El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a solicitar al Ministerio de Justicia la consignación presupuestaria para destinar un juez de apoyo al Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife para agilizar la tramitación del procedimiento del caso Unión, considerado la mayor trama de corrupción que se investiga en estos momentos en Canarias.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias aseguró ayer que apoya la petición del Poder Judicial al mismo tiempo que anunció que está buscando "la mejor solución técnica" para agilizar la instrucción de esta causa.
El Gobierno canario salió así ayer al paso de las críticas emitidas por la nueva juez del Juzgado de Instancia nº 5, María Lucía Barrancos, que en un auto emitido el pasado 3 de octubre, donde acordaba la separación de dos de las tramas del caso, se lamentaba de la falta de colaboración de las instituciones para la instrucción de una causa que ha estado paralizada desde el último trimestre de 2010.
Según la Consejería, "la petición del CGPJ está cursada desde hace días y depende ahora de la decisión final que adopte el Ministerio al respecto", señala.
Para la Consejería de Presidencia, es importante que este caso continúe su instrucción con normalidad, sin que ello suponga retrasos y problemas en otras causas judiciales asignadas al citado juzgado de Lanzarote. Por este motivo, el Gobierno canario insiste en que "está activamente" apoyando la iniciativa del CGPJ, con el propósito de sensibilizar al Ministerio sobre la necesidad de este refuerzo en Arrecife.
Según la Consejería, la petición ha obtenido buena receptividad por parte del Ministerio, lo cual genera expectativas positivas para contar en breve con el juez de refuerzo.
La Consejería informa además de que busca, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, la mejor solución técnica para agilizar las copias del expediente del caso. En su auto, aseguró que las fotocopiadoras de los juzgados de Arrecife eran incapaces de imprimir los miles de folios que aparecen en el sumario.
Más de 50 personas entre funcionarios, políticos y empresarios fueron detenidos e imputados en relación con este caso de supuesta corrupción, a raíz de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil. Una operación que estalló en mayo de 2009, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron el Ayuntamiento de Arrecife.
