Los submarinistas de la Guardia Civil han inspeccionado el fondo marino de San Cristóbal para buscar evidencias de contaminación por la expulsión de aguas residuales sin depurar procedentes de la Estación de Barranco Seco, cuyo emisario está provocando importantes vertidos a 120 metros de la costa al sufrir una importante rotura la pasada semana, según aseguró Emalsa. El mal estado de ese colector ha desencadenado las protestas de vecinos, pescadores y surfistas que acuden con asiduidad a esa parte del litoral capitalino para coger olas.
Pero la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil no está motivada por ese incidente puntual, sino por la denuncia que presentó el pasado mes de julio Izquierda Unida Canaria (IUC) contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Empresa Mixta de Aguas de la ciudad (Emalsa). El partido político, que aportó varios bloques de documentación, sostiene que esos vertidos se producen desde hace décadas.
En uno de esos informes, que fue elaborado en 2011, el Gobierno de Canarias asegura que se están expulsando "aguas sin depurar o muy escasamente depuradas" al litoral oriental que "contaminan toda la Avenida Marítima", así como las playas de Alcaravaneras, San Cristóbal y La Laja. También remite la formación política resultados bacteriológicos y los asentamientos de algas macrófilas como indicadoras de contaminación fecal, sobre todo a la altura de Los Jesuitas y del barranco de Osorio por la rotura del emisario submarino.
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