesario fue presentada ante el Juzgado de lo Mercantil por Isla Marina, empresa perteneciente al Grupo Lopesan a la que se adeudaba más de 20 millones de euros, y fue aceptada tras la confirmación de los informes periciales en los que se ponía de relieve la falta de liquidez y solvencia de las empresas.

La sentencia argumenta que para poder continuar las empresas con su actividad ordinaria, resulta necesario poder alcanzar con los acreedores un convenio de pagos mediante el que se reestructure su deuda, posibilitando con ello la viabilidad de las compañías al mismo tiempo que se conserva el empleo y se le permite a las deudoras continuar generando cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social, pagando impuestos y contribuyendo de esta forma a la dinamización de la economía en general, y de un sector tan importante para el desarrollo de Canarias como es el del turismo. 

El Ayuntamiento de Mogán y la Agencia Tributaria figuran entre las entidades que podrán cobrar

«Todo ello, a la par que se satisfacen a los acreedores sus créditos, contando con el apoyo financiero comprometido por un tercera, Ifa Canarias, además de con los ingresos derivados del normal desarrollo de la actividad de las dos compañías concursadas», subraya el magistrado.

En el procedimiento judicial aparecen como demandantes las entidades Hermanos Santana Cazorla, Mar Abierto y Equipo Diez. El administrador concursal es la sociedad Par Conditio. Por último, como acreedores figuran la Agencia Tributaria, Fogasa, el Ayuntamiento de Mogán, Herbert Poppinga, Gisela Poppinga, Charles Smith y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). 

La sentencia, contra la que cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, condena a los demandantes al pago de las costas. Una vez que la resolución judicial sea firme, la administración concursal cesará y rendirá cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo de un mes desde la notificación de dicha firmeza. Y con periodicidad semestral, contada desde la fecha de eficacia total o parcial de la sentencia aprobatoria del convenio, las concursadas informarán al juez del concurso acerca de su cumplimiento.

Suscríbete para seguir leyendo