Reseteando

Opositores y sospecha

Oposiciones del Administración General del Estado

Oposiciones del Administración General del Estado / Andrés Cruz

Javier Durán

Javier Durán

De todos es sabido que Canarias no se ha podido desembarazar de la cuña, el enchufe, la recomendación o el hijo de, herramientas en uso y abuso porque la cita previa de las administraciones públicas es un fraude y porque existen listas de espera por la ineptitud de los dirigentes y directivos. Dada la fundición de los negociados, el recurso es buscarse la vida para salir del atolladero o la desesperación. Esta picaresca está tan incrustada en la idiosincrasia canaria como lo está el chinche ahora mismo entre los enseres y cuerpos de los parisinos. Este ecosistema de anormalidades, casi un acto reflejo frente al desastre burocrático, fomenta la desconfianza: crece la idea de que determinados trámites o gestiones no llegarían a buen puerto sin una influencia. O bien, abunda en el desencanto o el cabreo más absoluto del que está a la espera y ve que otro aspirante en situación similar a la de él lo consigue gracias a elementos ajenos al procedimiento en curso.

Un estado emocional tan dañino habita ahora mismo entre centenares de opositores a la administración autonómica isleña, que padecen el malestar de ver su futuro laboral incurso en un asunto de supuestas irregularidades. Una ex alto cargo de la etapa socialista debería aclarar hasta qué punto intervino para beneficiar a una hija y a su yerno en unas oposiciones a administrativos. El hecho, de ser fundamentado, es un misil en toda regla a la limpieza y transparencia en el acceso a la función pública. También pasto verde para los que consideran, como se dijo al principio, que el recurso a la influencia germina y florece pese a que la administración crece como el monstruo Leviatán.

Pero no solo es eso: socava el esqueleto de la democracia, porque hace dudar a unos opositores a los que, para la consecución del puesto, se les ha hecho estudiar las venas que sostienen el modelo legal de su Estado y autonomía. Delante del examen adquieren conciencia de que la batería de preguntas retorcidas es una infamia contra ellos y contra la misma administración a la que pretenden acceder. Por ello, no pueden dilatarse en el tiempo las pesquisas para dilucidar qué ha pasado, cuál es la cadena de control de estos exámenes y dónde se ha producido un comportamiento más que condenatorio.

La debacle pertinaz de la atención al ciudadano profundiza en la herida de las vías alternativas para operarse de una cadera u obtener una resolución de la eterna dependencia. La administración debe volcarse en cicatrizar estos desajustes crónicos. Lo insoportable es que, además de no conseguirlo, fomente el favoritismo en su estructura. Ya veremos si es un hecho aislado, o viene siendo una práctica corrupta en el tiempo. El ciudadano no actua correctamente a la hora de recurrir al enchufe para resolver sus asuntos, a veces dramáticos. ¿Y la administración? Ofrece el peor de sus rostros: jugar con la esperanza de los que tratan de encontrar un trabajo.

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