El administrador concursal cree que Ramírez seguía en SIC después de 2011

El administrador concursal de Seguridad Integral Canaria (SIC), Juan Carlos Santos, afirmó ayer, en una nueva jornada del juicio que se sigue contra Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas por presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, que tiene «indicios» de que el que fue administrador único de la empresa hasta 2011 seguía tomando decisiones tras nombrar ese año como nuevo director al otro acusado, quien le llegó a decir que «estaba intervenido por Ramírez».

En esta nueva sesión del juicio, que se alargará presumiblemente hasta el próximo día 20 de julio, Santos declaró ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en calidad de testigo. Manifestó que sus sospechas se fundamentan, entre otras cuestiones, en que un socio de una sociedad no efectúa movimientos «importantes» de dinero en las cuentas bancarias.

Así mismo, dijo que cuando se sometió a concurso de manera voluntaria la empresa, en diciembre de 2017, «hubo movimientos preparados» con los abogados de Garrigues que lo presentaron que, por su experiencia como economista y auditor durante 40 años, «se los reserva el socio mayoritario, no el administrador único». Además, aseguró que lo contrario no lo ha visto «nunca». Y ahondó en que una empresa que en 2016 facturaba unos 96 millones de euros «no deja al buen saber del administrador» este tipo de decisiones.

A preguntas de la acusación ejercida por el abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, Santos indicó también que Ramírez compró joyas los días 5 de enero de los años 2015, 2016 y 2017 en un comercio concreto de Gran Canaria, las «cargó« a cuenta de servicios futuros de SIC a ese negocio y después devolvió el dinero a la empresa. Las adquiridas en 2015 fueron por valor de 98.000 euros, según especificó en su declaración.

También comentó que no intervino en la operación de la venta de acciones la UD Las Palmas por parte de SIC a Ramírez, pero sí le comentó a De Armas que «no le parecía normal». Más adelante, añadió que no es una «decisión que un administrador en su sano juicio hubiera consentido». Y abundó en el hecho de que la venta de esos títulos no aportó liquidez a Seguridad Integral, una operación que, según el administrador concursal, investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

Santos explicó que en los libros contables de las empresa constan procedimientos abiertos en los juzgados de lo Social y más de 4.000 eran referidos a los pagos que efectuaba como dietas de las horas extras, además de otros muchos que se presentaron después de que el Tribunal Supremo ordenara a SIC que aplicara el convenio nacional del sector de seguridad y no el de empresa.

La defensa de Ramírez considera que durante la vista quedará acreditado que Ramírez no es culpable de los hechos que le imputa el Ministerio Público, encabezado por al fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos. La declaración del empresario, al igual que la de Héctor de Armas, se espera para la última semana del juicio.

En la sesión de ayer también siguieron declarando antiguos empleados de Seguridad Integral entre los años 2009 y 2017, quienes señalaron que primero les llegaba la nómina y después un segundo pago en los que figuraban como concepto «gratificaciones» o «compensación». La misma no se reflejaba en el certificado de retenciones de la renta, según indicó uno de los testigos, o bien no se especificaba. Exvigilantes la mayoría de ellos apuntaron que presentaron demandas ante los tribunales para que se les abonara las cantidades que la compañía les había dejado de pagar.

Así mismo, uno de estos testigos destacó que su contrato era de media jornada porque compaginaba el trabajo con sus estudios en la universidad, percibía 500 euros de salario y el doble por dietas que se correspondía a las horas extraordinarias, por las que cobraba seis euros la hora, si bien a partir de 2010 las horas extras se las incluyeron en la nómina.

El juicio continuará el próximo martes con la declaración de nuevos testigos de la causa.

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