El Estado avala que el centro comercial El Muelle siga hasta 2043 en el Puerto de Las Palmas

La solución para amarrar la continuidad del centro comercial El Muelle y desbloquear la reforma del recinto está en marcha. Puertos del Estado ha informado a favor de conceder una prórroga de diez años a cambio de la inversión prevista, que será algo inferior a los siete millones porque el proyecto original estaba vinculado a una prórroga de 25 años y no de 10 como ahora.

La propuesta de los 25 años fue rechazada por Puertos del Estado el pasado mes de febrero, con el argumento de que no caben plazos excepcionales de renovación porque la concesión no está directamente vinculada a un servicio portuario, sino a una actividad comercial dentro de un espacio de dominio público que pertenece a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

Y es que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante no está pensada para estas grandes superficiales comerciales de tiendas, restauración y ocio, sino para administrar los servicios y los recursos propios de la industria naval y del sector marítimo. Un escollo ahora solventado mediante el otorgamiento de una prórroga menor de diez años que sí ha sido autorizada por el organismo estatal, según la Autoridad Portuaria.

Esa, al menos, es la solución que han encontrado los técnicos del Puerto de Las Palmas y de la empresa Divarian SA, responsable de la explotación del recinto de ocio hasta 2033. 

La nueva prórroga les permitirá seguir hasta 2043, todo ello a cambio de una importante inversión para reformar el inmueble, abrirlo al mar y mejorar la calidad de sus servicios, que es uno de los grandes objetivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para hacer realidad el proyecto Puerto-Ciudad, con un gran parque y zona verde a la entrada que está llamado a mejorar la integración de los muelles Sanapú y de Santa Catalina en la trama urbana.

La construcción de la nueva terminal de cruceros, que está en marcha tras derribar la vieja estación del Jet Foil, es otro de los grandes proyectos que impulsa la Autoridad Portuaria para la zona del Santa Catalina y, en ese contexto, el centro comercial debe jugar un papel clave para actualizarse y resultar atractivo a los turistas. Divarian SA, además, tiene firmados varios contratos sobre planos de marcas que se instalarán en el recinto de ocio tras ejecutarse las obras.

La compañía, tras esa primera negativa de 25 años, intensificó las negociaciones con la Autoridad Portuaria para llegar a un acuerdo y ejecutar la inversión prevista. En un principio se barajó la idea de conceder una prórroga menor de manera directa, sin solicitar el pronunciamiento de Puertos del Estado para agilizar la tramitación del proyecto, pero finalmente se ha optado por el artículo 82.2b de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Trlpemm), que sí requiere la consulta del organismo estatal.

El nuevo informe, en cualquier caso, confirma la viabilidad del proyecto y reactiva el procedimiento de la Autoridad Portuaria para conceder la ampliación de la concesión en base a dicho artículo. El proceso culminará cuando supere las fases de tramitación previstas en la ley, entre ellas la de información pública y el sometimiento al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, órgano último encargado de aprobar o no la solicitud presentada por Divarian SA.

El nuevo artículo invocado está destinado a regular el plazo de las concesiones y se ajusta a las circunstancias en las que se encuentra el centro comercial y sus gestores, pues prevé la posibilidad de prórrogas si en el título de otorgamiento no se fija esa cuestión y el concesionario quiere llevar a cabo una inversión relevante que no estaba inicialmente prevista en la concesión. 

Esa inversión deber estar autorizada por la Autoridad Portuaria, tanto en el título original como en su modificación, con el requisito de que la superficie forme siempre una unidad de explotación y mejore la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o, añade el mismo artículo, suponga la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen su competitividad y que, en todo caso, sea superior al 20 % del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional. 

El plazo de vencimiento, en cualquier caso, no podrá superar en total el máximo de 50 años. Las nuevas condiciones de la modificación deben ser aceptadas antes de fallarse la prórroga.

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