Los errores en La Esfinge le cuestan a la Autoridad Portuaria cuatro millones

Los «errores garrafales» en la ampliación de La Esfinge le cuestan al Puerto cuatro millones de euros, según establece una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria.

El fallo judicial estima parcialmente la demanda presentada contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutó la segunda fase del muelle, bautizado como Nelson Mandela y situado en la Dársena de África, en la parte más exterior de La Luz. 

Las constructoras FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago Melián reclamaban hasta nueve millones por las deficiencias del proyecto elaborado por los técnicos del Puerto, con la aplicación de un coeficiente de porosidad en el relleno del dique que generó un déficit de bloques de hormigón desde el inicio de la obra.

Aumento de costes

Estos errores de cálculo motivaron el aumento de los costes y la ejecución de actuaciones adicionales para corregir los fallos, incluido el derribo de un muro que no estaba contemplado en el proyecto original, así como el refuerzo de las estructuras que sustenta los cajones de hormigón, entre otros.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se gastó otros 4,5 millones en solventar esas deficiencias, lo que eleva a casi nueve millones de euros el gasto adicional ocasionado por los fallos en la ejecución de los trabajos.

Etapa oscura

La sentencia no es del todo mala para los intereses del organismo público por dos motivos: reduce a la mitad la compensación económica solicitada por la UTE, y cierra una de las etapas más polémicas y oscuras en la Autoridad Portuaria, con una obra cuestionada hasta en la jurisdicción penal y maniobras de todo tipo entre altos cargos del ente público.

Porque la ampliación de La Esfinge también fue investigada por el Juzgado de Instrucción 7 de la capital. El magistrado Javier García-Sotoca archivó la causa al descartar los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, pero formuló duras críticas contra los tres técnicos que participaron en el proyecto: el exdirector del Puerto Salvador Capella; su antecesor en el cargo, José Daniel López, y el funcionario Miguel Ángel Larraz. 

El juez calificó dicha actuación de «ejemplo de mala gestión, ineficiencia en la administración de los recursos públicos y fuente de conflictos en diversos órdenes administrativos y judiciales», con alusiones constantes al «error garrafal» y «grosero» en los cálculos del proyecto. García-Sotoca añade que ese fallo no fue corregido a pesar de ser «conocido por todos», incluidos dos responsables de las empresas también investigados y absueltos.

Corresponsabilidad de culpas

Los argumentos de ese auto de sobreseimiento, que fue dictado en diciembre de 2019, han servido de base a la UTE para formular la demanda contra la Autoridad Portuaria. De ahí que el ente público no salga del todo mal parado, apreciando ahora el juez de lo civil una especie de corresponsabilidad de culpas y, por tanto, reduciendo a la mitad la cantidad concedida a las constructoras.

La ampliación de La Esfinge fue promovida en 2007 por Emilio Mayoral como presidente. Siguió con ella Javier Sánchez-Simón, en cuyo mandato ocurren los hechos investigados, entre los que destacan el vencimiento de plazo en 2009 y la recepción fallida de la infraestructura en 2011, con un informe de Puertos del Estado que recoge los «graves defectos» de la obra, anomalías que luego hereda Ibarra al asumir la presidencia ese mismo año. 

La sentencia viene a cerrar toda esa controvertida etapa porque se vence el plazo de apelación y ninguna de las partes ha anunciado su intención de recurrirla.

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