Mejorar la productividad

Está muy bien la propuesta del presidente Fernando Clavijo para articular un acuerdo por la productividad en Canarias. El otro día, en una reunión con empresarios y ejecutivos, insistió en ofertarlo para conseguir prioritariamente «frenar la caída de la renta media» que sufren los canarios e «impulsar un crecimiento fuerte y sostenido».

La decreciente productividad es un lastre obvio para la economía canaria y arrastra consecuencias graves tanto para las empresas como para los trabajadores. Cualquier articulejo en un suplemento económico te sabe señalar las razones de nuestra achacosa productividad, que es menor que la de España, tanto globalmente como por hora trabajada, y la de España está muy por debajo entre los países de la zona euro. Un nivel formativo bajo entre empleados, empresarios y autónomos, una cultura empresarial escasa con demasiados empresarios conservadores; una mala asignación de recursos, una escasa inversión tecnológica, una penalización a la autonomía de los trabajadores y la desconfianza hacia formas organizativas y metodológicas distintas y, muy especialmente, el terrible minifundismo empresarial canario.

Las grandes empresas canarias –las que cuentan con más de 250 empleados y no se dedican a un mercado exclusivamente insular) se cuentan con los dedos de las manos, las pymes representan más del 99% de las empresas. Y en las pymes canarias más del 85% son pequeñas empresas y microempresas de naturaleza familiar. Es extraordinariamente, con este tejido empresarial, crear valor añadido y aumentar la capacidad productiva. Por eso se debe incidir en factores extraempresariales, que no puede ser otra que la inversión pública en I+D+i, la modernización de la formación profesional, un decidido impulso financiero pero también reformista en las universidades y la reforma de las administraciones públicas.

Contradicciones

Todos estos aspectos están recogidos en el plan del Gobierno autónomo aunque en algunos puntos crepitan las contradicciones. ¿Cómo se entiende esa apuesta por el I+D+i si en el proyecto de los presupuestos generales desciende la inversión autonómica? ¿Y el sistema mismo de I+D+i? ¿Se mantendrá el modelo funcional y operativo de los últimos cuatro años, positivamente valorado por los científicos y tecnólogos de las islas? ¿Se respetará la RIS3 (estrategia de especialización inteligente) hasta 2027 y la agenda Canarias Progreso 2030, que tenía entre sus objetivos básicos duplicar la inversión en investigación desarrollo e innovación durante los próximos cuatro años? ¿El actual Gobierno mantendrá vivo el Pacto por la Ciencia 2030 y la agenda digital de Canarias? ¿Se ampliarán o no las subvenciones a proyectos en el ámbito privado, se estimulará más y mejor, financiera y fiscalmente, la creación de programas de colaboración en investigación e innovación entre las universidades canarias y las empresas isleñas?

Respecto a las mismas universidades: es urgente, impostergable, cerrar de una vez el programa plurianual para la financiación de la universidad de La Laguna y la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El aumento presupuestario de este año es ya no insuficiente, sino casi irrelevante. Es absurdo plantear la mejora de la productividad de un país sin una financiación amplia de las universidades – cuyo modelo de gestión, por cierto, es anacrónico, ineficiente e ineficaz – que impulse su investigación y su apertura a la economía real, así como a una reforma estructural de la formación profesional.

Y una observación sobre las administraciones públicas. Por supuesto que Clavijo tiene toda la razón sobre la necesidad imperiosa de simplificar procesos y trámites administrativo aligerando la gestión cotidiana de burocratismos exacerbados y hábitos covachuelistas. Pero en realidad es la misma administración autonómica la que debe ser reformada, y no solo sus procedimientos. Después de casi cuarenta años ya ha llegado la hora para una administración más profesional, más rejuvenecida, mejor organizada y normalizada y (como último milagro) descolonizada de intereses políticos y corporativos.

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