La nueva juez del Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife, María Lucía Barrancos, ha criticado la falta de apoyo del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Canarias para agilizar la tramitación del denominado caso Unión, considerado como la mayor trama de corrupción de las que se investigan en estos momentos en Canarias, con más de 50 imputados.
En un auto emitido el pasado 3 de octubre, la juez Barrancos reconoce que es necesario darle un nuevo impulso a una causa "que se ha mantenido prácticamente paralizada en su instrucción desde el último trimestre del año 2010, lo que difícilmente será posible si, a la tremenda carga de trabajo de este juzgado se añade otra dificultad como es el excesivo volumen del procedimiento, que se encuentra en diferentes fases con respecto a los distintos hechos investigados y personas imputadas".
Barrancos recuerda en su escrito que el Ministerio de Justicia denegó el pasado mes de septiembre la consignación presupuestaria para posibilitar que el titular del Juzgado de Instancia nº 4 de Arrecife pudiera hacerse cargo parcialmente de los procedimientos civiles de su juzgado tal y como aprobaron el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial.
Sin respuesta institucional
La juez se lamenta de la falta de respuesta del Gobierno canario a la solicitud efectuada en junio sobre la necesidad de contar en los juzgados con una herramienta informática capaz de seleccionar y copiar los miles de folios de la copia digitalizada con los que cuenta este procedimiento "sin necesidad de su copia manual e individualizada".
En su resolución la juez añade que también ha solicitado al Gobierno regional, sin que tampoco haya recibido una respuesta favorable del Ejecutivo, "que la impresión de los folios se hiciera por una copistería, dada la insuficiencia demostrada de las impresoras del órgano judicial para la impresión de los miles de folios de los que habría de dejarse oportuno testimonio". Unas medidas, que a juicio de la juez, permitirían avanzar en la instrucción de una causa que se dilata desde mediados de 2008.
No obstante, la juez insiste en que la efectividad material de la tramitación de la pieza separada sobre las tramas de Costa Roja y la sede de la Cámara de Comercio de Lanzarote estará condicionada al suministro por parte del Gobierno de Canarias de la herramienta informática adecuada que permita la selección y copia de los folios seleccionados de la copia digitalizada de las diligencias previas del caso Unión.
De la misma manera, añade que la efectividad del desglose para su remisión ulterior al órgano competente para su enjuiciamiento "quedará supeditada" a la impresión de los folios que integren las nuevas actuaciones por una copistería dada la incapacidad de las impresoras del Palacio de Justicia de Arrecife.
