El Observatorio Austral Europeo (ESO) descarta la creación de una subsede del Telescopio Extremadamente Largo (E-ELT) en La Palma, como ha demandado el Gobierno de Canarias, por considerar que su papel sería "poco práctico". Estas declaraciones se produjeron ayer en medio de fuertes críticas del Ejecutivo regional al Ministerio de Ciencia e Innovación, al que el presidente Paulino Rivero acusó de "traición" por no lograr que el supertelescopio se instalara en las islas. Sin embargo, el fallo del ESO ha despertado también la susceptibilidad del Gobierno español, que, aunque no abandonará este organismo internacional, supeditará su participación en el proyecto a su viabilidad económica.
Con respecto a la subsede, el responsable de Comunicaciones de ESO en España, Miguel Mas Hesse, recordó que los cuarteles generales de la institución se encuentran en Alemania, muy cerca de Múnich. "Además, hay otras oficinas en Santiago de Chile y en los Observatorios de Armazones, con lo cual no se me ocurre cuál podría ser el papel que jugara una subsede instalada en La Palma, creo que no tiene mucho sentido porque estamos hablando de un telescopio operado por una organización con sus propias infraestructuras", subrayó.
Precisamente, sobre el proyecto en Chile, el Gobierno español ha querido lanzar un claro mensaje al ESO y ha hecho ver al organismo astrónomo que el proyecto puede truncarse por falta de financiación. Además, considera que el rechazo de los 300 millones que ofrecía por instalar el supertelescopio en La Palma hace muy difícil alcanzar los 1.000 millones de presupuesto que tiene el proyecto.
GARMENDIA. Aunque la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha medido sus declaraciones de los últimos días tras conocer la decisión de ESO y ha señalado que España "participará" en el proyecto, lo ha hecho condicionándolo a la clarificación sobre el escenario financiero del proyecto. Fuentes autorizadas del Ministerio señalan en este sentido que "el mensaje es claro sobre la dudas que albergamos respecto a su viabilidad" y aseguran que España no se plantea su salida de ESO, que seguirá pagando las cuotas que le corresponden como miembro del organismo y utilizando los distintos telescopios de su propiedad, pero que podría no participar como país en la construcción de E-ELT si no tiene garantías plenas de que se consiguen los 1.000 millones en que se estima su coste. La ministra reiteró ayer el mensaje y aseguró que España participará en el proyecto "cuando esté garantizada su construcción, y no antes".
El representante español en el ESO, Xavier Barcons, se expresó ayer en parecidos términos aunque se mostró más tibio en relación con la posible autoexclusión española del proyecto. Confirmó que España no se plantea abandonar el organismo intergubernamental porque "los criterios y objetivos que impulsaron a España a integrarse en ESO van mucho más allá del proyecto sobre el E-ELT y de lo que hubiera sido la gran noticia de que se ubicara en Canarias". Así, consideró que la condición impuesta por la ministra para participar es la misma a la que seguramente apelará el resto de socios. "El E-ELT es un proyecto que ni España ni ningún país en su sano juicio afrontará si no hay garantías financieras".
