Los jueces de Canarias mantienen la huelga convocada para el próximo miércoles 18. Así lo anunciaron ayer los portavoces isleños de las asociaciones judiciales convocantes, Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI), así como miembros del comité de huelga constituido para organizar las protestas en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Y es que los jueces consultados, incluso los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, sostienen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no ha prohibido la huelga ni la ha declarado ilegal", según la magistrada y miembro del comité de huelga de Las Palmas Elena Corral. Una postura compartida por Víctor Caba (FJI) y Ricardo Moyano (FV).

En concreto, Caba aclara que el acuerdo del Consejo General sólo dice "que no hay previsión normativa" para la huelga. Y añade el magistrado que el órgano de gobierno de los jueces "no tiene competencia para negarnos un derecho fundamental", pues ésta recae en los órganos jurisdiccionales. "Lo único que han hecho es lavarse las manos respecto a los servicios mínimos solicitados, porque no han dicho nada y lo han dejado todo en el aire".

Esos planteamientos también los suscribe Ricardo Moyano, que tacha de "ambigua" la resolución del CGPJ, porque "no se pronuncia sobre los servicios mínimos ni dice quién es el competente para fijarlos". De ahí que los jueces barajen gestionar ellos mismos esos servicios, aunque antes deben decidir si recurren el acuerdo tomado por el órgano de gobierno en ese punto.

Ambas propuestas se encuentran en fase de estudio, por lo que es posible la celebración de nuevas asambleas para tomar una decisión. "Estamos estudiando si debemos o no recurrir el acuerdo, puesto que no fija los servicios mínimos y no restringe nuestro derecho fundamental a la huelga", explica Corral, que califica al CGPJ de "irresponsable" por "dejar a los ciudadanos sin servicios mínimos".

A título personal, la magistrada Victoria Rosell, de Jueces para la Democracia, considera que se debe recurrir para que la jurisdicción limite la titularidad y las condiciones en las que se puede ejercer la huelga. "Somos titulares de ese derecho", afirma Rosell, cuya asociación es partidaria de seguir negociando y de realizar la protesta en junio si no hay resultados satisfactorios.

El representante de la APM, Salvador Alba, lanzó un mensaje de apoyo a quienes decidan manifestarse, a pesar de que su colectivo también es partidario de apurar las negociaciones. "Si hay sanciones pondremos a disposición de los jueces nuestros mecanismo de defensa, porque no compartimos las afirmaciones de la portavoz del CGPJ".